El Juzgado número 11 de Madrid no ha admitido a trámite la querella criminal que el presidente de Cataluña, Quim Torra, interpuso contra el expresidente del Congreso José Bono por injurias y odio, y el denunciado ha pedido explicaciones a la Generalitat del coste de la actuación judicial.
Según consta en el escrito que ha dirigido Bono a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, el que fue también presidente de Castilla-La Mancha ha solicitado que le sea indicado o cuantificado el coste económico, íntegro y desglosado, que ha supuesto la actuación judicial contra su persona y en defensa de los derechos propios de Torra, ajenos al ejercicio de su cargo.
Asimismo, pide que le sea trasladado el justificante del gasto, o pagos, por dicha actuación judicial (costes directos, o estimados, de abogados, y de procuradores) y a qué cuenta pública han sido cargados, así como que se le informe de si dicho coste ha sido exigido por la Administración a Torra y si lo ha reintegrado o satisfecho con fondos de su propio peculio.
En el escrito, Bono ha expuesto los hechos y ha recordado que la Generalitat ordenó a sus servicios jurídicos que interpusiera acciones penales contra él, por considerar que en una entrevista, en un programa de televisión, había proferido frases delicitivas que atentaban contra la dignidad y el honor del presidente catalán.
Frases delicitivas, según la querrella, como "¿Usted se cree que a estas alturas del siglo XXI se puede decir, como ha dicho Torra, que para Cataluña es un deterioro cruzarse por la calle a unos niños hablando en castellano?", "y otras expresiones que están más cerca de planteamientos nazis que de planteamientos democráticos". "Este señor (Torra) no está bien", es otra de las frases pronunciadas por el también exministro por las que Torra se querelló contra el.
El escrito dirigido a la Generalitat recoge que la querella fue interpuesta ante el Juzgado-Decano de Madrid el día 19 de julio de 2018, pero no se admitió a trámite en virtud del auto del Juzgado número 11 por considerar que no existía delito de injurias.
Por ello, al haber autorizado, consentido u ordenado la Generalitat que se haya promovido una querella criminal, Bono ha señalado en su escrito que puede haber incurrido en un aprovechamiento fraudulento, o uso indebido, de medios públicos, ya que Torra debería haber satisfecho de su bolsillo la promoción de la querella y los gastos derivados, ha precisado.
Por tanto, el objetivo del expresidente regional es determinar si hubo extralimitación de los servicios jurídicos institucionales, con el consiguiente perjuicio económico patrimonial a fondos públicos, según reza el escrito.