Ocho meses. Ese es el tiempo que Pedro Sánchez ha conseguido mantenerse en el sillón presidencial desde que la moción de censura a Mariano Rajoy le hiciera presidente el 2 de junio de 2018. En este tiempo, el gobierno socialista ha conseguido aprobar 90 leyes, pero 281 proyectos de ley se han quedado por el camino por el bloqueo del resto de partidos o no conseguirán salir adelante con la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril. Medidas, las que avanzaron y las que no, sujetas a interpretación, aunque el PSOE tiene claro por cuáles quiere sacar pecho y la oposición sabe cuántas ha conseguido frenar.

Medidas que reivindicará en campaña

1.- Subida del salario mínimo interprofesional y de las pensiones. Muchas han sido las voces críticas con la subida del SMI a 900€ al mes y con las repercusiones que tendrán entre las empresas y, especialmente, el número de despidos que provocará por la subida de los costes. Sin embargo, la subida salarial es una realidad que beneficia a muchos, igual que lo hará la subida de las pensiones. De hecho, tras el anuncio de la convocatoria de elecciones para el 28-A, Pedro Sánchez reiteró "el compromiso del Gobierno" aludiendo a que las pensiones se revalorizarán "con o sin Presupuesto".

2.- Acceso universal al sistema de salud. Otro Real Decreto. En este caso para aprobar que todas las personas del territorio español tengan los mismos derechos en lo que a asistencia sanitaria se refiere. Una medida que iguala a los ciudadanos nacionales, a los extranjeros con residencia fija y también a los inmigrantes irregulares. Desde el Gobierno, en palabras de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, se aseguró que esta medida "no implica un mayor coste para las arcas públicas”, algo que fue duramente criticado desde la opsición y desde varias de las Comunidades Autónomas.

3.- Medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por supuesto, también por decreto ley, el PSOE decidió avanzar en la aplicación de medidas excepcionales -lo que suponía modificar de facto el Código Penal- para "proteger a las mujeres". Una decisión acorde a las necesidades de que la sociedad avance en igualdad pero que, como otras muchas de sus medidas, se encontró con las críticas de la oposición, aunque también de muchos otros, pues fueron muy duras las críticas de diversos psicólogos ante la obligación de someter a los hijos de maltratadas a terapias sin que exista una condena previa contra el agresor, llegaron una cantidad considerable de denuncias por parte de diferentes asociaciones a juzgados de toda España y se produjo cierto malestar entre jueces y abogados.

4.- Revertir los recortes en educación. Con 168 votos a favor y 162 abstenciones -las de PP y Ciudadanos-, el Gobierno logró aprobar en el Congreso la ley que revertía los recortes en educación impuestos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. Esta reforma impide a las Comunidades Autónomas elevar más de un 20% los ratios máximos de alumnos por aula, devuelve a las autonomías la capacidad para decidir los horarios de docencia, regula las suplencias en las bajas del profesorado... Una medida estrella que, sin embargo, encontró el rechazo de los sindicatos por no contar con los docentes en su elaboración y se topó con las críticas de PP y Cs, quienes acusaban al Gobierno de apropiarse de medidas que ya estaban en marcha.

5.- Obligar a los bancos a pagar el impuesto hipotecario. El pasado mes de noviembre, y también mediante Decreto Ley aprobado en el Consejo de Ministros, el Gobierno socialista aprobó la modificación del artículo 29 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) para que sean los bancos quienes paguen este impuesto en la suscripción de hipotecas y no los clientes. Una medida que se tomó dos días después de que el Supremo entrase en una de sus peores crisis en democracia tras la ajustada votación en el pleno, decantada por el voto de calidad del presidente, por la que devolvían la obligación de pagar el impuesto a los clientes.

Lo que no terminó bien

1.- Ampliación de la baja por paternidad. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno del PSOE no llegará a nada. Entre las dudas sobre el realismo de sus cuentas, los retoques que pedía la Unión Europea por el deficit inasumible y el boicot que han decidido en última instancia los partidos separatistas de Cataluña, la puntilla a Sánchez también lo ha sido para unas cuentas que subían la baja por paternidad de cinco a ocho semanas y preveía ampliarlo aún más en 2020.

