La construcción de un Estado catalán independiente y paralelo a la Administración autonómica constitucional continúa a buen ritmo ante la pasividad del Gobierno. Hace unas semanas fue la creación de un Consell Assessor presidido por el cantante Lluís Llach y que trabajará en las bases de una futura Constitución catalana. El lunes era la reapertura por parte del presidente Quim Torra de la tercera embajada de la Generalidad clausurada por la aplicación del 155. Y este martes ha sido la presentación en sociedad y con la mayor solemnidad institucional del llamado Consell per la República (o de la República), un órgano "de derecho privado" y bajo jurisdicción belga, según el vicepresidente autonómico Pere Aragonès, cuyo objetivo oficial sería la internacionalización del procés. En la práctica, pretende convertirse en un Gobierno catalán en el exilio que usurpe poco a poco las competencias de la Generalidad constitucional.
Presidido por Carles Puigdemont desde Waterloo y con Toni Comín como "responsable" del ente, el Consell per la República fue presentado en el salón Sant Jordi del palacio de la Generalidad, el de las grandes ocasiones, como "un espacio libre de defensa e internacionalización de Cataluña". Sus responsables, en cualquier caso, no se esforzaron demasiado por ocultar sus verdaderos fines.
"El Consell de la República es uno de los instrumentos imprescindibles para desplegar la república, dado que no habría un equilibrio si la legislatura caminara sólo sobre las instituciones de la Generalitat y la movilización social", anunció ya la semana pasada el exconsejero de Salud fugado. La independencia del Consell garantiza que éste no se vería afectado por una hipotética nueva aplicación del 155.
Por la mañana, sólo unas horas antes de la presentación del Consell, se conocía la respuesta que el Gobierno autonómico legítimo había dado a una pregunta de la portavoz parlamentaria del PSC Eva Granados acerca de la verdadera naturaleza del ente. Según esa respuesta, al Gobierno catalán "no le consta" ningún Consell de la República. La contestación no dejó satisfecho al PSC, que pidió amparo al presidente del Parlamento regional Roger Torrent ante lo que considera "una respuesta claramente insatisfactoria".
El subterfugio es obvio: legalmente, el Consell de la República no consta como organismo adscrito a la Generalidad. El regate rozó la tomadura de pelo cuando el mismo Gabinete de Protocolo de la Presidencia cursó una invitación al PSC para la presentación del Consell. PP y Ciudadanos, que también la han recibido, rechazaron participar en el acto.
A día de hoy, sólo Puigdemont y su círculo más cercano saben cuáles serán las funciones exactas del Consell o cómo se financiará, dado que, al menos en teoría, no depende de la Generalidad. La creación del ente está prevista por el pacto de Gobierno firmado por ERC y JxCAT tras las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, pero hasta ahora apenas habían trascendido los cinco principios básicos que regirán su actividad en Waterloo: institucionalización de la república catalana independiente, radicalidad democrática, tecnología al servicio de la política, movilización e internacionalización.
Un registro de afines
Pero quizá el anuncio más inquietante de este martes, más allá de la creación de un Gobierno paralelo en el exilio a las órdenes de un prófugo de la Justicia, sea el anuncio de la creación de una lista de ciudadanos afines (y, por eliminación, de una de ciudadanos desafectos), camuflada bajo el nombre de "registro ciudadano". "Al Consell le toca trabajar de forma más libre, más desacomplejada, protegido de los abusos del Estado, sin corsés ni amenazas" dijo Puigdemont durante la presentación.
Es de prever que el Consell, por la propia naturaleza del ente y por el rechazo de los partidos y los ciudadanos constitucionalistas a formar parte de él, actúe como un microcosmos independentista ajeno a controles judiciales, parlamentarios o constitucionales. En el relato independentista, la legitimidad democrática del Consell nace de los resultados del simulacro de referéndum del 1-O de 2017. La unanimidad entre los partidos y las asociaciones civiles nacionalistas es total, con la excepción de la CUP, que lo considera un ente "autonomista".
Con mucha frialdad, la consejera y portavoz del Gobierno Elsa Artadi aludió por la mañana al Consell para dar entender que interfiere, y no para bien, en las negociaciones entre fontaneros de la Moncloa y de la Generalidad: "Es el Consejo para la República, no de la República", dijo.
Los sondeos electorales que vaticinan un importante descenso en votos y escaños para JxCAT y un aumento significativo para ERC hacen pensar a muchos que la táctica de los de Oriol Junqueras -la de la descompresión y la recuperación de fuerzas para un futuro envite contra el Estado español en mejores circunstancias que las actuales- es la vía ganadora a día de hoy. Para ello, sin embargo, ERC debe arrinconar a un Puigdemont al que la independencia le corre bastante más prisa. El debate entre el independentismo, en cualquier caso, es sólo respecto al cuándo: ¿Conviene declarar la independencia ya o esperar un par de ciclos electorales?