La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, impulsó una petición al Defensor del Pueblo para que recurriera ante el Tribunal Constitucional la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia de la Comunidad de Madrid, aprobada por unanimidad en julio de 2016 con los votos de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos.
En el escrito, presentado en noviembre de 2016 y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se solicitaba a Soledad Becerril, entonces al frente del Defensor del Pueblo, que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad a esta “ley totalitaria”.
El texto lo respaldaron una veintena de asociaciones civiles, católicas, provida, de familias numerosas y de padres separados. En concreto, alegaban que la norma madrileña vulneraba una serie de derechos básicos reconocidos en la Constitución española como “el derecho a la igualdad, a la integridad física y moral, a la protección de la salud, a la libertad de expresión, el derecho de educación, a la libertad ideológica y religiosa”, entre otros.
Detrás de los colectivos que elaboraron el escrito –Federación One of Us, HazteOír…– se encuentran personas que en la actualidad son diputados de Vox, como es el caso de Rocío Monasterio o Lourdes Méndez, política del PP durante más de 25 años que este año acabó recalando en el partido de Santiago Abascal. Cambió de formación porque, según dijo en una entrevista, el PP de Mariano Rajoy había abandonado “principios básicos como la vida o la familia”. También se sumaron a aquella solicitud asociaciones como la de Mariano Calabuig, exdirector del Foro de la Familia y hoy parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid.
No prohibir las “terapias aversivas”
En el segundo apartado del escrito se invoca la Carta Magna para denunciar que la ley autonómica contraviene varios derechos constitucionales. En ese contexto, subrayan que la “sanidad madrileña prohíbe las terapias aversivas o cualquier otro procedimiento que suponga un intento de conversión, anulación o supresión de la orientación sexual o de la identidad de género autopercibida”.
Asimismo, y en ese mismo epígrafe, se critica que la legislación “considera infracción muy grave la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Para la comisión de esta infracción será irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias”.
“Queda terminantemente prohibido que una persona LGTBI (que ha decidido libremente su orientación sexual) pueda a su vez acudir libremente por su propia decisión a un especialista para someterse a una terapia de aversión o conversión”, lamentaban las organizaciones al Defensor del Pueblo.
Lea aquí el texto íntegro de la solicitud al Defensor del Pueblo
Plataforma por las Libertades
Las asociaciones que secundaron esta solicitud formal son las que también apoyaron el manifiesto de la Plataforma por las Libertades, en el que también se hacía hincapié en la “libertad” para llevar a terapia a los hijos gays, tal y como informó este periódico.
Rocío Monasterio: "Es un ejemplo de fake news"
Un día después de que EL ESPAÑOL recordara el texto del manifiesto, Rocío Monasterio tachó de “ejemplo de fake news” el artículo. Admitió que ella fundó una plataforma para defender la libertad de la educación de los hijos según sus valores, pero olvidó que en la declaración a la que ella se adhirió había un punto que pedía “libertad individual ante leyes que prohíben someterse a una terapia de reorientación de la inclinación sexual cuando se trate de revertirla a la heterosexualidad”.