Bruselas no se cree en absoluto las denuncias que le siguen llegando de los partidos independentistas catalanes sobre una supuesta politización de la justicia en España o la vulneración de los derechos fundamentales de los políticos presos por el referéndum ilegal del 1-O. Todo lo contrario, la Comisión Europea responde por España ante estas acusaciones: no tiene dudas de que el juicio al procés, que comenzará el próximo 5 de febrero en el Tribunal Supremo, se desarrollará con todas las garantías procesales y respetando todos los estándares internacionales.
"La Comisión no dispone de información que apunte a una vulneración del principio de separación de poderes o a problemas de independencia judicial en España", asegura el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, en respuesta a una interpelación parlamentaria presentada por eurodiputados de Esquerra, el PNV el BNG y Podemos.
Timmermans es el responsable de vigilar que se respeta plenamente el Estado de derecho en todos los Estados miembros y ha actuado contra Polonia por someter a los jueces al control político. También ha criticado con dureza a Hungría o Rumanía por su deriva autoritaria. En contraste, siempre ha apoyado a España en su respuesta al desafío secesionista catalán y ha censurado a los independentistas por haberse saltado la ley y la Constitución española.
La interpelación parlamentaria -firmada por los eurodiputados de ERC Jordi Solé y Josep Maria Terricabras; del BNG, Ana Miranda; del PNV, Izaskun Bilbao; y de Podemos, Miguel Urbán, Tania González y Estefanía Torres- alude a la información publicada en exclusiva por EL ESPAÑOL sobre los mensajes de WhatsApp en los que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, presumía de que controlarían "desde atrás" al tribunal que juzgará a los responsables del referéndum del 1-O.
Los eurodiputados sostienen que esta afirmación revela "la falta de división de poderes en España", que el Consejo General del Poder Judicial "responde a intereses políticos" y que "el Estado de Derecho no funciona con plenas garantías en España". "A la luz de estas informaciones, ¿cree la Comisión que en España se respeta la independencia del poder judicial? ¿Qué acciones va a tomar la Comisión para garantizar que los encausados por el 1-O tendrán un juicio justo?", preguntan.
La respuesta de Timmermans es que Bruselas "tampoco tiene motivos para dudar de que en España se respetará el derecho a un juicio justo garantizado por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales".
Los líderes independentistas creen que el juicio del 1-O les ofrece una nueva oportunidad para vender su relato secesionista en Europa y presentar a España como un Estado opresor que no respeta los derechos fundamentales y tiene una justicia politizada. Con este objetivo tienen previsto lanzar una campaña coordinada "para ayudar a extender por todo el mundo esta denuncia", según ha anunciado el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se encuentra en Bélgica huido de la justicia española.
Pero las constantes denuncias y apelaciones de los independentistas catalanes han sido rechazadas por infundadas tanto por las instituciones de la UE como por los Gobiernos de los Estados miembros. Ningún Estado miembro reconoció la declaración unilateral de independencia proclamada por el Parlament de Cataluña el 27 de octubre de 2017. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, tampoco ha sido recibido por ningún dirigente comunitario.