Torra desobedece a la Junta Electoral como parte de su estrategia de desafío permanente al Estado

No le resultará fácil a la ministra de Justicia Dolores Delgado cumplir la promesa que hizo ayer en Segovia frente a la alcaldesa del PSOE Clara Luquero. "Los lazos se quitarán o desaparecerán [de los edificios de la Generalidad], y seguramente se impondrá una sanción" dijo Delgado en referencia a la orden dada por la Junta Electoral Central (JEC) al presidente de la Generalidad Quim Torra.

Y no le resultará fácil porque de las docenas de edificios pertenecientes al Gobierno autonómico catalán cuelgan hoy miles de lazos y de banderas estelades que, muy posiblemente, serán repuestos por funcionarios afines, de forma anónima, en cuanto sean retirados por no se sabe muy bien quién. En la práctica, el Estado no tiene forma alguna de retirar esos lazos o de obligar a la Generalidad a retirarlos, algo que saben muy bien Torra y sus consejeros. 

De hecho, ni siquiera durante los siete meses de aplicación del 155 se logró retirar esas banderas, pancartas y lazos, que podían verse en las paredes de los ayuntamientos, las oficinas de atención al ciudadano, las consejerías y los cientos de organismos públicos autonómicos y municipales catalanes sin que nadie, ni siquiera los gestores enviados por el PP a Cataluña, osara descolgarlos u ordenar su desaparición.

El nuevo desafío de Torra llega un día después de que Assaf Moran, ministro consejero de la Embajada israelí en España, calificara de "vergüenza" las palabras de la consejera de Presidencia autonómica, Elsa Artadi, en las que esta utilizaba a Ana Frank para justificar la exhibición de lazos amarillos en los edificios de la Generalidad. La desafortunada comparación de la causa independentista con el Holocausto fue recibida por el encargado de Asuntos Políticos de la Embajada como un insulto a la memoria de los judíos exterminados por los nazis.

Una nueva desobediencia de la Generalidad 

El brindis al sol de la ministra Dolores Delgado llegó, por su lado, unas pocas horas antes de que Quim Torra, como en el pasado hicieron Carles Puigdemont o Artur Mas, anunciara, al límite del plazo legal, que no retirará los lazos y las banderas estelades que cuelgan de los edificios de la Generalidad y que, según la JEC, son "símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones". 

La desobediencia de Torra llegó acompañada de un recurso dilatorio dirigido a la JEC. En él, el presidente de la Generalidad alude a la imposibilidad de llevar a cabo el mandato del Estado y niega cualquier tipo de infracción amparándose en la libertad de expresión. En su escrito, Torra alega que las estelades son "símbolos de anhelo de libertad" y una reivindicación "democrática, legítima, legal y no violenta".

También afirma Torra en su recurso que su deber es "defender la libertad de expresión de los empleados públicos", lo que en la práctica implica trasladar la responsabilidad de la desobediencia a sus funcionarios. Tras ello, el presidente de la Generalidad se escuda en la dificultad de retirar todos esos símbolos con la excusa de que "existen multitud de edificios públicos en todo el territorio de Cataluña, en los cuales se prestan servicios propios de la Generalitat, [y que] no son propiedad de esta institución".

En la pirueta argumentativa final de su escrito, Torra afirma que retirar esos símbolos partidistas sería en sí mismo partidista, pues supondría satisfacer a los partidos que están en contra de ellos: "Lejos de mantener la neutralidad, [se está] favoreciendo a los partidos que han realizado campañas públicas para fomentar e incentivar la retirada de estos símbolos de los espacios públicos". 

El Estado, inerme

El presidente de la Generalidad juega, en cualquier caso, sobre seguro. La JEC no tiene capacidad ejecutiva y su única opción en caso de desobediencia es esperar a que un recurrente presente una denuncia. Tras esa denuncia, la JEC tiene dos opciones. La primera es iniciar un proceso administrativo sancionador, que se cerraría con una multa de como máximo 3.000 euros. La segunda es trasladar el caso a la Fiscalía para que esta inicie un procedimiento judicial por desobediencia. 

Ciudadanos ha anunciado ya su intención de denunciar a Torra frente a la JEC. Ha sido Inés Arrimadas la que, a través de su cuenta de Twitter, ha afeado al presidente de la Generalidad "utilizar las instituciones de todos como tablón de anuncios del separatismo".

También el PP, por medio de Pablo Casado, ha proclamado su intención de acudir a la Fiscalía para exigir la retirada de esos símbolos. "Si Torra no cumple, iremos a la Fiscalía a exigir que se retiren los lazos amarillos de todas las calles y se respete la neutralidad y la dignidad en Cataluña, que no merece estar gobernada por unos independentistas que apelan a la guerra civil eslovena para justificar un suicidio para toda su tierra".

450 euros de multa y seis meses de inhabilitación

Aunque los casos de desobediencia por parte de la Generalidad y de otras administraciones catalanas son habituales en la comunidad, son pocos los casos en los que estos llegan a ser castigados por los tribunales. Uno de esos casos fue el de la alcaldesa de Berga Montserrat Venturós, de la CUP, que fue condenada en junio del año pasado por el juzgado penal número dos de Manresa a seis meses de inhabilitación y una multa de 540 euros por negarse a descolgar la estelada del balcón del Ayuntamiento de la localidad durante las elecciones autonómicas y generales de 2015.

Se da la circunstancia de que el abogado de Venturós durante la causa, Benet Salellas, es el mismo que en la actualidad defiende a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, en la causa por rebelión y sedición que se juzga en la actualidad en el Tribunal Supremo contra él y otros once líderes separatistas.