2.- Subida del impuestos a las rentas altas, subida del impuesto de sociedades, el diesel... La gran baza de los Presupuestos de Sánchez era el ascenso de su capadidad recaudatoria. Una subida increíble y según, por ejemplo, el Círculo de Empresarios, "dañina" para la economía española. Pretendía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subir el IRPF a las renta particulares por encima de los 130.000 euros, subir el impuesto de sociedades a las grandes empresas... y también subir el impuesto al diesel a niveles exorbitados conectando la medida con sus propuestas medioambientales y que también incluían la no matriculación de ningún vehículo de combustión a partir de 2040.

3.- RTVE. Quizás una de sus medidas más polémicas, por la purga que se produjo y porque, al igual que la promesa de elecciones durante la moción de censura, nunca llegó a producirse en el ente público. De hecho, el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única hasta la elección de un nuevo presidente para RTVE se ha convertido en uno de los grandes caballos de batalla dentro de la propia entidad y en el mismo Congreso de los Diputados.

Lo que debía ser una transición rápida para despolitizar la televisión y la radio públicas ha provocado una bola de nieve interminable en la que ninguna de las partes está satisfecha. Es más, los 20 candidatos finalistas han causado más de una treintena de recursos contra el reglamento de la elección, contra las diferentes varas de medir a la hora de puntuar a los candidatos que avanzaron y a los que se quedaron en los primeros pasos del camino... Un camino en el que se ha perpetuado Rosa María Mateo, sin tener que dar ni una sola explicación a un Consejo de Administración inexistente y gestionando así un presupuesto de más de 1.000 millones de euros.

4.- Ley de Memoria Histórica. Los nuevos presupuestos contemplaban un aumento de 15 millones de euros para una ley que el PP había vaciado de asignación y por tanto de capacidad. Con esta ley y esta asignación, Sánchez no sólo pretendía exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, también aspiraba a crear una 'comisión de la verdad', ofrecer una indemnización de 135.000 euros a todos los herederos "de quienes fallecieron (...), en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos"... 

5.- Reforma de los aforamientos. Pedro Sánchez necesitaba una mayoría de tres quintos en el Congreso para reformar los artículos 71 y 102 de la Constitución. Para ello aprobó la tramitación en el Cámara Baja y acompañó la medida de un informe del Consejo de Estado. De hecho, fue el anuncio estrella a los 100 días de su mandato y con él se quería conseguir que diputados, senadores y miembros del Gobierno sólo siguieran aforados ante el Tribunal Supremo si cometen delitos "en el ejercicio de las funciones propias del cargo".

¿Y Franco?

La gran duda reside en la exhumación de Franco. El mismo viernes que Sánchez anunció la convocatoria de elecciones para el 28 de abril, el Consejo de Ministros posterior anunció el fin del trámite administrativo previo a la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. Un plazo que abre otro de 15 días para que la familia decida dónde quiere que descansen desde este momento.

Sin embargo, el recurso ya anunciado de la familia ante el Tribunal Supremo abre una serie de incertidumbres respecto a los siguientes pasos del proceso. De hecho, la familia del dictador ha insistido en que el Gobierno no tiene la legitimidad ni el permiso del prior del Valle para exhumar los restos, ha criticado el veto del propio Gobierno a inhumar a Franco en el panteón que la familia posee en la Catedral de la Almudena y, especialmente, va a presentar batalla en los tiempos.

Felipe Utrera Molina, albacea de la familia Franco, no sólo confirmó su intención de recurrir y solicitar la suspensión cautelar del trámite administrativo para que el Supremo impida la exhumación hasta que haya una decisión firme, sino que señaló que la ley concede a la familia un plazo de dos meses para presentar tal recurso y no los 15 días que ofrece el Gobierno. Unos plazos que llevarían a tomar la decisión después del 28-A.

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