Sánchez incumplirá la Constitución si no presenta los Presupuestos en el Congreso

Cuando Albert Rivera dice estos días que "hay que elegir entre constitucionalismo o sanchismo", se puede interpretar que estamos en campaña electoral para las andaluzas. Pero también se puede tomar al pie de la letra. Sí, por más que suene exagerado que un político de la oposición acuse al presidente del Gobierno de estar fuera de la Constitución, ahí es precisamente donde se colocó Pedro Sánchez el pasado viernes. Aquel día, en Guatemala, el jefe del Ejecutivo dijo desde Guatemala que no presentará el proyecto de ley de presupuestos para 2019 si no cuenta con el apoyo suficiente para que salga adelante.

"No vamos a marear a los españoles", dijo Sánchez al referirse a la negociación del proyecto presupuestario que pactó con Podemos y firmó solemnemente en la Moncloa. "Si el poder legislativo no hace sus deberes, el Gobierno mantiene su hoja de ruta y, a través de modificaciones presupuestarias, hará las cosas que demanda la ciudadanía", añadió. Pero eso es anticonstitucional.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) es la ley más importante de cada curso. Tanto es así que su tramitación está descrita no ya en una ley -que también, la General Presupuestaria 47/2003 de 26 de noviembre-, sino en la propia Constitución.

El artículo 134.3 de la Carta Magna deja claro que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Y en ningún caso prevé que el proyecto se deje de presentar.

Es cierto que la Constitución Española prevé la posibilidad de prorrogarlos, como pretende el presidente Sánchez, pero sólo de manera excepcional y en todo caso provisional. Así el punto número 4 del citado artículo explica que "si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos".

Hay una única ley que desarrolla esta disposición constitucional, la citada 47/2003, que simplemente detalla la fecha preceptiva para dar curso al proyecto en el Congreso. En su artículo 37.1, la norma especifica que "el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado [...] será remitido a las Cortes Generales antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera". Y en cuanto a la prórroga de los PGE, este texto transcribe el de la Carta Magna casi letra por letra. Nada nuevo.

Los precedentes

En la etapa democrática nunca se ha dado la circunstancia de que un Gobierno renuncie a cumplir el precepto constitucional. Sólo en dos casos no se ha presentado proyecto presupuestario y en ambas ocasiones fue por imposibilidad legal. En el año 2011 no hubo proyecto de cuentas públicas para 2012 porque el presidente del Gobierno en ejercicio, José Luis Rodríguez Zapatero, convocó a la prensa el 29 de julio para anunciar que adelantaba las elecciones generales al 20 de noviembre de ese mismo año "para que otro Gobierno" diera "certidumbre" en lo más profundo de la crisis económica. Es decir, no había Congreso.

Y en el año 2016 los PGE no llegaron a tiempo para ser presentados en fecha ya que Mariano Rajoy no revalidó su Presidencia del Gobierno hasta el 29 de octubre. La Ley del Gobierno (50/1997 de 27 de noviembre) prohíbe expresamente a un Ejecutivo en funciones la presentación de este proyecto. Tanta es la trascendencia que el constituyente le dio a los PGE.

Así, en su artículo 21.5.a, el texto legal prescribe que "el Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado". Es decir, no había Gobierno. Finalmente las cuentas de 2017 se presentaron en abril de ese mismo año y se aprobaron el 31 de mayo.

El golpe independentista

Sí que ha habido una situación más cercana a lo que pretende Pedro Sánchez y ha sido reciente, pero en ningún caso equiparable. Fue precisamente el año pasado cuando se retrasó sin justificación legal la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero lo cierto es que España vivió un golpe de Estado en Cataluña, lo que paralizó todos los resortes políticos.

El entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro no lograba apoyos para sus cuentas, a pesar de tener el apoyo de Ciudadanos en el Congreso. En plena bronca separatista, el PNV se negó a dar su aquiescencia a los PGE en tanto que se solucionara "el asunto catalán".

La fecha tope, 30 de septiembre, para presentar el texto en las Cortes era la víspera del referéndum ilegal de independencia de Cataluña. Y los nacionalistas vascos ya estaban en guardia desde la vuelta de verano, negándose siquiera a sentarse a negociar con el Gobierno del PP mientras siguiera vigente la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

La intervención de la Autonomía catalana tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre no se levantó hasta que el nuevo president, Quim Torra, se plegó a elegir un Govern legal, lo que coincidió con la votación de la moción de censura a Mariano Rajoy, el 2 de junio. Las últimas cuentas de Rajoy ya se tramitaban -el PNV pilotó el proceso entre bambalinas- y, finalmente, fueron aprobadas el 28 de junio por un Gobierno socialista.

Explicaciones ante el Congreso

En esta ocasión no hay nada que impida la presentación de las cuentas en la Cámara Baja: ni elecciones convocadas, ni Gobierno en funciones ni golpe de Estado. "Pero sí que hay un Ejecutivo que se ríe del Parlamento", apunta a EL ESPAÑOL Francisco de la Torre, presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso. Y una perspectiva electoral que abrió el ministro de Fomento y número dos del PSOE, José Luis Ábalos, al sugerir que quizá tengamos un superdomingo el próximo 26 de mayo, con municipales, autonómicas, europeas y generales.

Pablo Echenique, quien pilotó la negociación presupuestaria de Podemos con Montero, fue taxativo a las pocas horas: "Nosotros opinamos como Pedro Sánchez opinaba hace unos pocos meses, que si se prorrogan los Presupuestos debe convocar elecciones anticipadas. Eso es lo que le decía él a Rajoy". El partido morado lleva desde que se firmó el acuerdo en la Moncloa con la mosca detrás de la oreja, porque creen que gran parte del gabinete de Sánchez -y quizás el propio presidente, según fuentes internas de Podemos- no quiere que salgan las cuentas adelante.

No es que en el partido morado quieran el escenario electoral, pero ya han convocado un Consejo Ciudadano para este viernes en el que "se definirán las estrategias electorales que se abren".

Entretanto, el diputado naranja De la Torre explica que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "se ha negado a venir a la comisión a dar explicaciones" a pesar de que ha sido citada "por voto unánime de los miembros, incluidos los del PSOE".

Lo cierto es que la comisión que él preside aprobó el requerimiento a Montero el pasado 17 de octubre, y la semana pasada la comisión la fijó para este jueves y el gabinete de la titular de Hacienda rechazó la cita. "Alega problemas de agenda, pero el miércoles estará en el pleno y el jueves también para nuestras enmiendas a su modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria... a ver por qué no puede ir a la comisión por la tarde", se pregunta De la Torre.

"No hay nada más importante para un ministro que ir a una comisión de control en las Cámaras", denuncia el diputado naranja. "Pero este Gobierno ni presenta Presupuestos ni ha presentado otro techo de gasto, como está obligado a hacer tras rechazarlo el Congreso el pasado julio... se saltan la Constitución y una ley detrás de otra, y ni siquiera dan explicaciones".