El excomisario José Villarejo ofreció los servicios de su empresa para investigar a la estrella del fútbol mundial Neymar da Silva, a sus padres, al presidente del Fútbol Club Barcelona Josep María Bartomeu y a su antecesor Sandro Rosell. Su potencial cliente era el fondo de inversión DIS, propietario de los derechos federativos del jugador.
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, Villarejo se brindó a escrutar el patrimonio de los principales imputados en el caso Neymar para, llegado el momento de que estos tuvieran que hacer frente a posibles responsabilidades civiles, garantizar que sus bienes estaban identificados y podían ser reclamados. DIS litigaba en España como víctima de un presunto delito de estafa.
La propuesta de Villarejo -en prisión preventiva desde hace casi un año- se produjo en diciembre de 2016, seis meses después de jubilarse en la Policía y pocos días más tarde de que la Audiencia Nacional decidiera dar por terminada la investigación contra Rosell, Bartomeu, el Santos de Brasil y el entorno del jugador.
El juez José de la Mata impuso una fianza provisional de 3,4 millones de euros a los encausados y trasladó el caso a los juzgados de Barcelona. Con los principales acusados camino del banquillo, la firma legal del excomisario se postuló para investigar el patrimonio de los afectados como forma de garantizar los posibles pagos. Pero según explican a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al proceso, sus servicios no llegaron a contratarse.
Negociaciones secretas
El conflicto entre el fondo de inversión DIS, Neymar y el F.C. Barcelona arranca en 2008, cuando el futbolista ficha por el Santos y negocia un sueldo de 20.000 reales brasileños, además del 40% de los derechos económicos generados por un posible traspaso.
El 6 de marzo de 2009 la firma brasileña DIS Deportes y Organización de Eventos compró al jugador ese porcentaje de los derechos federativos por 5,5 millones de euros. El contrato tenía una cláusula que especificaba que Neymar no podría ser traspasado de forma gratuita a ningún equipo, y que debía informar a DIS de cualquier oferta que recibiera.
En 2011, equipos como el Barcelona, el Real Madrid o el Chelsea se interesaron por los servicios del jugador, pero según la denuncia del fondo, Neymar nunca informó sobre esos contactos. En ese momento, el Barcelona alcanzó presuntamente un acuerdo soterrado con el futbolista. Un compromiso del que no se informó a la FIFA, a su equipo o a los propietarios de los derechos.
El Barcelona le entregó presuntamente 40 millones de euros para que se comprometiera con el club azulgrana en 2014, cuando quedaba libre con el Santos. De ese dinero, el fondo de inversión no vio un solo euro. Además, el Barcelona pactó con el Santos una nueva operación, un contrato simulado para falsear la entrega de 22 millones de euros a cambio de facilitar el traspaso un año antes.
Juzgados solo por estafa
Así, el fichaje de Neymar comenzó a correr en varios juzgados. En 2013, un socio del club llamado Jordi Casas denunció a la directiva por apropiación indebida. Tras la apertura del caso en la Audiencia Nacional, el Barça llegó a un acuerdo con la Fiscalía. El club fue condenado por delitos fiscales en los ejercicios 2011 y 2013, y abonó una multa de 5,5 millones de euros, pero consiguió que sus dirigentes evitaran responsabilidades penales. Antes del pacto, la Fiscalía pedía siete años de prisión para Rosell y dos años y medio para Bartomeu.
De forma paralela, en 2015 el fondo de inversión DIS interpuso una querella en la Audiencia Nacional, que comenzó a investigar el caso por presuntos delitos de corrupción entre particulares y estafa. En diciembre de 2016, el Juzgado de Instrucción número 5 decidió dar la investigación por terminada a la espera de los escritos de acusación de las partes. Fue entonces, con las pesquisas concluidas, cuando llegó el ofrecimiento del excomisario para investigar a los principales imputados y tener localizado su patrimonio.
Cuatro meses después, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió llevar a juicio a Neymar, a los responsables del Barcelona y al resto de los procesados, pero solo por un delito de estafa, al entender que el presunto delito de corrupción entre particulares, caso de haberse cometido, lo habrían protagonizado ciudadanos brasileños y bajo jurisdicción brasileña, lo que anula la competencia del tribunal español.