La inoperancia del Parlamento catalán, supeditado a las rocambolescas tácticas pergeñadas por el bloque independentista para esquivar las resoluciones del juez Pablo Llarena, empieza a convertirse en materia de comedia bufa. A última hora de la noche de ayer y tras un retraso de ocho horas, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, decidía suspender el pleno hasta el próximo lunes, a la espera de que la Mesa del Parlamento decida acerca de las mociones de reconsideración de los grupos de la cámara a la decisión adoptada por la misma Mesa tras el acuerdo de JxCAT y ERC. 

El acuerdo a media tarde entre republicanos y exconvergentes, tras una crisis que amenazó, de nuevo, con volar por los aires el frágil pacto de Gobierno entre ambos partidos, no gustó en el seno del constitucionalismo. Tanto PSC como PP y Ciudadanos lo consideraron el enésimo intento por parte de ERC y JxCAT de esquivar las resoluciones del Tribunal Supremo. En este caso, sin embargo, las culpas del nuevo bloqueo del Parlamento catalán deben atribuirse en exclusiva a JxCAT. Fueron éstos los que rompieron un acuerdo previo con ERC alcanzado, tras exhaustivas negociaciones, a principios de la semana pasada.

El primero en presentar una moción de reconsideración a la decisión de la Mesa fue el PSC. Le siguieron el PP y Cs, con los naranjas como loas más beligerantes con la añagaza del bloque independentista cuando éste decidió rechazar la suspensión de los diputados presos, tal y como había ordenado el magistrado del Supremo. Las mociones no hacen más que insistir en la decisión de los letrados del Parlamento, que pocas horas antes habían mostrado su oposición al acuerdo alcanzado por ERC y JxCAT dado que éste no solventaba los problemas planteados por la mañana. 

Ahora, la Mesa del Parlamento debe decidir acerca de las mociones de reconsideración. Lo hará este viernes bajo la amenaza de Cs de presentar querellas si finalmente se permite la delegación del voto de los diputados presos y, muy especialmente, del prófugo Carles Puigdemont. El último en desmarcarse del acuerdo entre ERC y JxCAT fue el grupo de los 'comunes' (Podemos), que mostró su preocupación por la "inseguridad jurídica" provocada por la decisión de los partidos independentistas.