A menos de un mes para el 28-A, la despenalización de la eutanasia vuelve a saltar a la palestra política. El debate lo reabrió este jueves el suicidio asistido de María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple en fase terminal que en numerosas ocasiones había expresado su deseo de morir y ejercer su derecho a acabar su vida de forma digna.
Finalmente su marido Ángel Hernández ayudó María José a poner fin al sufrimiento causado por esta enfermedad degenerativa para la que en la actualidad no existe cura, suministrándole una sustancia letal. Ángel fue posteriormente detenido. En España el Código Penal castiga con penas de dos a diez años de prisión la inducción al suicidio o la cooperación con el suicidio de otras personas (artículo 143). En cualquier caso, se prevé una rebaja si hay petición expresa de la víctima y ésta padece una enfermedad grave.
La suerte de Ángel Hernández habría sido distinta de haberse aprobado a tiempo la primera ley de eutanasia que estaba tramitando el Congreso de los Diputados. Un proyecto del PSOE que contaba con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP. La iniciativa al final se quedó en papel mojado debido a la disolución de las Cortes consecuencia del adelanto electoral.
La nueva legislatura que arrancará tras los comicios generales de abril abre ahora la puerta a que España cuente con su primera ley de eutanasia. El debate, altamente polarizado, se divide entre quienes abogan por despenalizar la eutanasia y regularla con todas las garantías, por un lado, y quienes se muestran contrarios a legislarla, por otro.
En el primer bloque se sitúan PSOE y Podemos, mientras que PP y Vox rechazan el derecho a decidir sobre la propia muerte y centran el debate en reforzar los cuidados paliativos. Por su parte, Ciudadanos mantiene una posición intermedia: ley de eutanasia sí, pero con una condición previa; que primero se regule la muerte digna y los derechos de cuidados paliativos. “En ese orden”, insistía este jueves el secretario general de los liberales, José Manuel Villegas.
La izquierda: derecho a la eutanasia
Pedro Sánchez propuso en mayo de 2018, menos de un mes antes de llegar a La Moncloa, que la eutanasia fuera considerada un derecho y que se convirtiera en una prestación sanitaria pública. La proposición de ley durmió el sueño de los justos hasta que, con la disolución de las Cortes, decayó como todas las demás iniciativas parlamentarias.
A la eutanasia, tal y como la concibe el PSOE, podrían acogerse todos aquellos mayores de edad que tuvieran sufrimientos físicos o psíquicos insoportables como consecuencia de una enfermedad grave que no tenga visos de mejorar sino sólo de empeorar con el tiempo. También estaría destinado a los discapacitados graves crónicos que se vieran gravemente afectados en su autonomía y vida diaria. El proceso estaría controlado por dos médicos, el que trata habitualmente al paciente (con derecho a la objeción de conciencia) y otro independiente, que revisaría que cumple los requisitos. En caso de desacuerdo, mediaría una comisión de expertos.
Antes de registrar esta Proposición de Ley Orgánica, Unidos Podemos ya planteó en 2017 una muy similar: proponía considerar la eutanasia como un servicio que podrían solicitar los mayores de 18 años o emancipados que padezcan una enfermedad terminal “sin esperanza” o “dolores físicos y psíquicos intolerables” para el paciente. Podemos también apostaba por incluir la eutanasia en la cartera básica de prestaciones de la Seguridad Social.
El texto fue rechazado por los socialistas al entender que la moción del partido de Pablo Iglesias no respetaba los cauces parlamentarios. La iniciativa socialista, según el PSOE, era más amplia y afectaba a modificaciones de leyes orgánicas y del propio Código Penal.
El PP: “Ese debate no existe”
El PP se muestra contrario a la eutanasia –“este debate no existe”, llegó a decir Pablo Casado- y pone el foco en los “cuidados integrales paliativos de calidad”. Los conservadores presentaron en el Congreso una enmienda a la totalidad a la iniciativa socialista porque "garantizaba no sólo la impunidad del suicidio asistido sino la propia eutanasia practicada por el personal sanitario en centros públicos y privados".
A pesar de que en la Cámara baja no se alumbrara un acuerdo con el resto de grupos, en la Asamblea de Madrid los populares sí que han apoyado la ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir, impulsada por Ángel Gabilondo (PSOE), una norma de mínimos aprobada por unanimidad -PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos- tras incorporar las propuestas de todos los grupos. La palabra eutanasia, en cualquier caso, no aparece en el texto que suscribieron los cuatro partidos.
Cs: primero cuidados paliativos
La formación de Albert Rivera, a pesar de ser partidaria de regular la eutanasia, no apoyó la propuesta de ley del PSOE. En su lugar, el partido centrista presentó otra sobre la muerte digna y prometió que votarían a favor de los socialistas si éstos antes apoyaban la suya. Es decir, primero completar el despliegue de los cuidados paliativos para después legislar sobre la eutanasia.
Este mismo jueves, tras conocerse el caso del suicidio asistido de María José, el número dos de los liberales en el partido, José Manuel Villegas, pedía hacer "autocrítica". "Teníamos desde principios de legislatura una propuesta de ley de cuidados paliativos que, obviamente y por lógica, debía aprobarse antes que la de la eutanasia, que también apoyamos".
Vox: eutanasia cero
Vox, en las antípodas de PSOE y Podemos en este asunto, critica duramente el derecho a la eutanasia. El propio Santiago Abascal escribía en junio de 2018 que “el proyecto de eutanasia” de Sánchez era “la forma progre de resolver el problema de las pensiones; la nuestra es liquidar las autonomías, no a los ancianos”.
Aunque entonces Vox era una fuerza sin peso institucional, al irrumpir en la escena política tras las elecciones andaluzas puso sobre la mesa un “plan de extensión de cuidados paliativos en la sanidad pública” para “reforzar las Unidades del Dolor en toda la red sanitaria”. Fue uno de los requisitos del partido de Abascal para apoyar la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta.
Por el momento, se desconoce el programa de Vox para el 28-A sobre esta cuestión, pero en otras citas electorales la formación verde ha defendido con firmeza una ley que “garantice los derechos como persona humana de los no nacidos, desde la concepción hasta la muerte natural, evitando cualquier tentación de acabar con cualquier vida humana, con el horizonte de aborto cero y eutanasia cero”.
“En sentido contrario se regularán las normas que eviten el encarnizamiento terapéutico, el suicidio asistido o cualesquiera otros procedimientos que menoscaben la dignidad de la persona humana, evitando que la muerte se convierta en un acto cargado de intervenciones sanitarias inútiles cuando no lesivas. Por una vida digna, por una muerte digna”.
Ley de eutanasia tras el 28-A
Aunque los partidos no se ponen de acuerdo, lo cierto es que la eutanasia será uno de los temas principales de esta campaña. El presidente del Gobierno ya avanzó la pasada semana que si gobierna nuevamente la regulará para que "la muerte sea tan digna como la vida". De hecho, el punto 91 del documento 110 compromisos con la España que quieres, los socialistas prometen sacar adelante “una ley para regular la eutanasia y la muerte digna, defendiendo el derecho a elegir con libertad hasta el último minuto de nuestra vida, y el derecho a recibir la mejor atención médica en su tramo más difícil”.
"Este proceso podía estar regulado perfectamente con todas las garantías que hiciesen efectivo este derecho de la persona, que ya dice que su sufrimiento no es compatible con su dignidad, su integridad física psicológica y moral", aseguró este jueves la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, que recordó que la ley fue tramitada hace más de un año y admitida a trámite, pero bloqueada por el PP y Ciudadanos.