El grupo confederal de Unidos Podemos en el Congreso ha registrado una Proposición de Ley que extiende el franquismo hasta el año 1982. Es más, endosa a la época de la UCD víctimas de la "violencia de origen institucional". El partido de Pablo Iglesias fija de facto como frontera del final del franquismo el 1 de enero de 1983, apenas un mes después de la llegada del PSOE de Felipe González a la Moncloa tras su victoria del 28 de octubre de 1982.
El texto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, y que fue negociado con los propios socialistas, "repudia y condena solemnemente" la dictadura franquista y establece, textualmente, "la pervivencia de algunas de sus estructuras en el paso de la Transición a la Monarquía Parlamentaria", rasgo que "dificulta" acotar el final del régimen.
Así, la ley -con 63 artículos, 13 disposiciones adicionales, una derogatoria y tres finales- hace en sus 50 páginas al menos 26 menciones a los primeros años de "la Transición". En esos siete años desde la muerte del dictador, en los que gobernaron Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, la Proposición de Ley identifica "ejecuciones, penas, sanciones, detenciones, torturas, exilios, destierros, depuraciones, confiscaciones" además de "perjuicio económico" y otros tipos de "represión"..
La Proposición de Ley, con su sello de registro de entrada en el Congreso.
Fuentes de Izquierda Unida, la formación impulsora de este trabajo legislativo, explican que la fecha está elegida por "consenso de los historiadores", que fijan en 1982 "los últimos coletazos de la violencia política" heredada del régimen franquista. Sin embargo, el texto sí establece, en la disposición adicional 11ª, una fecha muy relacionada con la llegada de la izquierda al poder: se prevé "hacer públicos" todos los secretos oficiales "con fecha de expedición anterior al 28 de octubre de 1982".
El punto II de la exposición de motivos de la ley detalla, de hecho, que "entre 1975 y 1983, a falta de cifras oficiales, están contabilizadas hasta 188 víctimas mortales" por esa represión y, de hecho, en el artículo 5.2 se establece la categoría expresa de "Víctimas de la Transición" por las que serán reconocidas oficialmente quienes sean identificadas como tales. El texto cambia "memoria histórica" por "memoria democrática", "Reino de España" por "Estado español" y "Guerra civil" por "Guerra de España".
La negociación frustrada con el PSOE
Unidos Podemos daba por hecho que esta ley, que presentaron el pasado 29 de junio en el registro del Congreso, era la base para "solucionar todo el problema con la exhumación e inhumación de Franco", según explicó a EL ESPAÑOL uno de los dirigentes del grupo parlamentario. Y contaban con el impulso del PSOE, ya en el Gobierno, para negociarla y poder sacar adelante este texto.
Lo que preveía el texto legislativo es la desacralización de la basílica Valle de los Caídos a través de la derogación del decreto de 1957 que creó la fundación que lo gestiona y de la denuncia del Concordato con la Santa Sede del año 1953. Pero dado que el lunes se ampliaron los plazos para la presentación de enmiendas al decreto de exhumación de Franco, el grupo parlamentario de Pablo Iglesias se limitará a introducir una enmienda que evite "que los restos puedan ser llevados a un emplazamiento que, siendo privado, tiene acceso público".
Su idea es seguir los criterios utilizados para los campos nazis de Auschwitz y Mauthausen, basados en el principio de "no repetición" de la Historia establecido por Naciones Unidas. "Son nuestros espejos, para el Valle y para Franco", explican las fuentes consultadas, "porque aquellos emplazamientos se han convertido en lugares para la explicación de la historia y porque allí no ves ningún símbolo que pueda alentar la peregrinación fascista"..
¿El cadáver del dictador es considerado un símbolo? "Eso es, y por tal razón debe evitarse que esté en un lugar de acceso público", explica una de las redactoras de la ley.
Reparación "moral y económica" al PCE
La consideración de "víctima del franquismo y la Transición" es una de los apartados en los que más se detiene la ley: sus derechos al reconocimiento, a la ubicación de sus restos, a la reparación moral y económica... pero el texto dedica no menos de cinco artículos a detallar el "apoyo económico, jurídico y psicológico" que recibirán incluso las entidades o instituciones.
En el artículo 6.1 apartado m se establece que merecen el reconocimiento específico "las entidades políticas, sindicales o asociaciones que fueron ilegalizadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y que fueron doblemente castigadas con la represión sobre sus miembros y con la incautación o expropiación de sus bienes". Es decir, el Partido Comunista de España (PCE) -miembro de IU-, el Partido Socialista (PSOE), la UGT...
Y por esta razón el artículo 7.3 les otorga el derecho a la "reparación moral y económica", mientras que en el 23 y en el 24 se detalla que ésta debe ser "adecuada a la vulneración padecida" y el "resarcimiento proporcional y actualizado" en el caso de víctimas de sentencias del Tribunal Especial para la represión de la masonería y el comunismo.