Tengo la suerte de que me toque hacer cola para entrar al Salón de Plenos del Tribunal Supremo junto al periodista del The Times Graham Keeley. Keeley es un hombre dilatado a lo alto, parlanchín e inescapable que considera un detalle menor, textualmente "una broma", el hecho de que su diario haya encabezado su editorial sobre el juicio a los líderes del procés con el título La Inquisición española.

También cree Keeley que Pedro Sánchez está apaciguando los ánimos que Mariano Rajoy encrespó al aplicar el 155, que Pablo Casado está actuando "de forma estúpida" y que el juicio a los líderes del golpe a la democracia de septiembre y octubre de 2017 es una sobrerreacción del Estado español que sólo hará que incrementar la producción de independentistas en Cataluña. Si no llega a ser por el acento de Keeley, habría jurado que hablo con un periodista de La Vanguardia. 

A Keely le explico que lo ocurrido en Cataluña no ha sido una broma como la de los titulares de The Times, sino un golpe de Estado. Luego le explico que entre la paz y la justicia, con frecuencia incompatibles en los países que han sufrido terrorismo, guerras civiles o golpes de Estado, el Estado español parece haber optado, con acierto desde mi punto de vista, por la segunda. "Mejor un conflicto generado por la aplicación de la justicia que una paz basada en la impunidad del separatismo", le digo.

"Eso que dices es muy triste", me responde Keeley, y las dificultades para convencerle a él me convencen a mí de que el principal obstáculo que van a tener los líderes secesionistas para lograr sus objetivos es que al resto de Europa le importa tan poco el procés y la independencia de Cataluña que ha acabado viéndolos como un simulacro de alzamiento solventable con doce multas y una leve regañina. Una chiquillada política y con graves consecuencias sociales y económicas, sí. Pero chiquillada al fin y al cabo.

El peso del Estado 

Es poco probable que haya muchos otros lugares de España donde se perciba de forma tan diáfana la fuerza de gravedad generada por el peso del Estado como en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. Hasta el aire parece más denso y sólo a un inconsciente le pasaría desapercibida esta particularidad.

Ese parece ser el caso de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, que invierte buena parte de la primera sesión del juicio sonriendo a diestra y siniestra, saludando a sus conocidos y girándose hacia la prensa mientras las defensas hablan de derechos fundamentales violados.

La duda que nos queda a la periodista de El Confidencial Ángeles Caballero y a mí es si Cuixart está echándole dientes a la desgracia o si la perspectiva de ser condenado a entre ocho y sesenta y dos años de prisión le deja tan frío como los alegatos de los abogados de sus compañeros. 

Antes de que la sesión dé comienzo, un grupo de observadores internacionales pertenecientes a organismos y asociaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa o la European Lawyers for Democracy and Human Rights, entre otras, pretende entrar al Salón de Plenos con la toga a cuestas. Como España no es Zimbabue, una funcionaria pequeña pero letal y con el punto justo de castiza belicosidad les obliga a quitarse la toga. También informa a los observadores de que en este juicio no hay observadores internacionales, sino público. Dicho de otra manera: en el Salón de Plenos no entra nadie disfrazado.

Los acusados y sus abogados entran en el Salón en primer lugar, protegidos por un biombo para evitar fotos inoportunas. Luego entra la prensa. Y entre ella, Pedro García Cuartango y Arcadi Espada, que más que serio anda grave. La suerte de los acusados es que el presidente del Tribunal es Manuel Marchena y no Espada. 

Después entran en el Salón los familiares y los acompañantes de los acusados. En ese grupo están Quim Torra, Damià Calvet y Ester Capella, que se sientan en primera fila. Finalmente, lo hace el público. Dos mujeres de mediana edad sonríen con sarcasmo cuando pasan frente a un par de familiares que visten blusas amarillas. "Qué guapas estáis", les dicen. "Vosotras también", les responden. "¡Viva Vox!" cierran el debate las primeras. Son las cuestiones previas a las cuestiones previas del juicio al procés.

Las cuestiones previas

A Andreu Van den Eynde Adroer, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, le corresponde iniciar la fase de cuestiones previas. Aquella en la que la sala decide sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales, pruebas no admitidas o posibles causas de suspensión del juicio.

