La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) pide al Consejo de la Guardia Civil calificar Cataluña como “zona conflictiva”. Esto supondría equiparar la situación actual de la Comunidad Autónoma con la etapa más cruda y beligerante de la banda terrorista ETA en País Vasco y Navarra.
Además, la organización exige al Consejo que establezca ciertos “beneficios personales” para los agentes, entre ellos una “gratificación” salarial. Es decir, como los complementos anti-ETA otorgados en su momento a jueces, fiscales, policías y funcionarios del Ministerio del Interior. Tomando como referencia aquellas asignaciones de peligrosidad, los guardias civiles podrían percibir entre 150 y 640 euros brutos al mes, según su nivel en el escalafón
Asimismo, APROGC quiere que se “condecore” con la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco a todo agente que lo solicite y haya cumplido un tiempo de destino determinado en Cataluña. También que todo el personal que haya prestado servicio en la región tenga preferencia para ocupar vacantes de provisión por el sistema de antigüedad.
APROGC denuncia que el desafío separatista, especialmente intensificado “entre septiembre y octubre de 2017”, supone “cada vez un mayor esfuerzo” para los guardias civiles que están a pie de calle. Algo que también afecta al entorno familiar, sobre todo a los menores.
Estas demandas vienen derivadas del creciente interés de muchos agentes residentes en Cataluña por cambiar de destino y optar por un lugar menos tenso en el que poder llevar una vida tranquila.