La Generalitat investiga el cártel para encarecer contratos públicos destapado por El Español

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) investiga si distintas empresas catalanas de ingeniería y consultoría vinculadas a la obra pública se concertaron para mantener unos precios mínimos en los concursos de la Administración, es decir, para evitar la libre competencia. 

Durante esta semana se han realizado distintas inspecciones en instituciones y empresas de ingeniería, según ha informado el organismo dependiente de la Generalitat, en busca de pruebas de dichas conductas presuntamente delictivas. 

En julio de 2017, EL ESPAÑOL desveló la posible existencia de un cártel de hasta 50 compañías catalanas que habrían pactado ofertas a espaldas de la Administración, inflando los precios de los concursos públicos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona hasta un 10% de manera sostenida entre 2007 y 2011. Esa práctica provocó un agujero millonario a las arcas públicas.

Para evitar que algún competidor hiciera una oferta demasiado baja, las empresas representadas en dicha hermandad -que llegaron en algún momento a las 81, aunque las habituales fueron medio centenar- se concertaron para pactar precios. Las ofertas se presentaban infladas, en una práctica totalmente ilegal.

De esa manera, el cártel se habría hecho con el control de los concursos de al menos en los siguientes organismos, según publicó EL ESPAÑOL: Gestión de Infraestructuras de Cataluña (GISA), Agencia Catalana del Agua, Regs de Catalunya, Consorcio Aguas de Tarragona, Aigües del Ter-Llobregat y Ayuntamiento de Barcelona y todas sus empresas vinculadas (Bimsa, 22@, Foment Ciutat Vella, Pro-Nou Barris y Bagursa).

Uno de los correos que demuestra el acuerdo entre los socios participantes en el presunto cártel catalán. EL ESPAÑOL

Los amigos de Núria Bofill

Los empresarios participantes del pacto se hacían llamar "los amigos de Núria Bofill",  seudónimo que pusieron a la cuenta de correo con la que se comunicaban. Según reflejan los correos electrónicos a los que tuvo acceso este diario, algunos miembros de dicha hermandad se quejaron en algún momento de que otros socios hicieran ofertas demasiado bajas, y los aludidos pidieron perdón por haberse equivocado con los números. 

Ahora, la Autoridad Catalana de la Competencia ha iniciado una investigación para saber si estos hechos ocurrieron con la colaboración de la Oficina Antifraude de Cataluña y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La investigación de la ACCO es preliminar. Si de ella resultaran presuntas conductas anticompetitivas, explican desde el organismo, procederían a incoar un expediente sancionador. 

El organismo recuerda que los acuerdos entre competidores "se consideran una infracción muy grave de la legislación de competencia que pueden comportar multas de hasta un 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras del ejercicio inmediatamente anterior a la imposición de la multa". Conviene destacar que muchos de los contratos adjudicados eran de cientos de millones de euros.