El abogado del líder de ERC defiende la tesis de que los acusados representan a la mayoría de los ciudadanos catalanes, confundiendo al 47% de sus votantes con la mayoría en el Parlamento autonómico catalán de la que disfrutan los partidos separatistas. Una confusión habitual en Cataluña, donde el nacionalismo suele atribuirse, sin ampararse ni a Dios ni al diablo, la representación de todos los catalanes. 

Recuerda también Andreu Van den Eynde Adroer que el juez de instrucción Pablo Llarena abrió "sólo" dos caminos a la independencia de Cataluña. Una reforma de la Constitución o la guerra. De ahí, el abogado de Junqueras llega a la conclusión de que Llarena "no deja espacio para una vía pacífica hacia la independencia". A pocos se le escapa la ironía de la afirmación. Los mismos líderes del procés que niegan cualquier tipo de violencia a lo largo de los meses de septiembre y octubre de 2017 consideran "violentos" los requisitos, laboriosos pero democráticos, que establece la Constitución para la reforma de su Título Preeliminar. 

Tras Van den Eynde Adroer intervienen el resto de abogados de la defensa: Javier Melero, Jordi Pina, Ana Bernaola, Olga Arderiu, Francesc Homs, Mariano Bergés… Salvo en el caso de Francesc Homs, que pasa turno y se reafirma en su escrito sin mayor aspaviento, el resto de los abogados sorprenden por dos razones.

La primera es la inexistencia de argumentos novedosos que vayan más allá de los reiterados una y otra vez en y por los medios de comunicación catalanes. Indefensión, inexistencia de violencia, el mensaje de WhatsApp de Ignacio Cosidó hecho público por EL ESPAÑOL, la restricción de derechos fundamentales, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, la reivindicación de un derecho a la autodeterminación que no existe tal y como lo describen los abogados de la defensa, la imposibilidad de atribuir a los acusados los actos puntuales de violencia llevados a cabo durante las distintas manifestaciones independentistas y la supuesta obligación de ejecutar el mandato popular de avanzar hacia la independencia. Entre otros. 

A vueltas con la traducción simultánea

La segunda es su insistencia en que los magistrados acepten la traducción simultánea para que los acusados puedan hablar en catalán sin verse interrumpidos cada dos o tres minutos por la traducción del intérprete. Una queja tan lógica como ilógica.

Lógica porque, como afirma Jordi Pina, abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, parece esencial que el tribunal perciba las vacilaciones, las dudas y las inflexiones de voz de los acusados mientras estos responden, en su lengua materna, a las preguntas de abogados, fiscales y acusación popular.

Ilógica porque, tal y como reza la mitología nacionalista, todos los catalanes hablan con la misma destreza el catalán y el español. Y eso gracias a un sistema de inmersión lingüística que le permite a los escolares de la región obtener mejores resultados en lengua castellana, con sólo dos horas de clase a la semana, que el resto de escolares españoles que estudian la mayoría de sus asignaturas en español.

Llega el turno de Vox

El miércoles será el turno para que Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular respondan a las cuestiones previas planteadas por las defensas. Se espera con expectación la intervención de Javier Ortega Smith-Molina y Pedro Fernández Hernández, de Vox. La intuición vaticina marejadilla.

Luego, los magistrados del Tribunal Supremo deberán decidir si resuelven dichas cuestiones previas en el acto o retrasan su resolución hasta la sentencia de la causa, lo que podría desembocar en la paradoja de que el juicio fuera anulado tras haberse desarrollado en su totalidad a lo largo de tres meses. Por supuesto, eso no ocurrirá. 

Tras la fase de cuestiones previas dará comienzo la fase de prueba, que hará las delicias de televisiones, radios y medios de prensa. Será aquí donde declaren acusados, testigos y peritos, y en la que se presenten las muchas pruebas documentales de la causa especial 20907/2017. Ahí la marejadilla se convertirá en marejada, quizá incluso fuerte marejada, y se empezará a despejar la principal incógnita de este juicio. Saber si al sustantivo de "golpistas" puede borrársele ya, de forma definitiva, el calificativo de "presuntos".