Esquerra Republicana ha decidido presionar al presidente catalán Quim Torra instándole a no descolgar los lazos amarillos que cuelgan del balcón de la Generalidad y de las Consejerías del Gobierno autonómico. De esta forma, incumpliría las órdenes de la Junta Electoral Central.

Coincidiendo con el vencimiento del plazo de 24 horas que este organismo había dado al presidente catalán para obedecer su requerimiento, los diputados de ERC Joan Tardà y Gabriel Rufián le instaban a no dar su brazo a torcer. A última hora de la noche del martes, los lazos seguían presentes en los edificios del Gobierno catalán.

Las declaraciones de Tardà y Rufián son  interpretadas en medios independentistas como fruto del hartazgo de una ERC que ve como su líder Oriol Junqueras es juzgado en el Tribunal Supremo, arriesgando décadas de cárcel, mientras Carles Puigdemont teledirige los pasos del procés y del Gobierno catalán desde su mansión en Waterloo al mismo tiempo que bloquea y demoniza cualquier tipo de negociación que pueda iniciar el partido republicano con el Gobierno de Pedro Sánchez. 

La presión de ERC va encaminada en una dirección: que Torra acabe sentado en el banquillo de los acusados por un delito de desobediencia. En este caso, el presidente de la Generalidad sería condenado con casi total seguridad a una pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público de entre seis meses y dos años. También podría ser sancionado, por vía administrativa, a una multa de hasta 3.000 euros. El proceso judicial, en cualquier caso, no se resolvería en breve e incluso podría alargarse durante años antes de que la condena fuera firme.

Libertad para obedecer o desobedecer

Quim Torra respondió a las palabras de Tardà y Rufián concediendo libertad a sus consejeros para descolgar o no descolgar los lazos de las sedes de sus Consejerías. También pidió un informe al Síndic de Greuges (equivalente catalán del Defensor del Pueblo) acerca de las órdenes de la Junta Electoral. "Haremos lo que nos diga el síndic", dijo por la tarde la consejera de Presidencia del Gobierno catalán Elsa Artadi.

En la práctica, nadie en el Ejecutivo autonómico espera que el informe del síndic coincida con la postura de la JEC, por lo que la petición del Gobierno catalán se entiende mejor como parte de una estrategia destinada a dilatar la resolución del conflicto, o a escenificar la ficción de que la última palabra al respecto será la de las instituciones catalanas, que como un interés sincero en la legalidad o ilegalidad de la medida. Que ese informe haya sido solicitado al Síndic de Greuges, que no tiene competencias en la materia, en vez de a los servicios jurídicos de la propia Generalidad, que sí la tienen, es prueba fehaciente de ello. 

Delitos electorales y de desobediencia

Mientras ERC y el Gobierno de Quim Torra movían sus piezas en el campo de batalla en el que se dirime quién liderará el movimiento separatista y, por lo tanto, tendrá el bastón de mando del Gobierno de la Generalidad durante la próxima legislatura, Ciudadanos hacía su propia jugada e insistía en la vía judicial. Carles Carrizosa, portavoz de este partido en el Parlamento catalán, anunciaba en conversación con EL ESPAÑOL su convencimiento de que la negativa de Torra a descolgar los lazos de los edificios de la Generalidad es constitutivo de un delito electoral.

"Vamos a insistir en la vía judicial. Para nosotros, Torra cometió desobediencia al ignorar el primer plazo de 48 horas, además de un posible delito electoral por exhibir propaganda fuera del período permitido y de los lugares autorizados, ya que en algunos edificios exhiben fotos de quienes han sido designados como candidatos", afirma Carrizosa. 

La paradoja es que la denuncia de Ciudadanos frente a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia podría conducir a que ésta ordenara descolgar los lazos a los mismos Mossos d'Esquadra que la semana pasada impidieron que lo hicieran algunos ciudadanos anónimos. Y anuncia Carrizosa: "La denuncia la interpusimos el pasado jueves, pero es susceptible de ser ampliada con hechos nuevos, cosa que no descartamos. También controlaremos políticamente el cumplimiento de la Administración del presidente en funciones Pedro Sánchez, que debe colaborar con la Junta Electoral para garantizar la limpieza de las elecciones".