Los tribunales siguen avanzando ne la causa del desafío separatista en cataluña de hace un año. El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha recibido un nuevo informe de la Guardia Civil en la que ésta atribuye al Departamento de Presidencia "en connivencia" con miembros de otras áreas del Govern "la responsabilidad última" del "diseño, activación y mantenimiento en el tiempo" de la web referendum.cat . Éste fue el dominio que la Generalitat utilizó para informar sobre el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 que había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. La UCO no ha podido determinar cuánto costó al erario público sostenerla.
Según este informe entregado al juzgado que investiga la organización del referéndum, al que ha tenido acceso Europa Press, los implicados "articularon un plan preconcebido en el que participaron coordinadamente una pluralidad indeterminada de personas", de las que identifica a varias, repartiéndose las tareas.
El informe señala de Presidencia al entonces director del Centro de Seguridad de la Información de la Generalitat, Xavier Gatius; al responsable de Riesgos en este organismo, Joan Manuel Gómez Sanz; el director de Estrategia del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), Josuè Sallent Ribes, a su director de Estrategia, Xavier Milà i Vidal, al técnico Daniel Crivillé Nogues y al responsable del Consorcio de Administración Abierta, Manel Sanromà.
Mientras, apunta la connivencia del que fue número 2 de Oriol Junqueras, y responsable de Economía del gobierno catalán, Josep María Jové Lladò, pues "ha quedado constancia por el contenido de las conversaciones telefónicas" recogidas por la Guardia Civil, de que estaba al corriente y debidamente informado sobre cuándo se iba a activar la página web del referéndum".
Asimismo, la UCO detalla la participación en el departamento de Gobernación, de Jordi Cabrafiga, Enric Ocaña y Manuel Sanromá; en Justicia, de Xavier Bernardi y Ana Rubio; y en el área de Exteriores, de Marta Garsaballa Pujol y Xavier Puig Farre, junto a personal al servicio de la Fundación privada PUNTCAT y la mercantil ubicada en Reino Unido Essi Projects.
Entre ellos, utilizaban los sistemas SIGNAL y SKYP de comunicación segura "con la finalidad de no ser detectados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y contaron además con "la necesaria colaboración de personas ubicadas en el extranjero" y en concreto, en Londres.
Josué Sallent, del CTTI, y 13 personas más
Según expone, Sallent ejerció la labor de "dirección y coordinación" de la web del referéndum y por ello, los responsables de los departamentos de Justicia, Presidencia y Exteriores "acudían a él para solventar cualquier tipo de duda al respecto". No obstante, él centralizaba las peticiones de modificación de la web en el técnico Enric Ocaña.
Mila Vidal (CTTI) "estaba al corriente de todo lo que estaba sucediendo" y aunque trabajaba con Sallent bajo mando del director Gerente del CTTI, la Guardia Civil cree que no le informaron sobre el diseño y la activación de la web.
Gómez Sanz, por su parte, participó en el diseño de la estructura de la web en colaboración con tres personas (Josep Masoliver, Ignacio Jesús Amadoz, Eduard Martín Lineros y Jesús Bustos) cuya labor principal fue adquirir dominios que según la Guardia Civil, "sirvieron, una vez cerrada la web referendum.cat, para seguir manteniéndola activa" bajo direcciones como "1octreferendum.cat", "intentando burlar de ese modo las órdenes dictadas por la Autoridad Judicial".
Otros dominios para eludir al juez
Fueron así Gomez Sanz, Masoliver, Bustos y "otros sujetos radicados en Londres" que la UCO no ha identificado hasta la fecha, activaron el 7 de septiembre la web del referéndum: el CESICAT "prestó colaboración dando seguridad a la web" con el beneplácito de su director, a quien el primero informaba. De hecho, conocía la existencia de un grupo de trabajo para referendum.cat y llegó "incluso a animar a resistir hasta el día después" de la convocatoria ilegal.
El informe reconoce que "no se ha podido determinar el gasto que la web del referéndum ocasionó al erario público" aunque dice que "ha quedado patente" que "con la finalidad de mantenerla en el tiempo, la Generalitat de Cataluña, a través de personal a su servicio, alojó en otros dominios" el contenido de referendum.cat una vez fue clausurada, desobedeciendo así y de modo reiterado los mandatos de la autoridad judicial".