El Ministerio del Interior ha decidido dar permiso de residencia y de trabajo a todos los venezolanos que hoy en día están residiendo en España en situación irregular. Según fuentes de la diáspora del país caribeño en España, esto podría suponer un volumen de hasta 400.000 personas. "Cada día llegan cientos, los vuelos desde Caracas se han multiplicado", explica un dirigente del colectivo venezolano en España.
Fuentes oficiales han confirmado a este periódico la noticia y el hecho de que en los próximos días será comunicada la decisión de manera oficial por cauces policiales. El permiso de residencia se otorgará de manera temporal por un año, prorrogable, y los solicitantes no necesitarán ningún otro documento para tramitar su autorización para trabajar en España.
Con esta decisión, Pedro Sánchez trata de congraciarse con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que lucha "contra el régimen usurpador" de Nicolás Maduro. Y al mismo tiempo guarda las formas con el gobierno de facto del país caribeño, pues ésta es la vía elegida para evitar regularizar una situación que ya era "insostenible" sin conceder oficialmente "asilo y refugio" a cientos de miles de ciudadanos procedentes de aquel país.
El permiso se concede "por razones humanitarias de protección internacional de un año de duración, prorrogable, a ciudadanos de nacionalidad venezolana cuyas solicitudes de protección internacional hayan sido denegadas". De este modo, se les permite entrar al mercado laboral a profesionales, "pero no se cumple la legislación, se soslaya para sacar el colapso enorme de la Oficina de Asilo y Refugio", explican fuentes conocedoras.
"Es una operación política perfecta", explican estas mismas fuentes. "A Maduro no lo enfadas porque no haces 400.000 refugiados políticos; a Guaidó lo contentas porque les regularizas; a los tuyos los alegras porque eres solidario, y a la derecha la obligas a callar porque estás acogiendo a demócratas que huyeron de un tirano", explica a este periódico un experto en migraciones.
Esta misma fuente destaca que "sólo se está haciendo con venezolanos", que es la nacionalidad que genera mayor volumen de colapso y que, al tiempo, se percibe como políticamente correcto ofrecerle"papeles para todos".
"Agradecidos" pero "insuficiente"
La diáspora venezolana "agradece infinito" el gesto, si bien comprende que la cercanía de las elecciones generales ha ayudado. "Por fin podremos trabajar, no es de recibo que un médico o un ingeniero reparta pizzas cobrando en negro", lamentan, "en todo caso, necesitamos mucho más, queremos ser reconocidos como refugiados políticos, porque nosotros no hemos venido por razones económicas, sino humanitarias".
De hecho, la vicepresidenta de la subcomisión de Derechos humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, cree que "es una medida insuficiente y claramente electoralista". En declaraciones a EL ESPAÑOL, Becerra lamenta "el absurdo de limitar la residencia a aquellos que hayan solicitado el asilo y se les haya denegado", si bien las fuentes conocedoras explican que el tapón de sólo 3.500 expedientes denegados en los últimos años se abrirá a todos aquellos que ni siquiera se elevaron, "decenas de miles" y se ampliará a todos aquellos que realicen el trámite previo de pedir el reconocimiento como refugiado político.
Por eso, la eurodiputada lamenta el nuevo vericueto burocrático que se les impone a los venezolanos huidos del régimen chavista a España: "La gran mayoría de los venezolanos no han llegado a solicitarlo porque sabían que no se lo iban a conceder, ya que había que acreditar persecución política" y teme que la gran mayoría no vaya a poder "beneficiarse de la residencia temporal".
Para Becerra, "el Gobierno debe hacer lo que pidió el Parlamento Europeo en octubre de 2018 [léalo aquí]: facilitar el acceso a servicios básicos y conceder el estatuto de protección temporal y derechos de residencia especiales a todos los venezolanos que han llegado a España como consecuencia de la crisis humanitaria y política".