Los vecinos de la calle Juan Álvarez Mendizábal, en el céntrico barrio madrileño de Argüelles, exigen al Ayuntamiento de la capital que tome medidas contra los okupas de La Yaya, el autodenominado "centro sociocultural" de las cocheras del número 74 de dicha calle cuyos miembros agredieron a dos jóvenes que intentaban entrar a su casa el pasado 31 de marzo.
El edificio, un garaje de planta baja de 900 metros cuadrados propiedad de un sobrino del cantante Julio Iglesias donde no se puede edificar, lleva ocupado desde mediados del año 2017 por un grupo heterogéneo de jóvenes antisistema cuyos miembros se van renovando continuamente.
Defienden que organizan actos culturales en el "centro social okupado autogestionado". Sin embargo, los vecinos se quejan de que sus actividades más repetidas son las fiestas nocturnas "con alcohol y todo tipo de drogas", tras las que dejan vidrios rotos en la acera del edificio. También les responsabilizan de la mayoría de pintadas con spray en los bloques colindantes. Sin embargo, la gota que ha colmado su paciencia ha sido la agresión física a dos vecinos.
Agresión a dos jóvenes
La madrugada del sábado a domingo 31 de marzo, dos jóvenes se disponían a entrar en uno de los bloques de la manzana donde se encuentra el centro ocupado cuando se encontraron a un grupo de personas haciendo pintadas. Al preguntar si eran los autores de una realizada en el interior del edificio, uno de ellos respondió desafiante: "Sí, ¿pasa algo? Lo he pintado yo, pijos de mierda". Así se recoge en la denuncia presentada en una comisaría de Policía cercana al lugar de los hechos.
Tras recriminar a los okupas su actitud, un miembro del grupo se acercó a uno de los jóvenes y le propinó dos puñetazos en la cara, mientras otra joven se acercó al otro denunciante y le escupió en la cara, según la denuncia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
No fue el único enfrentamiento que tuvieron los vecinos del barrio con los okupas aquél sábado. Según trasladan fuentes presenciales a este diario, otro vecino de avanzada edad se dirigió a un grupo de personas concentradas en la puerta de la cochera autogestionada y les recriminó que estuvieran allí "ensuciando" el barrio. Éstos le insultaron y gritaron, y efectivos de la Policía Nacional tuvieron que mediar para dispersarlos.
Precisamente el colectivo anunció para ese día en sus redes sociales una "fiesta antirrepre" (antirrepresión) desde las 20:00 horas a las 6 de la madrugada, y cuyos beneficios irían a parar a su "caja de resistencia". Previamente, anunciaban un evento de "micro abierto" para que quien quisiera fuera a "sacar lo que lleves dentro".
Cartel anunciador del acto de 'La Yaya' en Juan Álvarez Mendizábal el sábado 30 de marzo.
"El Ayuntamiento no hace nada"
En octubre de 2017, vigilantes de la empresa Desokupa intentaron el desalojo del edificio esperando que quedara vacío, como suelen operar este tipo de empresas. Fue imposible por la resistencia de los okupas, que se enfrentaron a ellos.
Otro vecino del barrio denuncia que la presencia de La Yaya amenaza la seguridad de los residentes. "Hace poco se subieron al tejado del edificio para instalar tela asfáltica utilizando herramientas con las que podrían haber provocado un incendio", se queja. Denuncia también el riesgo de cortocircuitos, porque "se han enganchado a la luz comunitaria" y recuerda que las cocheras no tienen "célula de habitabilidad, no son un lugar donde estar continuamente metidos".
"Hemos presentado multitud de quejas al Ayuntamiento y no nos hacen ni caso. Dicen que hay un procedimiento judicial abierto para el desalojo y que ellos no pueden hacer nada. Sin embargo, presentamos un proyecto para rehabilitar nuestro bloque de vecinos y ¡no nos dejaron hacerlo hasta que adjuntamos un plan de seguridad para evitar daños a los okupas!", denuncia el propietario con indignación. Tanto él como otras personas que habitan la zona hace décadas se quejan de la posición del Ayuntamiento de Manuela Carmena, en concreto de la concejal presidenta del distrito, Montserrat Galcerán, a la que acusan de no velar por la seguridad de los madrileños.