"Las más radicales siempre han sido ellas", sentencia un periodista de un diario nacionalista que conoce bien lo que se cocina en el seno de los partidos separatistas catalanes. Marta Ferrusola y su "me molesta mucho que el president de la Generalitat sea un andaluz". Carme Forcadell y su "¡President! Ponga las urnas". Laura Borràs y su "el castellano es una lengua de imposición".

Aunque la primera fila siempre la han ocupado los Jordi Pujol, Artur Mas, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, el procés no puede entenderse sin esa quinta marcha de la que siempre se han encargado ellas. Como explica Eduardo Mendoza en su libro Qué está pasando en Cataluña, la sociedad catalana tradicional, la nacionalista, siempre ha tenido bastante de matriarcado. 

Fue Marta Rovira, por ejemplo, la que a gritos y golpe de lágrimas presionó hasta la extenuación a Puigdemont en octubre de 2017 para que declarara la independencia en el Parlamento regional catalán cuando éste, convencido por Iñigo Urkullu, ya había decidido convocar elecciones autonómicas anticipadas. Pocos meses después, Marta Rovira huía a Suiza dejando a sus compañeros de ERC en la estacada y en prisión preventiva por riesgo de fuga.

Es Elisenda Paluzie, presidenta de la asociación civil Asamblea Nacional Catalana –en la práctica, el cuarto partido separatista catalán junto a JxCat, ERC y la CUP– la que lidera hoy el sector más radical e intransigente del separatismo. Es la misma Paluzie que contesta displicente a un periodista que le pide hablar en castellano "hoy no me apetece" o que le dice a las empresas que trasladaron sus sedes por el procés que lo mejor es "que no vuelvan" a Cataluña.

Y la última de la lista: Meritxell Budó y su "las preguntas se hacen en catalán y luego las repetimos en castellano". O su convencimiento de que el separatismo ganó las elecciones municipales en Barcelona con 15 concejales (10 de ERC y 5 de JxCat) cuando Barcelona en Comú, el PSC y Manuel Valls sumaban 24.

Habitual de Waterloo

La carrera de Meritxell Budó (Barcelona, 1969) no se entiende sin su adhesión inquebrantable a Carles Puigdemont y su afinidad con el sector más extremista del separatismo. Farmacéutica y alcaldesa de La Garriga entre 2007 y 2008, y desde 2011 hasta hace apenas unos meses -un pequeño pueblo de 16.000 habitantes a unos 50 kilómetros de Barcelona-, Budó fue nombrada este pasado marzo consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico catalán en sustitución de Elsa Artadi.

La portavoz, cercana a Jordi Turull, habitual del círculo de confianza de Puigdemont y visitante habitual de su mansión de Waterloo, habría pasado desapercibida entre el torbellino de nombramientos y decapitaciones habitual en el seno de JxCat y el PDeCAT si no hubiera sido por su negativa a responder las preguntas en español de la prensa durante su comparecencia frente a los medios el pasado martes. Una negativa que ha sido duramente criticada a lo largo de esta semana por periodistas como Cristina Pardo, Juan Soto Ivars y Carlos Herrera, o por políticos como Lorena Roldán y Jordi Cañas (de Ciudadanos) e incluso José Zaragoza (del PSC). 

"Es el procedimiento habitual en los partidos separatistas", dice una fuente cercana a la cúpula de uno de los partidos constitucionalistas catalanes. "Ponen de concejal a una del pueblo. Una muy militante. Se quedan sin líderes y tiran de lo que hay entre la militancia, sin formación y sin proyecto. Sólo les exigen radicalismo. Los presentan a las elecciones y, claro, ganan como podría haber ganado el pato Donald o cualquier otro, siempre y cuando fuera independentista. Y se convierte en alcaldesa".

Pero el proceso, por supuesto, no acaba ahí para los más fieles de entre los fieles. "Cuando encarcelan a sus líderes y se quedan sin gente", dice nuestro interlocutor, "ponen a las sobras en las listas electorales y te venden la moto de que han sido grandes alcaldes o que han ganado las elecciones municipales con no sé qué porcentaje demoledor".

Pero la pregunta sigue siendo… ¿es ése el caso de Budó? La respuesta es inequívoca: "Bueno, ahí la tienes. Payesa, tractorista, sin cultura social o política, sin dominio del idioma común, incapaz de contar escaños o de responder a preguntas difíciles. Pero portavoz del Gobierno autonómico".

Malestar en ERC

Pero donde las constantes meteduras de pata de Meritxell Budó han provocado más indignación no ha sido entre los partidos constitucionalistas o los medios de prensa de Madrid, inmunizados en cierta manera contra los habituales desprecios de los políticos nacionalistas, sino en ERC.

Y eso porque el máximo interés de los republicanos en estos momentos es aparentar moderación y ánimo dialogante con el objetivo de llegar a acuerdos políticos con el PSOE en los municipios catalanes, en el Congreso de los Diputados y de cara a las elecciones autonómicas que muy posiblemente se convocarán tras la sentencia del procés.

Pero, sobre todo, con vistas a los posibles indultos de Oriol Junqueras y el resto de líderes del golpe catalanista a la democracia de los meses de septiembre y octubre de 2017. 

Y es ahí donde Budó, cuya incontinencia verbal multiplica su impacto gracias a su posición como portavoz del Gobierno regional catalán, hace chirriar la estrategia de ERC. Tanto, que el partido republicano ya ha anunciado su intención de plantear el tema Budó en las próximas reuniones de los grupos de coordinación que mantienen con JxCat.

En ERC, por ejemplo, están convencidos de que el radicalismo de Budó les ha perjudicado en sus negociaciones por la alcaldía de Barcelona y ha contribuido en buena parte a que Ernest Maragall no sea hoy alcalde de la Ciudad Condal. Tan convencidos están, de hecho, que hasta Gabriel Rufián se vio obligado a salir al paso de Budó cuando ésta dijo que el compromiso de Manuel Valls para darle la alcaldía a Colau era una "operación de Estado". 

Quienes la conocen en La Garriga dicen que su principal mérito es haber sabido arrimarse a buen árbol para promocionarse, de ahí su cercana amistad con Turull primero y con Puigdemont después, que han sido quienes la han catapultado. También le reconocen una gran capacidad de trabajo.

“Es una radical, se cree todos los dogmas independentistas. La denunciaron por pasar al Ayuntamiento la factura del viaje a Bélgica para ver al fugado Puigdemont, y al final tuvo que devolver el dinero”.

Las mismas fuentes aseguran que en La Garriga estaba acostumbrada a controlarlo todo “pero la Generalitat es diferente, por eso las meteduras de pata”.