La detección y exhumación de las fosas sólo es la punta del iceberg. Pedro Sánchez ha diseñado una reforma integral de la Memoria Histórica concebida por Zapatero. Además de liderar las excavaciones, el Gobierno creará un banco de ADN que ayude a la identificación de los restos, un censo de víctimas, una oficina de atención y un catálogo de símbolos referidos a la dictadura.
"Vamos a acelerar las actuaciones lo máximo posible". Es el mensaje acuñado en los despachos del ministerio de Justicia, centro de operaciones de Sánchez en todo lo que tiene que ver con la Memoria. Incluida la exhumación de Franco. Aunque Moncloa no dispone de una partida presupuestaria para arrancar las grúas, se apoyará en las Comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos que hace tiempo se pusieron manos a la obra.
En cualquier caso, el Ejecutivo socialista ya trabaja para cuantificar la partida presupuestaria que cimentará las nuevas estructuras. No hay una cifra sobre la mesa, pero "será mucho mayor que los cero euros de Rajoy". Algunos de estos proyectos podrían aparecer a modo de enmienda en el debate que alojará el Congreso en relación a los restos del dictador.
El trabajo más "urgente" -y que ya está en marcha- es la actualización del mapa de fosas. El director general para la Memoria, Fernando Martínez, calcula que son más de 114.000 los cadáveres desaparecidos. La cuantía "oficial" de fosas crecerá sobremanera tras el nuevo chequeo.
El banco de ADN
Desenterrar sólo es el principio. Como recalca Martínez, la identificación de los restos tiene una importancia capital. Para coordinarla, la Administración Sánchez alumbrará un banco de ADN. La intención es "firme", pero todavía queda mucha letra pequeña por escribir. "Las complejidades técnicas son enormes, pero hay Comunidades que ya han avanzado. Creemos que lo mejor pasa por darle al banco carácter estatal", desgrana Martínez precisamente después de reunirse por primera vez con los representantes de los distintos Gobiernos autonómicos.
Los nombres de los desaparecidos engrosarán el gran censo de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que preparan los socialistas. A ojos de Moncloa "víctimas son todas, independientemente de su ideología", pero Martínez deja entrever que la investigación primará -en cuanto a 1936-1939- a los asesinados por el bando franquista: "Se trata de reparar lo que no se ha reparado". Los fusilados en el Madrid republicano "ya fueron reconocidos por la dictadura año tras año". Este listado, apunta el Gobierno, "permitirá conocer el alcance de la violación de los Derechos Humanos durante la guerra y la dictadura".
Tanto el banco de ADN como el censo -igual que las exhumaciones- se nutrirán de los datos recabados por las CC.AA, que volverán al ministerio de Justicia para una conferencia sectorial similar dentro de cuatro meses.
Martínez asegura que ninguna Comunidad "se muestra reacia" a esta reforma integral de la ley de la Memoria. Califica el contacto de "provechoso" en clara referencia a los Ejecutivos autonómicos de ideología socialista o nacionalista que siguieron trabajando en estos aspectos durante el mandato de Rajoy, que guardó en un cajón la ley de 2007 para no tener que aplicarla.
Otra de las apuestas fuertes de Sánchez será la fabricación de una oficina que atienda y dé cobertura a las víctimas del franquismo. Desde allí, se podrán enriquecer las actuaciones relacionadas con el banco de ADN, el censo y la exhumación de las fosas.
De reuniones como la de este martes con las CC.AA y del propio ministerio de Justicia saldrá un segundo mapa: la simbología franquista en España que, a tenor de la ley de 2007, deberá ser retirada. Una gran cantidad de ayuntamientos ya ha actuado por su cuenta, pero Martínez asegura que el chequeo arrojará mucho trabajo pendiente.
En cuanto al Valle de los Caídos, la exhumación de Franco sigue su curso y el Gobierno confía en que cristalice antes de final de año. Sánchez pretende que la obra no termine ahí y tratará de marcar un sendero que permita a los familiares de los allí enterrados recuperar a sus allegados.
Por último, un "ciclo de actos": el Ejecutivo socialista desea hacer de 2019 "el año del exilio". Se cumplirán, expresa Martínez, ocho décadas desde el camino que eligieron forzosamente miles de españoles. A modo de conmemoración, "programaremos distintos eventos". A ojos del director general para la Memoria Histórica, los descendientes de los exiliados perciben "cierta orfandad por parte de la democracia española".