La reforma de la ley de actos jurídicos documentados no incluirá a las cajas rurales, que podrán seguir concediendo hipotecas sin la obligación de pagar el impuesto necesario para su inscripción en el registro de la propiedad. Así, el Gobierno de Pedro Sánchez ha excluido de forma tácita a estas entidades, al no hacer ninguna mención a ellas en el decreto que entra en vigor este sábado 10 de noviembre.

En suma, a través de las cajas rurales se otorgan un 5% del total de las hipotecas que se conceden en España. En el año 1990 se aprobó que esta clase de entidades quedaran exentas de pagar dicho impuesto, cuyo deber recaería exclusivamente sobre el cliente. 

Según avanza El Confidencial, fuentes cercanas al procedimiento de reforma que ha llevado a cabo el Gobierno han admitido que se trata de un "descuido" a la hora de redactar el decreto de urgencia que modifica la ley del impuesto. No obstante, tal despiste otorgaría una clara ventaja competitiva a las cajas rurales a la hora de conceder hipotecas, además de suponer un descenso en la recaudación del impuesto. 

Una vez el decreto ha entrado en vigor, el Gobierno tiene la posibilidad de enmendarlo, si así lo considera oportuno, para incluir también a estas entidades de créditos. Sin embargo, tal reforma llevaría aparejada un trámite parlamentario no exento de complicación que ahondaría en la incertidumbre generada a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que hacía recaer el peso del impuesto sobre la banca. 

La reforma de ley del impuesto de actos jurídicos documentados establece ahora que "cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista"; es decir, a los bancos - salvo que se trate de hipotecas concedidas a partidos políticos, a la Iglesia o al Estado -. El problema está en que las cajas rurales están consideradas como cooperativas de crédito, reguladas por una ley específica que recoge la exención al pago de dicho tributo.

La redacción de la ley que regula las cajas rurales permite que, a pesar de ser éstas las prestamistas de un crédito, queden exentas también de pagar el impuesto de inscripción de la hipoteca, que asciende a 3.500 euros de media en España. Este "lapsus" del Gobierno, ya sea intencionado o no, abre la vía a futuras reclamaciones ante los tribunales que alarguen todavía más la incertidumbre sobre el tema.

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