La precampaña electoral ha comenzado y el Partido Popular tiene ya su primera medida sobre la mesa, de cara a los comicios municipales de mayo. Se trata de una proposición de ley para conseguir que se resuelva el lanzamiento de viviendas okupadas en menos de 24 horas, en lugar de los 2 meses actuales, tal y como ha anunciado el propio presidente del PP, Pablo Casado. El grupo parlamentario popular pedirá que esta proposición se tramite por el procedimiento de urgencia.

Este borrador se sustenta en cuatro pilares: el cambio de consideración legal sobre los hechos —que la okupación pase de ser falta a ser delito— y un aumento de las penas —prisión de 1 a 3 años—, que los inmuebles okupados no puedan tener la consideración de domicilio, que las personas jurídicas también puedan iniciar el desalojo y que las comunidades de propietarios puedan personarse en el proceso.

[Más información: Consulte aquí el documento íntegro de la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal]

Casado ha dado a conocer el contenido de esta proposición de ley, para la que ha pedido el apoyo del PSOE y Ciudadanos para su tramitación en el Congreso, en un acto en Badalona (Barcelona), acompañado por la portavoz de los populares en dicha cámara, Dolors Montserrat, y el líder del PP en Badalona, Xavier García Albiol.

Quién será considerado okupa y quién no

El presidente también ha responsabilizado a "los mal llamados alcaldes del cambio" del fenómeno de los okupas en las ciudades españolas, “principalmente Madrid, Barcelona y Badalona”. " La señora Colau, los mal llamados alcaldes del cambio como Carmena, Kichi o Santiesteve [alcalde de Zaragoza] están permitiendo la okupación con la misma impunidad con la que permiten el comercio ilegal de manteros, las agresiones ciudadanas o la quema de vehículos, con las mismas indicaciones irresponsables a la policía local de no actuar ante el delito", ha añadido.

El PP ha apostado por este texto legal porque, según ha comentado su líder, está en su ADN la defensa de la propiedad privada. “Es un derecho consagrado en el artículo 33 de la Constitución”. Con esta nueva propuesta, los de Casado esperan “recuperar el mercado del alquiler”. “Aquellas personas que tienen un problema económico después de unas cuestiones sociales o pérdida del empleo no van a ser considerados okupas”, ha matizado.

La ley que propone el PP no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios. "No estamos regulando el denominado 'precario', es decir, cuando una persona estaba alquilada o tenía un título jurídico para vivir en un piso y ese acaba y permanece en el lugar y es tolerado por el propietario o poseedor legítimo", han indicado fuentes de Génova. "No estamos regulando tampoco los desahucios hipotecarios. Estamos luchando contra la delincuencia y la ocupación ilegal".

La ley sobre desokupación de viviendas ya fue reformada el pasado mes de abril, con  Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo. Aquel cambio legislativo, que fue a propuesta del PDeCAT y contó con el apoyo del PP, Ciudadanos y PNV, ya redujo los tiempos. el demandado tenía 5 días para recibir la notificación de desalojo, 20 días para hacer efectivo el desahucio y se fijaba un plazo de 7 días para que los servicios públicos puedan "adoptar las medidas de protección que procedan".

Era una reclamación tradicional de los propietarios, que, antes de la reforma de la ley, podían necesitar hasta tres años para liberar sus inmuebles. Así, el Partido Popular pone el foco en un caladero electoral que puede granjearle cierta ventaja en las urnas.