"Los guardias nos atacan con porras eléctricas": racismo y agresiones en el centro de menores

Pongamos que se llaman Yazid y Ahmed. Son marroquíes, tienen 16 años y llegaron a España escondidos en los bajos de un camión. Ahora llevan meses en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza, en Madrid, hacinados junto a otro centenar largo de chavales -la cifra exacta varía entre 119 y 121 según las fuentes-, durmiendo en los pasillos y "entre peleas, mala comida y sin madrasa [escuela]". Pero aprovechan su conversación con EL ESPAÑOL en las cercanías de las instalaciones para denunciar que los guardias utilizan porras eléctricas contra ellos:

-Y nos pegan... el vigilante.

-Sí, al dormir el vigilante a los chicos prrrr

-El vigilante de la noche. Sí, calamabres

-Ayer, yo dormía y chicos hablaban y el vigilante bzzzz [se señala un dedo].

La situación en el centro se ha ido deteriorando en los últimos años desde que en 2004 recibió un premio a la excelencia educativa. "Pero no es sólo en estas instalaciones", explica una de las trabajadoras, al habla con EL ESPAÑOL. "Entre 2008 y 2015 se cerraron 300 plazas en la Comunidad, y ya avisamos de que tendríamos un problema de tapón y masificación".

El Centro de Primera Acogida (CPA) de Hortaleza es un recurso de urgencia y emergencia, con protocolos para atender a chicos de 16 a 18 años en situación de desamparo durante mes y medio, estudiar sus circunstancias, calmar su situación y derivarlos según sus necesidades. "Ahora tenemos chicos que llevan más de seis meses, porque no hay dónde llevarlos, pero no tenemos un programa para ellos", explica esta educadora.

La convivencia se deteriora en una espiral alimentada en origen por la procedencia marginal de los menores, el hecho de que la inmensa mayoría sean extranjeros de distinto origen y la precariedad de las instalaciones. Este miércoles, este diario desvelaba las condiciones de alojamiento que sufren los chicos y chicas alojados en el CPA: colchonetas tiradas en el suelo para dormir, una ducha para cada 30 menores y como consecuencia de la insalubridad, enfermedades infectocotagiosas como la sarna.

-Comida no buena -dice Yazid-. Pantalones y ducha una vez a la semana. No camiseta, no zapatillas. No me cambio de ropa cada día. No me dan pantalones, no.

-No paga -añade Ahmed.

-No abono transporte, nada.

-Y los negros, muy mayores, 22 años, más. Ellos sí tienen cama.

"Hortaleza es un infierno"

La Fundación Raíces es una de las pocas organizaciones que dan cobertura a la situación de estos chavales. Este periódico ha accedido al escrito que han presentado ante el Defensor del Pueblo [léalo aquí completo] en el que reúnen todas las denuncias que hasta el momento se han ido perdiendo en los juzgados. "Hortaleza es un infierno", denuncian los chavales a una de las trabajadoras de la ONG. "Todos los chicos te dicen que en Hortaleza pegan. Eso es así". 

Almudena explica que "estos menores, al estar solos, sin ninguna garantía ni protección, sin cámaras, que dejen registro, nadie les cree cuando denuncian agresiones o tratos vejatorios".

Y a eso se dedica Raíces, a acompañarlos en sus denuncias y asesorarlos, a defender sus derechos. "Paradójicamente, una persona en una cárcel está mucho más protegida que un menor en un centro de protección", añade esta profesional.

De hecho, en la Fundación Raíces creen que el tapón de hacinamiento del Centro de Primera Acogida sirve como método instrumental para lograr la expulsión de los chavales de una manera indirecta: "Muchas denuncias se archivan porque los niños desaparecen. Porque Hortaleza ¿qué es lo que hace? Los trata mal para que vuelva a la calle, y de ahí se van a Francia... e inician un nuevo periplo. Y el procedimiento penal sin la víctima no puede seguir adelante".

La situación en el centro ha sido fiscalizada por todo tipo de autoridades: desde la Inspección de Trabajo al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, pasando por el Defensor del Pueblo.

Los trabajadores denuncian a EL ESPAÑOL que las conclusiones de la inspectora de Trabajo fueron explícitas: "Conminó a la Consejería de Asuntos Sociales y a la Dirección General del Menor a que actuaran porque nuestras condiciones nos ponen en situación de estrés psicosocial y de riesgos biológicos". Desde aquel informe, el año pasado, no ha cambiado nada. "Al contrario, hemos aumentado nuestra carga de trabajo un 70%, atendemos al triple de menores, los recursos son los mismos y las instalaciones se deterioran".

El Comité de la ONU ya advirtió en en las recomendaciones de su último informe sobre España, según explican desde la Fundación Raíces, que no hay mecanismos de denuncia en los centros de menores españoles. "Así que si un niño denuncia no se investiga", denuncian en la ONG.

