El PP ha presentado una proposición de ley para evitar la exhibición en espacios públicos de símbolos "excluyentes", como los lazos amarillos, obligando a funcionarios y cargos públicos a impedir su colocación, con posibilidad de que los altos cargos sean cesados, en los casos más graves, si no lo hacen.

La iniciativa ha sido registrada este martes en el Congreso y presentada por el secretario general del grupo popular, José Antonio Bermúdez de Castro, quien ha explicado que no se trata de perseguir a los ciudadanos que coloquen este tipo de símbolos, sino de garantizar que las autoridades tampoco lo hacen y que además lo impiden.

Para ello, el PP ha decidido asumir en esta norma el régimen sancionador ya recogido en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que prevé desde la amonestación al alto cargo en caso de infracción leve hasta su cese para la muy grave -por incumplimiento doloso o culposo- que lleva aparejada la imposibilidad de volver a un puesto similar entre 5 y 10 años.

También podrán ser sancionados los empleados públicos que tengan conocimiento de la exhibición de estos símbolos y no lo comuniquen a las autoridades porque, según recuerda el grupo popular, el Estatuto Básico del Empleado público les obliga a actuar siempre bajo el principio de la neutralidad institucional.

Junto al respeto a esta neutralidad, esta proposición de ley de "defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales" trata de dar máxima protección a la figura del Rey, la bandera nacional y las autonómicas, el escudo, el himno, y también los símbolos autonómicos, locales y de la Unión Europea.

Bermúdez de Castro ha hecho hincapié en que el PP quiere evitar que haya enfrentamientos entre ciudadanos como los ocurridos en Cataluña entre quienes ponen y quitan lazos amarillos independentistas de manera que "sean las autoridades y no los ciudadanos los que repongan la legalidad".

El grupo popular recuerda el criterio del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para quien la libertad de expresión tiene su límite en la neutralidad de las instituciones, de manera que el espacio público, como plazas y calles, sea un espacio para la convivencia, así como la sentencia del Tribunal Supremo que subraya la necesidad de preservar esta neutralidad institucional.

Sobre los efectos que podría tener esta norma en casos concretos, De Castro ha señalado que el presidente catalán, Quim Torra, no podría acudir a La Moncloa con un lazo amarillo en la solapa, y también ha puesto el ejemplo del cirujano de un hospital público que no podría operar con ese mismo símbolo en la solapa de su bata.

"No es un lazo amarillo, es un símbolo de exclusión, de ataque al Estado de derecho", ha subrayado al respecto.

El eje sustancial de esta norma que el PP quiere llevar a pleno en este período de sesiones se concentra en su artículo 4, que dice: "Las autoridades públicas se abstendrán de realizar y corregirán en el acto cualquier tratamiento ilegal o que suponga un demérito, ofensa, injuria, vilipendio o desprestigio a los símbolos nacionales y oficiales, restableciendo la legalidad que haya sido conculcada".

Y aclara que se entenderá por tratamiento ilegal "la colocación o la reproducción gráfica de símbolos, lemas o enseñas de naturaleza partidista y que vulneren la neutralidad institucional en los espacios públicos".

Ha dejado claro el PP que todas estas medidas se refieren a espacios públicos, de manera que quedan fuera de su alcance los de carácter privado, como pueden ser las casas particulares o los balcones donde los independentistas cuelgan lazos amarillos.

De entrada, el grupo popular no cree que el Gobierno pueda poner traba alguna a la tramitación de esta proposición e incluso confía en que el PSOE, al igual que Ciudadanos, apoyará su toma en consideración para emprender su tramitación parlamentaria.