Las dificultades de Puigdemont para que el TJUE se pronuncie sobre su acreditación

El Parlamento Europeo ya tiene en su poder la lista de eurodiputados españoles que le ha remitido este lunes la Junta Electoral Central (JEC). Una relación de 50 nombres en la que de momento no figuran ni el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni su exconseller Toni Comín, fugados en Bélgica desde octubre de 2017, puesto que ninguno de los dos han acudido al acto para acatar la Constitución celebrado en Madrid. De haberlo hecho, habrían sido arrestados porque sobre ellos pesa una orden nacional de detención.

La Junta Electoral ha rechazado además la estratagema con la que el abogado de Puigdemont y Comín, Gonzalo Boye, intentaba recoger sus actas de eurodiputados por la coalición Lliures per Europa. Boye pretendía hacer valer un acta notarial firmada en Bélgica en la que los dos líderes independentistas hacen constar que acatan la Constitución por "imperativo legal". Un documento con el que a su juicio completan todos los requisitos para poder reclamar su acreditación como parlamentarios. Pero el presidente de la JEC, Segundo Menéndez, ni siquiera ha querido examinar los papeles.

Tampoco ha sido reconocido como eurodiputado el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, que se encuentra en prisión preventiva a la espera de la sentencia del juicio al procés. El Supremo ha decidido no autorizar su excarcelación para el acto de acatamiento de la Constitución con el argumento de que supondría un "irreversible peligro" para los fines del procedimiento judicial.

Finalmente, no figura en la lista el ministro de Exteriores, Josep Borrell, pero por motivos bien distintos: este lunes ha viajado a Luxemburgo para asistir a la reunión mensual de jefes de la diplomacia de la UE. Borrell asegura que irá a recoger su acta esta semana, probablemente el jueves.

¿Cuáles van a ser ahora los siguientes pasos de Puigdemont para tratar de hacerse con su acta? ¿Qué posibilidades tiene de éxito? ¿Podrá asistir a la sesión inaugural de la nueva legislatura en Estrasburgo el 2 de julio? La estrategia de su abogado se basa en lograr que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se pronuncie sobre el caso. Boye sostiene que el TJUE declarará ilegales las restricciones que impone la legislación española y reconocerá a Puigdemont y a Comín como eurodiputados de pleno derecho con su correspondiente inmunidad. Los fallos de Luxemburgo son vinculantes para los Estados miembros.

¿Recurso por omisión?

"Nosotros vamos a ir implementándolo poco a poco, pero evidentemente el que en último lugar va a resolver todo esto es el TJUE", ha dicho Boye en declaraciones a RAC1. A su juicio, Luxemburgo podría recurrir al "procedimiento de urgencia" con el fin de dictar sentencia antes del 2 de julio. De lo contrario, "sería la primera vez que el Parlamento Europeo inicie sus sesiones con un número de eurodiputados inferior al previsto".

El principal problema de esta estrategia es que un ciudadano particular sólo puede presentar un recurso ante Luxemburgo si una decisión de una institución de la UE le perjudica directa e individualmente, según explican fuentes europeas. Sin embargo, en el caso de Puigdemont no es la Eurocámara la que le deniega el acta de diputado, sino la Junta Electoral Central. Por tanto, no podría recurrir ante el TJUE sino que tendría que hacerlo ante los tribunales españoles. 

En este escenario, su defensa podría pedir al juez en España que pregunte al TJUE por la interpretación de la legislación comunitaria, una interpretación que también sería vinculante para España. Pero el tribunal español tendría la última palabra de si quiere o o plantear una cuestión prejudicial a Luxemburgo. La pregunta al TJUE sólo es obligatoria cuando la eventual sentencia no sea susceptible de recurso judicial en derecho interno.

La otra vía por la que un particular puede acudir al TJUE es la del recurso por omisión, si considera que una institución comunitaria ha eludido adoptar una decisión a la que estaba obligada y que también le afecta personalmente. En esta hipótesis, Puigdemont alegaría que la Eurocámara está obligada a acreditarle como parlamentario y no lo hace. De hecho, el expresidente catalán se ha plantado ya dos veces en la sede del Parlamento en Bruselas para tratar de lograr la acreditación provisional. La última el pasado viernes. Ambas sin éxito.

La Eurocámara se lava las manos

De momento, la Eurocámara se lava las manos e insiste en que corresponde a las autoridades nacionales y no al Parlamento Europeo determinar y proclamar los resultados electorales finales. La mesa de la Eurocámara (órgano en el que están representados el presidente, Antonio Tajani, y los 14 vicepresidentes) ha debatido brevemente este lunes la situación de Puigdemont y la suspensión de las acreditaciones temporales de todos los eurodiputados españoles. Una medida solicitada por PSOE, PP y Ciudadanos para evitar que el expresidente catalán pueda alegar que se le ha discriminado frente al resto de los elegidos el 26-M.

Varios vicepresidentes habían pedido explicaciones a Tajani por haber tomado esta medida unilateralmente, sin consultarles. El presidente ha explicado los motivos de la suspensión y ha resaltado que se trataba de una medida puramente administrativa que no es competencia de la mesa.

Además, ha anunciado que ya le ha llegado la comunicación de la JEC, por lo que enseguida se pondrá en marcha la acreditación oficial de los eurodiputados españoles. Los vicepresidentes que se habían quejado parecían más molestos por no haber sido consultados que por el fondo de la cuestión, que han entendido perfectamente, según fuentes parlamentarias.

En paralelo, los independentistas catalanes han logrado reunir la firma de 76 eurodiputados (sumando parlamentarios salientes y entrantes) en una carta que pide a la mesa del Parlamento Europeo que "reconozca y proteja los derechos políticos de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Toni Comín y los de los 2,2 millones de personas que les votaron", en particular su "inmunidad" y su derecho a ejercer como eurodiputados.

La misiva sostiene que la decisión de las autoridades españolas de no reconocerles como eurodiputados constituye "una clara violación de sus derechos políticos y un desprecio  de los más de dos millones de ciudadanos europeos que votaron por ellos", cuyo objetivo último es "impedir cualquier debate en el Parlamento Europeo que pueda cuestionar el juicio contra los líderes políticos y sociales catalanes".

La mayoría de los firmantes son eurodiputados de partidos nacionalistas, verdes o de izquierda radical. Entre los españoles se encuentran la representante del PNV, Izaskun Bilbao; el eurodiputado de Bildu, Pernando Barrena; la diputada del BNG, Ana Miranda; el de ICV, Ernest Urtasun; los ex del PDeCAT y de ERC, Ramon Tremosa, Jordi Solé y Josep Maria Terricabras; la nueva diputada de Esquerra, Diana Riba; y eurodiputados y exeurodiputados de Unidas Podemos como Maria Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urban, Idoia Villanueva, Manu Pineda, Sira Rego, Lola Sánchez Caldentey o Estefanía Torres.