El grupo de Vox en Les Corts ha registrado diez preguntas para conocer las medidas que ha implantado la Generalitat Valenciana mediante la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia, "un instrumento en manos de la izquierda marxista que quiere construir robots en lugar de personas que puedan decidir libremente".
Para sus diez diputados, la norma aprobada a finales del año pasado es "sectaria, adoctrinadora y fuertemente ideologizada, como todas las dictadas por el Botànic". "Es una ley para adoctrinar a los niños y no los protege ni a ellos ni a los adolescentes", ha denunciado en un comunicado el presidente y portavoz del grupo, José María Llanos.
Vox considera que la Ley 26/2018, del 21 de diciembre, "trata al niño como un adulto, señalando su ciudadanía activa y de pleno derecho, tanto en la esfera privada como en la pública, así como 'su participación política y económica'".
A esto se suma que, a su juicio, con ella "no se cumple ningún mandato moral de protección de la infancia y la adolescencia, sino que se confiere a los niños y adolescentes unas prerrogativas que eliminan cualquier decisión de los padres en su desarrollo integral y en la formación de su propio criterio".
Se trata, para el grupo, de "un instrumento en manos de la izquierda marxista, que quiere construir robots en lugar de personas que puedan decidir libremente, tras un desarrollo afectivo y social como individuos únicos y con identidad propia, y no como piezas de un ajedrez a los que la maquinaria de la 'interseccionalidad' de la izquierda de género quiere manejar".
Con este "elemento artificial", Vox entiende que el Consell "pretende condicionar al ser humano desde su infancia, en la idea de que todo vale, y de que no hay cosas que están bien y cosas que están mal".
"Desprecio a lo natural y biológico"
"Se desprecia lo natural y biológico y se sustituye por lo construido por el hombre. Y o que es peor, por quien ostenta el poder y pretende dominar el pensamiento, como ocurre con esta ley y con todas las del Botànic, fuertemente impregnadas de ideología colectivista, materialista, y nítidamente marxista".
En esta línea, para Vox "resulta significativo que se publicara en el DOGV (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el día de Nochebuena y entrara en vigor el día de Navidad", así como que "sea una ley que hiere de muerte, una vez más, a la patria potestad de los padres sobre sus hijos menores.
A los diez diputados del grupo también les "llama la atención" que la Ley de la Infancia se aprobara con los votos del Botànic --PSPV, Compromís y Podem--, Ciudadanos y con la abstención del PP, que "se puso de perfil".
En concreto, las primeras preguntas registradas por Vox van enfocadas a saber qué medidas ha adoptado el Consell para el cumplimiento del artículo 4.4 de la norma -desarrollo de políticas familiares de apoyo para que las familias puedan asumir plenamente las responsabilidades de crianza- y saber "cuáles son las 'políticas familiares de apoyo' a las que se hace referencia".
También quieren que la Generalitat detalle las medidas adoptadas desde la entrada en vigor de la ley y el cumplimiento del citado artículo, así como "en qué se ha concretado esa 'protección especial'".
"Violencia intrafamiliar"
Otra de las peticiones del grupo hace referencia a las iniciativas concretas para cumplir el artículo 10.4 de la Ley de la Infancia -la Generalitat debe proporcionar una atención integral a los niños o adolescentes víctimas de maltrato, junto a una cuarta para saber se han destinado ayudas por "violencia intrafamiliar".
La siguiente pregunta es cuándo se elaborará el manual de estilo que recoge el artículo 12.2, "con el fin de que la información pública sobre casos de maltrato a menores de edad no afecte al derecho de las víctimas al honor, la intimidad y la propia imagen".
Vox cuestiona seguidamente sobre la "participación política de los menores de edad" y su "participación en la vida económica", recogidas en el artículo 16.1. Y, como colofón, quiere saber qué disposiciones ha dictado el Consell para el desarrollo global de la Ley 26/2018, que "entró en vigor hace más de medio año".