"Me violaron y pasé 17 horas entre comisarías y hospitales porque no me creían"

"Ocurrió dos portales antes de llegar a mi casa, a las 6.40 de la mañana. Quedé inconsciente hasta dos veces durante la agresión. Cuando mi madre me abrió la puerta, tuve que contarle que me habían violado. En comisaría, me interrogaron durante cinco horas a mí sola, sentí que el policía no me creía. Estaba tan cansada que hasta me quedé dormida sobre la mesa". Es el duro testimonio de Blanca (nombre ficticio), víctima de una violación en mayo de 2016 y que todavía no ha conseguido identificar a su agresor ni llevarle a los tribunales. 

Sufrió en sus carnes una agresión que le ha marcado de por vida, pero el segundo golpe más fuerte fue ver que el Estado no respalda como debería a las víctimas como ella. Ni los policías ni el forense dieron credibilidad a su versión. "Esperas que esas personas te respalden y te cuiden, pero no es así", ha lamentado durante un acto en el que Amnistía Internacional ha presentado el informe Ya es hora de que me creas, una investigación de dos años sobre la invisibilización de las víctimas de agresiones sexuales y la falta de herramientas y protocolos del Estado para luchar contra ellas. 

El caso de Blanca es un ejemplo muy claro de que algo no está funcionando bien en España, un país en el que existen 2,65 violaciones por cada 100.000 habitantes, según datos de Eurostat de 2015. Después de sufrir una violación, dirigirse con su madre y una amiga de ésta a una comisaría madrileña a denunciar y pasarse más de cinco horas relatando los hechos en una especie de interrogatorio, tuvo que trasladarse a pie y en autobús a dos hospitales y presenciar cómo un forense se negó a atenderla. No lo hizo hasta que un médico del hospital La Paz (el centro de referencia de la capital para las agresiones sexuales) llamó a un juez después de una fuerte discusión con el forense para que le obligara a hacer su trabajo. 

"Cuestionadas y desprotegidas"

En el informe presentado, Amnistía Internacional denuncia que desde el momento de la violación o cualquier otra forma de violencia sexual, independientemente de que la mujer decida denunciar o no, ésta se enfrenta a la falta de protocolos claros de actuación y a la ausencia de formación específica de los profesionales que las atienden (policía, personal médico, forense y judicial). Según AI, esto deja vía libre a estereotipos y prejuicios que ponen en duda los testimonios de las víctimas, minimizan las violaciones que sufren e incluso las responsabilizan de las mismas. 

"La mayoría de las mujeres no sabe cómo actuar tras haber sido violada, acosada en el trabajo, o abusada desde la infancia", ha lamentado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional.

Los principales obstáculos que, como denuncia la organización, encuentran las víctimas en nuestro país, son "la invisibilización del problema (por la falta de datos oficiales); 30 años sin políticas públicas (falta de campañas informativas, de atención y protección); desigualdad de protocolos entre comunidades autónomas; falta de especialización y los prejuicios de los técnicos; necesidad de que la víctima presente una denuncia para ser atendida por un forense y el trauma que conlleva el proceso judicial". Según ha desvelado Bárbara Tardón, investigadora que ha participado en el informe, distintos actores jurídicos han reconocido que "si las víctimas supieran el camino de obstáculos y piedras al que se tienen que enfrentar, no volverían a denunciar". 

De ahí que soliciten seis medidas urgentes para hacer frente a esta problemática, como son la recopilación de datos que permitan dimensionar la situación; la creación de centros de crisis en los que se atienda 24 horas al día a las víctimas con presencia de todos los especialistas implicados en toda España; revisar y garantizar la aplicación de un Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género; reformar el Código Penal en lo referente a los delitos sexuales para que se proteja la autonomía sexual y el consentimiento libremente dado; facilitar asistencia letrada gratuita e inmediata a las víctimas y formar a los operadores jurídicos en contacto con ellas e impulsar la reparación de las víctimas no sólo desde el punto de vista económico.