"Hemos iniciado tres procedimientos judiciales de menores agredidos en Hortaleza. Nadie los creía. Y de hecho nos dijeron en el Hospital La Paz que si no es por nosotros eso se queda ahí". Y es que los partes que trasladan los médicos de urgencias se archivan si no hay un representante legal. "Y en el Centro incumplen la normativa al no hacerlo", explican Almudena desde la ONG, "aunque, claro, sus tutores legales son los jefes de los que les agreden..."

"Como perros"

Algunos otros procedimientos se han sobreseído por la desaparición de los chicos denunciantes. "Y luego tenemos siete menores a los que hemos acompañado a la Unidad de la Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal, encargada de conocer delitos de odio por agresiones racistas". ¿Y a quiénes acusan? "A algún educador y, sobre todo, a vigilantes", explican desde Raíces. "Que si los tratan como perros, que si les dicen 'moro de mierda' o 'negro de mierda, vete a tu país...", cuentan los chicos.

Los empleados del CPA Hortaleza se defienden. "A ver quién me dice cómo contener a un menor drogado que está atacando a otro o a un educador. ¿Con la varita de Harry Potter? A veces, hay que usar la fuerza y eso no son malos tratos", explica una trabajadora. "Acabo declarando en juzgados como acusada cuando la que está magullada soy yo".

Informe del Defensor del Pueblo

La Oficina del Defensor del Pueblo emitió un informe el pasado 31 de mayo de 2018 [léalo aquí completo] en el que concluía que "a la vista de las consideraciones efectuadas, parece necesario el replanteamiento de los recursos y programas existentes para la primera acogida de los menores".

Firmado por la adjunta segunda Concepción Ferrer, el completo documento de la oficina del Defensor del Pueblo advierte de que las medidas de contención a un menor agresivo "han de tener siempre carácter educativo, y no pueden atentar, en ningún caso, contra su dignidad". Y lo hace ante denuncias como la que abre esta información y las que han presentado los menores de la mano de los abogados de Raíces.

Esas agresiones no son sólo de palabra o físcas. También son "maltrato institucional", según denuncia Isabel Serra -diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid- a este periódico. Serra ha exigido la dimisión del director general de Protección al Menor de la Comunidad de Madrid, Alberto Sanjuán, en varias ocasiones. Este periódico se ha puesto en contacto con su secretaria y con el departamento de prensa de la Consejería, y han declinado dar su versión sobre las denuncias.

"El Gobierno de Madrid no ha cumplido su promesa del pasado otoño", recuerda la diputada de Podemos. "Retiramos nuestra reprobación a la consejera cuando se comprometieron a crear 238 plazas nuevas de acogida, pero desde entonces sólo han creado 50". De hecho, no tantas.

Según los trabajadores del Centro de Hortaleza, ésas son las que se están pagando a la empresa que las gestiona, pero en realidad sólo se ha alojado a cinco chicos en el nuevo centro. "Debe de ser que eso de ser negro hay madrileños que lo consideran contagioso", lamenta con sorna una educadora al explicar que ha sido la queja de los vecinos a las nuevas instalaciones en San Fernando.

Además, la diputada Serra recuerda que otro de los gravísimos incumplimientos es que "la Comunidad no da la tutela a los menores, algo que es obligatorio para proteger sus derechos". Según las cifras que manejan en el partido morado, del millar de chicos y chicas que fueron atendidos en Hortaleza en 2018, sólo se dio la tutela a unos 200 de ellos. "Esto los deja en un limbo y la consecuencia es que no constan en los registros y ninguna Administración se ve obligada a tramitar su permiso de residencia pasados dos años, como marca la ley".

Junto a Ione Belarra -portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso-, Serra trató de visitar el centro el pasado mes de septiembre. No se les permitió la entrada. "Hay una opacidad enorme, no nos dejan cumplir con nuestra obligación de control", denuncia Serra.

"Las malas condiciones de un centro y la saturación de los recursos, y sobre todo la falta de personal, pueden agravar los conflictos entre los menores que residen en el mismo y también dificultar las relaciones de estos con los profesionales que desarrollan allí su labor", explica el informe del Defensor del Pueblo en mayo del año pasado.

Yazid y Ahmed entraron en España hace unos cinco meses. Cuando los saquen del centro de Hortaleza no saben adónde irán. Quizás a Francia, cuentan. 

-Hay muchas peleas.

-La cama del pasillo es pequeña, sin sábanas, sólo una manta.. 

-Somos muchos chicos, mucha gente.

-No estamos contentos, no, muy enfadados.

"Las malas condiciones de un centro y la saturación de los recursos, y sobre todo la falta de personal, pueden agravar los conflictos entre los menores que residen en el mismo y también dificultar las relaciones de estos con los profesionales que desarrollan allí su labor", dice el informe del Defensor del Pueblo en mayo del año pasado. "Y son sin duda causas que pueden explicar que la atención que ahora mismo se ofrece a los menores durante la fase de primera acogida en el centro no sea individualizada ni específica y adaptada en función de sus perfiles y por tanto sea ineficaz".