El pasado 12 de octubre, un real decreto del Gobierno de Pedro Sánchez convertía el Alto Comisionado para la Marca España, un órgano unipersonal sin remuneración, en una Secretaría de Estado bajo la nueva nomenclatura de España Global. Al día siguiente, el Boletín Oficial del Estado publicaba el nombramiento de su nueva titular, Irene Lozano. Periodista, escritora... y política encargada de luchar contra la propaganda independentista en el exterior.
Lozano entró en UPyD cuando Rosa Díez creyó conveniente ampliar la estructura comunicativa... a pesar de las reticencias internas. Llegó a diputada del partido magenta en la primera legislatura de Mariano Rajoy y luego, tras participar en la implosión de la formación, fue el "fichaje estrella" del PSOE de Pedro Sánchez para las generales de 2015, la non nata. También entre los socialistas generó rechazo, pues su discurso había sido especialmente sangrante contra el partido del puño y la rosa a cuenta de la corrupción y la "política vieja".
No pudo repetir en el Parlamento para la actual legislatura, pero en cuanto Sánchez llegó al poder instó a su ministro de Exteriores, Josep Borrell, a darle la vuelta a Marca España, y a Lozano se le hizo hueco creando una Secretaría de Estado a razón de 146.190 euros al año de sueldo, según el Portal de Transparencia del Ejecutivo. En ese tiempo, le había dado "forma literaria" al libro recién presentado por Pedro Sánchez, Manual de resistencia (Planeta).
Poco éxito por ahora
El miércoles, Lozano explicaba sin mucha fortuna desde Moncloa a la cadena Sky News la ilegalidad del falso referéndum con una metáfora sobre la violación: "La cosa es que querían hacer un referéndum pero no tenían el permiso. El sexo no está prohibido, y votar no está prohibido, pero no puedes hacerlo de manera forzosa, tienes que tener el permiso, de lo contrario es una violación".
Este jueves se disculpaba en Twitter tras las críticas recibidas: "Trataba de explicar la diferencia entre hacer las cosas con o sin el consentimiento de los afectados. El referéndum del 1-O se hizo sin el acuerdo de la mitad de la sociedad catalana y la ha dejado dividida". Y añadía que, en cualquier caso, no había sido "la mejor de las comparaciones".
La secretaria de Estado de la España global tiene como atribución principal la de "adoptar las medidas para la mejora de la imagen exterior de España", según el artículo 16.1) del Real Decreto 1271/2018, de 11 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
De hecho, es suya la coordinación de cuanta acción exterior deba ser implementada en este sentido y, a pesar de que fue creada ese 12 de octubre a partir de un Alto Comisionado unipersonal y sin otra estructura que la buena voluntad sin sueldo de su anterior titular, Carlos Espinosa de los Monteros, pasaron exactamente cuatro meses desde que asumió el cargo Irene Lozano hasta que se tomó la primera iniciativa para contrarrestar la campaña organizada desde hace años por el Govern de la Generalitat.
Es más, para esa fecha, el Ejecutivo de Quim Torra ya había recuperado cinco de sus embajadas, cerradas durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y ultimaba la apertura de siete más. Josep Borrell había anunciado tres semanas antes que el Gobierno preparaba un recurso para evitarlo, pero en noviembre se arrepintió, tras un informe jurídico de su departamento.
Sin relato propio
Desde entonces, y aparte de algunas declaraciones tan taxativas como ineficaces jurídicamente de Borrell, silencio. Nada más. Hasta este lunes 11 de febrero, que España Global distribuyó un elaborado argumentario a las Embajadas para -especialmente en los países socios de la Unión Europea y Estados Unidos- tratar de combatir la desinformación separatista. A saber, que "España no es una democracia", que "la Justicia no es independiente", que los procesados por el golpe independentista son "presos políticos"... Pero lejos de construir un relato propio, el documento, de cinco folios, se limita a negar la realidad alternativa independentista.
Argumentario contra la propaganda independentista repartido a las embajadas el 11 de febrero.
El documento se inicia con una relación de "Datos de interés sobre el juicio relativo a los sucesos acaecidos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017". No explica las garantías constitucionales, no detalla la estructura de Estado descentralizado de España, ni repasa el proceso político seguido desde que comenzaron las iniciativas de desafío a la legalidad por parte del Govern. Y el siguiente punto, en el que se invierte el 80% del texto se titula explícitamente "Doce falsedades sobre España... y los hechos".
Sin estrategia definida
Es cierto que se trata de un argumentario de uso interno. Pero es muy importante, porque está concebido como herramienta para que las legaciones diplomáticas convoquen briefings de prensa ofreciendo la versión del Estado sobre lo acontecido. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ministerio sin lograr respueta alguna por parte de responsables de España Global.
Los expertos consultados por este periódico advierten carencias graves en el documento. Para empezar, la falta de contenido práctico. No se explica en ninguno de sus párrafos quién está acusado de qué y cuál es el significado de cada una de esas figuras delictivas. Para seguir, la falta de coherencia en el relato. El texto desmonta el argumento de que "los catalanes tienen derecho a votar" poniendo el peso en que "no hubo garantías democráticas" el 1-O, más allá de que la propia celebración de la consulta estaba prohibida por el Tribunal Constitucional. Finalmente, adolece de estrategia comunicativa: tácticas y objetivos definidos para el éxito de esas sesiones informativas.
Argumentario contra la propaganda independentista repartido a las embajadas el 11 de febrero y nota de la embajada belga del 12 de febrero.
Esta tardanza en actuar del departamento dirigido por Lozano queda plasmada en la propia nota, que prevé la entrega de "un kit de información básica sobre el sistema jurídico español" el mismo día del inicio de la vista oral en el Supremo. Además, el retraso queda al descubierto también por la nota informativa que, con celeridad y diligencia, distribuyó la Embajada española en Bruselas a la mañana siguiente [léalo aquí, en francés], justo el día del juicio, el martes 12 de febrero.