Pedro Sánchez los bautizó como "viernes sociales" y el de esta semana no ha sido una excepción. Minutos antes de la habitual rueda de prensa de la ministra Celaa para anunciar los acuerdos alcanzados por el Consejo de Ministros, la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, ha comparecido para explicar con detalle el nuevo decreto- ley. Una norma que deberá aprobarse en la Diputación Permanente del Congreso que el PSOE está firmemente convencido de que logrará sacar adelante con la mayoría que apuntaló la moción de censura.
Después de que Podemos tumbase el decreto el pasado mes de enero, este 1 de marzo ha visto la luz el texto retocado y modificado tras las muchas reuniones entre Pedro Saura, secretario de Estado de Fomento, y Rafa Mayoral, hombre fuerte de Podemos como secretario de relación con la sociedad civil y movimientos sociales de la formación morada.
El borrador del nuevo real decreto ley no incluye ninguna norma sobre la regulación del precio de la vivienda de alquiler, aunque sí establece una mención a unos índices de precios de referencia lo suficientemente vago como para que las Comunidades Autónomas puedan utilizarlo como referencia en una posible limitación de precios. Ese índice de precios se configuraría en los próximos ocho meses y se haría cruzando datos de la Agencia Tributaria, el catastro y los registros de la propiedad y de fianzas y a partir del mismo las Comunidades Autónomas podrían ofrecer ventajas fiscales.
El nuevo decreto de vivienda abre la puerta a bonificaciones en el IBI
Así, el precio de la vivienda podría dar situaciones como las vividas con Uber y Cabify en Madrid y Cataluña, toda vez que la Administración Central repercutió en las autonomías la regulación del servicio y que ha llevado a que las VTCs salgan de Barcelona, mientras que la Comunidad de Madrid aguantó el envite de la huelga de taxis y la situación aún no ha variado.
Por otra parte, el nuevo texto incluye la garantía de que los alquileres no pueden subir más que el IPC en los cinco o siete años de contrato y que las subidas anuales se vinculen a la variación de la inflación, una de las exigencias fundamentales de Podemos durante el segundo proceso de negociación.
El Ejecutivo cuenta ya con el apoyo de Podemos y del PDeCAT a esta norma, aunque necesita el de más formaciones para poder convalidarlo en la Diputación Permanente. Fuentes del PNV señalaron que este partido aún no tenía una posición definida sobre esta norma y Bildu se ha limitado a señalar que lo está estudiando.
El real decreto-ley de Vivienda no figuraba inicialmente en el orden del día del Consejo, aunque finalmente se ha aprobado en esta reunión junto con otras normas del mismo rango como la de medidas de contingencia para afrontar un "brexit" sin acuerdo y la que contiene medidas de igualdad laboral entre hombres y mujeres.