Todos los partidos políticos han apoyado este martes tramitar una ley que sancione la discriminación de las mujeres trabajadoras en las empresas y en el acceso al empleo con el fin de favorecer la igualdad de trato en la ocupación.
El Pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad tramitar una propuesta de ley del PSOE que insta a que sea obligatorio en 2023 una cuota femenina en los consejos de administración de las empresas cotizadas y avance en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y favorezca la conciliación.
La propuesta de ley, que será tramitada por el procedimiento de urgencia, reforma la Ley de Igualdad de 2007 y avanza en materia de infracciones y sanciones, que podrían llegar hasta los 50.000 euros de multa.
Todos han apoyado al PSOE
PP, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, CC, Foro Asturias, UPN, Nueva Canarias y EH Bildu han apoyado la propuesta del PSOE (que ha recibido 345 votos a favor), aunque han anunciado que deberá ser modificada en su trámite de ponencia para que sea más amplia y concreta.
La proposición socialista afecta a la empresa privada, pública y al trabajo autónomo y reclama la presencia equilibrada de ambos sexos en los cargos de responsabilidad en organismos superiores y en las direcciones de la Administración General del Estado.
La composición equilibrada también se aplicaría en 2023 a los consejos de administración de las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias y las infracciones conllevarían multas desde los 60 euros en el caso de las leves en grado mínimo hasta los 50.000 euros cuando sean graves en grado máximo.
Entre otras medidas introduce el permiso por parto a seis semanas obligatorias tras el nacimiento, destinadas a la recuperación de la salud de la madre, e introduce un permiso por nacimiento para el otro progenitor de seis semanas obligatorias.
Reconoce un permiso parental de 10 semanas de duración para cada progenitor, igual e intransferible, para el cuidado del menor de 12 meses.
Insta a ampliar los supuestos de despido nulo a los padres que estén de permiso y a las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva, al tiempo que promueve la igualdad en el caso de las reducciones de jornada.
Así, siempre que la ejerzan ambos progenitores en términos equivalentes, posibilita una reducción de jornada por cuidado de lactante hasta que cumpla los 12 meses, amplía en una semana más para cada uno el permiso parental e incrementa hasta los 18 meses la reserva de plaza por excedencia para cuidado de un menor de 3 años para cada padre.
"La conciliación es un derecho personal e intransferible"
La diputada socialista Pilar Cancela ha recordado que el 92% de las personas que solicitan excedencia por cuidado de hijos son mujeres, frente al 7,65% solicitadas por hombres, y ha defendido que ha explicado que la propuesta incluye un impulso de la conciliación en el marco de la Negociación Colectiva y limita el derecho a distribuir de forma irregular la jornada, el trabajo o la movilidad geográfica.
"El derecho a la conciliación es un derecho personal e intransferible", ha dicho tras señalar que leyes como el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público o la Ley del trabajo autónomo y la Ley general de Seguridad Social.
Unidos Podemos apoya esta nueva Ley pero pide medidas concretas y "ejecutivas", sobre todo en materia de pensiones y de sanciones y la diputada Yolanda Díaz ha urgido a que las mujeres tengan su cuota de participación obligatoria en los puestos directivos antes del 2023.
"Hay que avanzar lo más rápido posible"
En su opinión, no es suficiente crear una Oficina de Lucha contra la Discriminación como pide el PSOE, sino que hay que implicar a todos los ministerios y crear una dirección general.
La diputada del PP María del Carmen Dueñas aprueba esta tramitación porque "hay que avanzar lo más rápido posible" y desde Ciudadanos, Patricia Reyes ha puntualizado que habrá que pactar medidas efectivas ya que la propuesta del PSOE es un "calco" de la ley de 2007.
El diputado del PNV Iñigo Barandiarán ha instado a que se debata conjuntamente con la propuesta de Unidos Podemos sobre brecha salarial que ya fue aprobada en el Pleno y tenía muchos puntos coincidentes y Ana María Surra, de ERC, ha hecho un alegato en favor de la meritocracia de las mujeres aunque ha advertido de que se deben respetar las transferencias a las autonomías.
Carles Campuzano (PDeCAT) ha instado a que la ley sea muy consensuada para que perdure en el tiempo mientras Marta Sorlí (Compromís) y Oskar Matute (EH Bildu) han pedido que también reconozca el trabajo de las empleadas del hogar.