Bomba de humo en el Congreso de los Diputados. Una mayoría de la Cámara -PP, PSOE y Ciudadanos- se ha mostrado favorable a eliminar los aforamientos, que protegen a diputados, senadores y miembros del Gobierno de la justicia ordinaria. Podemos y los nacionalistas se han abstenido: quieren extender la medida a la familia real. Pero la moción de este martes no tiene efecto vinculante y la "reforma exprés" de la Constitución que otorgaría carácter práctico al proyecto no saldrá adelante.
El bache aparece en la reforma de la Carta Magna. Para reeditar el pacto entre PP -este partido siempre es imprescindible por disfrutar de mayoría absoluta en el Senado-, PSOE y Cs no bastará una unanimidad superficial. El "sí" saltará por los aires en la negociación definitiva, la de los detalles. Prueba de ello, las intervenciones de socialistas y conservadores que, a pesar de dar su voto a Rivera, le han tachado de "populista". Él ha respondido: "No defrauden, no jueguen con la ilusión de los españoles". Los dirigentes de los tres partidos saben que la moción es un señuelo sin recorrido.
El PP no lo considera una prioridad. Apuesta por un camino mucho más largo, repleto de informes suscritos por el Consejo de Estado y el CGPJ, lo que le ha granjeado las críticas del resto. Los conservadores han dicho "sí" conscientes de que el apoyo de esta tarde no condiciona la negociación que está por venir. Fuentes populares aseguran que, cuando se abra el melón constitucional, sus prioridades "serán otras". En concreto, la eliminación de la transitoria cuarta -que permite un referéndum para anexionar Navarra al País Vasco-, la reforma del título octavo -referido a la transferencia de competencias- y la sucesión monárquica.
Aforamiento: todos lo cuestionan pero el acuerdo para suprimirlo sigue lejos
El PSOE, que presumiblemente encabezará la reforma constitucional por estar en el Gobierno, ya le ha dicho a Rivera que quiere un aforamiento a medias: eliminarlo siempre y cuando el presunto delito no tenga que ver con el ejercicio del cargo, como por ejemplo la conducción bajo los efectos del alcohol. Una postura que los naranjas tachan de "fake" y "sinsentido". "De ese modo, la corrupción seguiría siendo encausada por el Tribunal Supremo", cuentan a este diario fuentes del partido de centro.
Los de Rivera han sido los autores de la moción debatida la tarde de este martes. Su texto menciona la eliminación de los aforamientos correspondientes a los 2.000 cargos públicos. Véase diputados, senadores, Gobierno y parlamentarios autonómicos. Perciben las exigencias del resto de partidos como trabas arrojadas para ocultar su postura: no votar a favor.
A día de hoy, es el Tribunal Supremo quien se encarga de juzgar a ministros y parlamentarios. Ciudadanos lo considera "un privilegio" porque el Consejo General del Poder Judicial -elegido por el poder político- es quien nombra a los magistrados del Supremo. Por tanto, el diputado encausado puede ser juzgado por alguien que "colocó" su partido.
Según la propuesta de Ciudadanos, en Francia sólo existen aproximadamente 10 cargos públicos aforados; en Portugal y en Italia, 1; y, en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, ninguno.
Un pacto imposible de reeditar
Albert Rivera ha calificado el día como "histórico" nada más subir a la tribuna: "Vamos a decidir si queremos seguir siendo unos privilegiados respecto al resto de ciudadanos españoles. Los aforamientos son una figura anómala, del pasado".
Consciente de lo difícil que será reeditar el pacto, el candidato naranja ha reseñado que PP y PSOE impidieron eliminar los aforamientos en la Comunidad de Madrid y Castilla y León. "¿De verdad se puede sostener que los jueces de base son peligrosos? Sólo hay una diferencia: a esos no los eligen ustedes".
Los socios de Sánchez venden caro su apoyo
Según informa Daniel Basteiro, Unidos Podemos, principal socio parlamentario del Gobierno, avanzó que su grupo exige mucho más que limitar los aforamientos de los diputados, senadores y miembros del Gobierno, que en principio seguirían protegidos en asuntos que tengan que ver con el ejercicio de su cargo. En otras palabras: un diputado imputado por corrupción seguiría siendo juzgado por el Tribunal Supremo, que es precisamente lo que partidos como Ciudadanos quieren que cambie.
En los pasillos del Congreso, la portavoz adjunta Ione Belarra aseguró además que es necesario ampliar el fin de las prerrogativas al rey, una figura inviolable según la Carta Magna. "Es evidente que la Monarquía está directamente relacionada con casos de corrupción porque hay indicios más que fundamentados de que el Rey puedo tener cuentas en Suiza o haber cobrado mordidas de contratos como el AVE en Arabia Saudí, y eso no puede continuar por más tiempo", explicó pese a que esa reforma requeriría disolver las Cortes y no podría hacerse por el método abreviado (tres quintos de cada cámara).
El PNV también ha reclamado que la medida afecte al rey y plantea que se eliminen los 250.000 aforamientos, no que se limiten tan solo los 636 que quiere abordar el Gobierno. "Vamos a eliminarlos, pero todos", resumió el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.
Por su parte, los partidos independentistas han asegurado que, de contar con su voto, sólo será si la reforma es amplia y abre otros asuntos, como el de las demandas soberanistas. "La Constitución española, que es monárquica y que niega el derecho de autodeterminación, sólo la acatamos estrictamente por imperativo legal", advirtió el portavoz de ERC, Joan Tardá.
Para el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, la cuestión es que si se abre "el melón" de la reforma constitucional hay otros aspectos a abordar como la cuestión catalana y la "ruptura del pacto constitucional" que supuso la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 sobre el Estatut.