Covadonga fue madre de mellizos por gestación subrogada en Kiev. Acudió al consulado español para inscribir a sus hijos en el registro y volver a casa. Allí, un funcionario recogió una muestra de saliva de los bebés y también de su marido. Cuando el laboratorio confirmó la filiación del padre -había aportado sus espermatozoides-, los recién nacidos fueron reconocidos españoles y volvieron a casa. Esta escena tuvo lugar hace año y medio. Ahora, el Gobierno ha cambiado de criterio. Lo hizo el pasado julio. Decenas de familias permanecen atrapadas en Ucrania. Los niños, en un limbo legal. De momento, sólo se les brinda esta solución: un pasaporte ucraniano para sus hijos.
"Existe una motivación política que no podemos demostrar", critica Covadonga con la vista puesta en La Moncloa. Se refiere a las palabras de la vicepresidenta, Carmen Calvo, en el Congreso el pasado junio, que colocó al PSOE radicalmente en contra de la gestación subrogada. "El cambio de postura ha coincidido con el nuevo Gobierno", resume esta madre en contacto vía Whatsapp con las familias afectadas.
El Consulado español se agarra a la última reforma de la ley de protección de datos para declinar la prueba de ADN, que termina por impedir el registro de los niños. Marcos Jornet, abogado y presidente de la asociación Son nuestros hijos, asegura que esa interpretación no es correcta: "El Consulado dice que no tiene capacidad para realizar la prueba, que sólo puede ordenarla un juez. Pero no es cierto. Si quien tiene la patria potestad quiere, no es necesaria la mediación de un magistrado".
Desde la asociación "Son Nuestros Hijos" defienden a las familias atrapadas
Jornet, líder de la asociación mayoritaria en este ámbito, menciona dos sentencias del Tribunal Supremo -2014 y 2015- que reconocen los efectos jurídicos en España de la gestación subrogada en el extranjero. O lo que es lo mismo: el Gobierno, a ojos de Jornet, "está obligado" a inscribir a los bebés en el registro. "Son españoles", concluye.
El presidente de Son nuestros hijos también ha pedido una reunión con el Consulado para aclarar la maraña legal que bloquea a cientos de españoles en Ucrania: "Además, el cambio legal que aducen entró en vigor en mayo. ¿Por qué lo aplican en julio?".
Antes del cambio de parecer, la embajada española en Ucrania emitió un comunicado para "desaconsejar claramente iniciar un proceso de este tipo por no tener cabida en el ordenamiento jurídico español" y advirtió de que las autoridades españolas "no pueden hacerse responsables de las promesas de agencias privadas que realizan fuera de España una actividad no amparada por la ley española".
Cs acusa al Gobierno de "transmitir miedo"
Patricia Reyes, responsable del área de mujer de Ciudadanos, advirtió al Gobierno el pasado junio en el Congreso de la "inseguridad jurídica" que podría desatarse. La también diputada naranja, en conversación con este diario, acusa a Moncloa de "transmitir miedo" a las familias españolas actualmente en Ucrania mediante "declaraciones irresponsables". También enarbola una sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos: "Nos obliga a inscribir a los niños".
Su partido apuesta por legalizar la gestación subrogada. El PP no ha aclarado su postura y PSOE-Podemos se han puesto enfrente. Los de Rivera quieren para España un modelo "estilo Canadá". El perfil de la gestante diseñado por Cs es este: debe tener más de 25 años, haber dado a luz previamente, acreditar una solvencia económica y pasar un examen psicológico. "En definitiva, se supervisará que la mujer tome la decisión en total libertad", recalca Reyes. Los liberales aseguran no defender esta opción como ideal, sino como camino transitable una vez probados todos los demás. Esta parlamentaria confirma que tramitarán su proyecto de ley "en cuanto puedan".
Ucrania alumbra más de trescientos bebés españoles cada año. El precio oscila entre los 30.000 y los 70.000 euros. A mayor importe, mayor seguridad, confirma a este diario una madre por gestación subrogada en Kiev. El proceso se articula así: como España lo considera ilegal, la primera inscripción en el registro se atribuye al padre y a la madre biológica, como si fuera un hijo fruto de una relación extramatrimonial. Una vez de vuelta a casa, la madre por subrogación adopta al bebé con el permiso de la gestante, que antes habrá renunciado por contrato al recién nacido.
Covadonga Pérez, tras recoger la versión de los afectados, asegura que el remedio del pasaporte ucraniano podría obligar a las familias a permanecer en Kiev hasta tres meses más: "Allí, el ritmo de la Administración es distinto. El consulado, de momento, se inhibe. Cabría la opción de un salvoconducto, pero eso dejaría a los niños en el limbo, sin cobertura médica, y a la larga se generarían muchos problemas".