La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior acumula a fecha de hoy más de 60.000 expedientes de peticiones sin responder. "A éstos hay que añadir unos 5.000 acumulados de años anteriores y, probablemente, otros miles antes de que acabe el año". Quien habla así es Alberto Víctor Lima, funcionario interino de la OAR que en menos de dos semanas se quedará sin trabajo. En declaraciones a este periódico, Lima aclara que, aunque parezca lo contrario, "esto no es una reivindicación laboral, es que si las 94 personas que entramos en 2015 nos vamos ahora, el colapso será insoportable para familias enteras", explica.

Este lunes, la portavoz de Unidos Podemos, Ione Belarra, presentó una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para tratar de solventar este problema de, hasta 70.000 personas cuyos expedientes "colapsan" la OAR, "vulneran derechos humanos" e incluso se salta la Directiva 2013/32/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional. 

"El Ministerio del Interior no está haciendo lo que debe y todo lo que puede para solventar este problema, la ley les permite prolongar 12 meses más estos contratos", afirma Belarra. Aun manteniendo en sus puestos a estos trabajadores, "la bola ya es imparable", comenta Lima. "Cuando nos contrataron en 2015 lo hicieron porque se había pasado de 5.000 a 15.000 expedientes de golpe". La idea era descongestionar la Oficina de Asilo y Refugio, "pero ahora son 65.000".

Alberto Víctor Lima, funcionario interino de la OAR, junto a Ione Belarra, en el Registro del Congreso. ADP

¿La explicación? Que los traficantes de seres humanos han descubierto el limbo español y que están aprovechando la situación de alegalidad en la que se quedan aquéllos cuyo expediente aún no se ha tramitado o cuya cita para verlo se concierta "para el otoño de 2020", dentro de dos años. "Por su empeño en ser legalista, este Gobierno le está haciendo el trabajo a las mafias", denuncia un funcionario que pide no ser identificado.

Marlaska, "el ala derecha del Gobierno"

Podemos señala al Gobierno al que sostienen y, en concreto, al ministro Fernando Grande-Marlaska por su responsabilidad. Este lunes, en la presentación de la PNL del partido de Pablo Iglesias, explicaron los dos puntos que exigen debatir y votar en el Pleno "para forzarle a actuar": la aprobación de un decreto que amplíe un año más el empleo los 94 funcionarios -"a los que se les exigió experiencia profesional en migraciones, en gestión financiera pública y alto nivel de inglés"- y, "algo básico y elemental", que los solicitantes de asilo puedan volver a pedir cita por vía telemática.

Fernando Grande-Marlaska. Ministro del Interior. |

Para lo primero, el Gobierno está facultado por lo establecido en el artículo 10.1c) del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo texto refundido aprobó el Ejecutivo del PP. El Gobierno de Mariano Rajoy dotó de estas casi 100 plazas extraordinarias al Ministerio en lo más duro de la crisis migratoria por la guerra de Siria. 

Y para lo segundo, basta con volver a la situación anterior al mes de mayo cuando, según denuncia la PNL, Interior obligó a que las citas se solicitaran presencialmente. "Es intolerable que en un país digno haya miles de personas que tengan que hacer cola a cinco grados y bajo la lluvia, porque no se puede solicitar una cita telefónica", denunció Belarra. "Es completamente absurdo y es generar un sufrimiento hacia esas personas completamente innecesario".

Al ministro Marlaska, integrante destacado de lo que fuentes internas del partido morado califican del "ala derecha del Ejecutivo", le ha sido solicitada una cita por parte del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos para tratar de averiguar su sensibilidad en este asunto. "Tenemos que forzar al Gobierno para que atienda la solución que han puesto los trabajadores encima de la mesa", es decir, prolongar sus contratos "para que dé tiempo a convocar plazas públicas estables" y no se reduzca el número de empleados públicos.

Lima, el interino que perderá su empleo el próximo 8 de diciembre, lo expresaba con claridad: "Yo tardé seis meses en ser autónomo para hacer este trabajo, dada su complejidad". Sin embargo, "los 50 funcionarios que han traído no tienen nuestra formación, porque vienen de una bolsa genérica de oposiciones". Y aunque admite que "nadie es imprescindible" recuerda que "nadie nace sabido" y que los expedientes se siguen acumulando, a más de 100 por día, mientras se despide a 94 trabajadores expertos.

Venezolanos, sirios o guatemaltecos pasan las noches al frío para pedir cita en el CIE de Aluche. TW

"Menos personal y peor formado", denuncia Belarra, "mientras miles de hombres, mujeres y niños hacen noche en la calle para conseguir un papel que les dé una cita". La dirigente de Podemos exige "asumir una realidad que es la que es, eso es lo que hace un gestor o un Gobierno digno".

Los recortes del PP

A pesar de que fue el Gobierno del Partido Popular el que aumentó las plazas de la Oficina de Asilo y Refugio a finales de 2015 -el verano en el que estalló, al menos en los medios, la crisis de refugiados procedentes sobre todo entonces de Oriente Próximo-, la portavoz de Podemos señala a aquel Ministerio del Interior como "origen del problema".

Belarra asegura que "fueron los recortes del PP" los causantes de este cuello de botella". El partido morado señala que entonces se usaron "fondos excepcionales que vinieron de Europa para plazas que debían ser estructurales" para atender a los solicitantes de refugio.

Los expedientes acumulados se han multiplicado por más de 10 -de 5.000 a, al menos, 60.000-, según las cifras que manejan los propios profesionales consultados por este periódico y "cada vez más, España va a ser un país en el que se solicite asilo", apuntan desde Podemos, "eso quiere decir que aquí se vive bien y debe alegrarnos", apunta Belarra, "pero "tenemos para dar la bienvenida a las personas que huyen de sus países, y para eso hace falta personal en condiciones dignas, con la formación suficiente y con los recursos suficientes".

El partido de Iglesias lamenta, una vez más, que el bloqueo de los Presupuestos Generales que pactó con el Ejecutivo no vaya a facilitar esta situación. Una oferta pública de empleo no dependería directamente de su aprobación, pero Belarra no deja pasar la ocasión de incidir: "Unas cuentas públicas expansivas como las que acordamos reactivarían la economía española y permitirían financiar mejor estas políticas porque miles de personas lo necesitan".