Los partidos independentistas le preparan un otoño caliente al Gobierno de Pedro Sánchez con el que pretenden seguir avanzando en su objetivo de proclamar una república independiente "real". Un calendario que empezará con la Diada del 11 de septiembre y proseguirá con la conmemoración del primer aniversario del pseudo-referèndum del 1 de octubre y de la declaración unilateral de independencia del 27 del mismo mes.
Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tras reunirse este lunes en Waterloo con su antecesor huido de la justicia española, Carles Puigdemont, para preparar un inicio de curso político plagado de "nubes negras", según la definición del propio Puigdemont. Los dos líderes independentistas acusan -sin nombrarlos directamente- al PP y a Ciudadanos de "flirtear" con la violencia por su llamamiento a retirar lazos amarillos de los espacios públicos.
Puigdemont dice que algunos partidos están "flirteando" con la violencia
"No estamos ante un otoño cualquiera, sino ante un otoño muy importante. Un otoño que además no tenemos que ver ni que vivir de manera nostálgica sino de forma reivindicativa, mirando hacia adelante, con esta intención que tenemos insoslayable de implementar (la república) y hacerla real", ha dicho Torra en una comparecencia conjunta con Puigdemont tras el encuentro, celebrado en un hotel de carretera en Waterloo.
Para empezar, el presidente de la Generalitat ha pedido una participación "extraordinaria", mayor que nunca, en la Diada del 11-S. "Queremos que sea una Diada masiva, que nos dé fuerza, fuerza a la república, fuerza a toda la gente que estamos trabajando en ello".
Críticas a la Fiscalía
Torra ha tachado de "totalmente errónea y equivocada" la decisión de la Fiscalía de investigar a los Mossos por identificar a quienes retiran lazos amarillos. "Ante un grupo que actúa de noche, encapuchados, con armas blancas, me parece que en cualquier país del mundo su policía actuaría y eso es lo que sencillamente los Mossos d'Esquadra hicieron", se ha justificado.
"¿Cómo es posible que la Fiscalía no investigue los hechos del 1 de octubre, la violencia del 1 de octubre? ¿Cómo es posible que la policía española no investigue a los asistentes al Valle de los Caídos que proclamaban y cantaban gritos fascistas y franquistas? ¿Cómo es posible que en cambio la Fiscalía española se atreva a investigar a Mossos d'Escuadra que sencillamente estaban haciendo su trabajo como profesionales que son?, se ha quejado.
Torra ha interpelado directamente al presidente del Gobierno y le ha reclamado "soluciones políticas". "Necesitamos empezar a ver ya no fotografías, ni retóricas ni palabras amables. Necesitamos ver hechos y no hemos visto ninguno hasta ahora. Ante este trimestre de tanta complejidad pedimos la máxima inteligencia política. Pedimos que el presidente Sánchez, con hechos y no como hasta ahora, nos explique cuál es su proyecto para Cataluña", ha dicho.
Ingeniería de la confrontación
También Puigdemont ha pedido a Sánchez que "lea bien la realidad" y respete "la voluntad popular" de Cataluña. Pero sus mayores críticas las ha reservado para Cs y el PP por su llamamiento a retirar lazos amarillos de los espacios públicos, que a su juicio equivale a poner en marcha una "ingeniería de la confrontación", que se sirve de "hechos falsos" y "fotografías falsas".
"Hay otros, una minoría muy pequeña que no representa ni siquiera la voluntad de los que se oponen a la independencia de Cataluña, que han optado por la violencia. Tengo otro mensaje a todos aquellos partidos políticos que están flirteando con la violencia: que tengan cuidado, porque eso nunca se aceptará en Cataluña", ha proclamado Puigdemont.
"Que tengan cuidado todos aquellos que flirtean con la violencia de alimentar y alentar actitudes que en ningún caso nos arrastrarán, ni nos desviarán de nuestro compromiso con el diálogo y la no violencia", ha insistido el expresidente de la Generalitat. "La sociedad catalana no caerá en ninguna confrontación", sostiene.
Puigdemont ha censurado que el Estado español pague la defensa jurídica del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en la demanda civil que él y sus exconsellers ha interpuesto contra él en Bélgica. "Sería un precedente gravísimo que el Estado español pagara la defensa jurídica de un ciudadano español, sea juez o no, que tiene una demanda particular en otra jurisdicción", ha señalado.