Esta es la voluntad del Gobierno: concurrir a las elecciones generales habiendo exhumado a Francisco Franco. Pedro Sánchez ordenará el desentierro en el Consejo de Ministros de este viernes. A partir de ahí, Moncloa trabajará a contrarreloj para que los comicios no se celebren antes de que cristalice su logro más simbólico. PP y Ciudadanos acusan al líder socialista de querer situar la campaña en un "contexto de rojos y azules".
El Ejecutivo socialista, según las fuentes consultadas por este periódico, confía en sellar su proyecto durante la primera quincena de marzo. El principal muro que encontrará el Gobierno será el último recurso de la familia Franco ante el Tribunal Supremo, que podría ordenar una suspensión cautelar. La relación entre el PSOE y los nietos del dictador es inexistente. Por tanto, cualquier novedad se gestará en los tribunales.
A día de hoy, todos los caminos llevan al Supremo. Este viernes, recién suscrito el decreto, se abrirá un plazo de quince días para que los Franco indiquen el nuevo destino de su ascendiente. "Si insisten en La Almudena, deberemos emitir una nueva resolución que explique por qué no es posible", argumenta un portavoz de los socialistas. "Nuestra primera opción es que se quede en el Valle, pero la segunda, por supuesto, es la cripta de la catedral", responde un nieto del que se hizo llamar Generalísimo.
El último 20N con Franco en el Valle de los Caídos
Moncloa reitera que la presencia del dictador en La Almudena produciría altercados públicos y emplaza a los Franco a elegir otro lugar: "Si no lo hacen, no nos quedará más remedio que decidirlo nosotros", explican.
Esta vez, la estrategia jurídica de Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia, va por otro camino. "Aportaremos informes y un trabajo muy sólido. Sabemos que no harán nada hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo", relata un nieto de Franco, que confía en que los magistrados paralicen provisionalmente la exhumación de su abuelo.
Poco después de interponerse el recurso, la Justicia -independientemente del fallo, que llegará después- dirimirá si concede o no esa suspensión. "Si no es el caso, exhumaremos", confirman fuentes del Gobierno a este periódico. "Será un atropello, esto les sirve como cortina de humo", responden los Franco.
Pedro Sánchez reconoció "haber pagado la novatada" en lo que se refiere a la exhumación de Franco. Anunció el plan apenas quince días después de su investidura. En los pasillos del Congreso, bromeó con los periodistas: "Os pillará trabajando". Una frase con la que se comprometió a julio y descartó agosto. Han pasado más de siete meses.
Tal y como reveló este diario, poco después de anunciar su intención, Sánchez envió un emisario a la familia Franco para negociar la exhumación. Los nietos del dictador no aceptaron el encuentro. En este momento, según una y otra parte, la relación es inexistente y es siempre Utrera-Molina, el abogado de la familia, quien se comunica con el Gobierno.
Los monjes benedictinos, custodios de la Basílica, también podrían levantar un obstáculo a las pretensiones del Ejecutivo. Un portavoz de la congregación cuenta a EL ESPAÑOL que no abrirán las puertas mientras la familia no otorgue su permiso o lo exija la Justicia. ¿Y si el Supremo no dicta la suspensión cautelar y, al mismo tiempo, los Franco siguen en las mismas? "Eso es un futurible... Vamos paso a paso", responden en la abadía de los Caídos.