Dijo Albert Rivera desde el atril que "todo se ha roto por un sillón, por ver quién controlaba un ministerio". Y revisando las últimas propuestas filtradas por unos y por otros, PSOE y Podemos, lo cierto es que el presidente de Ciudadanos tenía razón. Finalmente, el gobierno de coalición entre socialistas y morados no ha sido posible porque Pablo Iglesias exigía la cartera de Trabajo y Pedro Sánchez se negó.
En la noche del miércoles, cuando se rompieron las negociaciones -ya nunca recuperadas a pesar de los dos intentos de última hora de Unidas Podemos-, la formación morada llegó a revelar en una nota a la prensa que los negociadores del PSOE les habían confesado que jamás les podrían conceder el Ministerio de Trabajo porque "sois incómodos para la CEOE".
El rechazo por parte de las filas socialistas se justificaba, además, en la persona elegida por parte de Unidas Podemos para tomar la cartera que hoy lleva Magdalena Valerio, la diputada de Galicia en Común y militante del Partido Comunista Galego Yolanda Díaz.
Yolanda Díaz, a su llegada al hemiciclo del Congreso en la segunda votación de investidura de Pedro Sánchez.
Licenciada en Derecho y con dos másters en Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Díaz lleva tres legislaturas en el Congreso formando parte como vocal o portavoz de las comisiones parlamentarias de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; de Industria, Comercio y Turismo; de Política Territorial y Función Pública; de Transición Ecológica; de Economía y Empresa, entre otras.
Es decir, siempre ha dedicado su labor en la Cámara Baja a los asuntos más cercanos al empleo público, el sector industrial y la economía. Natural de Fene, en la ría de Ferrol, conoce la eterna crisis de los astilleros de Navantia en profundidad y se ha dejado ver en todas y cada una de las movilizaciones reivindicativas de sus trabajadores para reclamar "independencia industrial de España", carga de trabajo y salvar los empleos de los trabajadores amenazados por EREs o cierres.
Yolanda Díaz y Alberto Garzón en una manifestación de trabajadores de Alcoa frente al Ministerio de Industria.
Pero uno de sus papeles más relevantes fue dentro de la Comisión del Pacto de Toledo por las pensiones, que Unidos Podemos reventó al final de la última legislatura exigiendo a última hora cambios en el borrador de recomendaciones ya acordado por todos los grupos.
El movimiento táctico consistió en convertir los tres votos particulares que iba a añadir el grupo confederal en una enmienda a la totalidad del documento para lograr cambios en la edad de jubilación -que vuelva a los 65 años-, una subida en las bases máximas de cotización y la fijación por ley de qué significa la "suficiencia de las prestaciones".
80 días de negociaciones y desencuentros entre Sánchez e Iglesias
En realidad, eso no eran más que una pequeña parte de las exigencias eternas de Díaz, como portavoz en estos asuntos, en el Congreso. La política gallega, una jurista estudiosa hasta el detalle de cada texto legal y propuesta legislativa, respondía indignada a las acusaciones, señalando al PSOE por haberse "unido a las políticas neoliberales de PP, Cs y PDeCAT". Y reclamaba que las reuniones de la comisión "se hagan en adelante con cámaras, para que quede claro quién no ha querido el acuerdo".
"Si yo estuviera en el Gobierno..."
El pasado octubre, en plena visita de los funcionarios del FMI a España -que advertían sobre el "insostenible" sistema de pensiones-, la ministrable de Unidas Podemos declaró a este periódico que "si yo estuviera en el Gobierno, me daría igual lo que dijeran el FMI o la UE".
Yolanda Díaz, diputada de Unidos Podemos, en la tribuna del Congreso.
Fue Díaz también la que señaló a Nadia Calviño, ministra de Economía, como "una funcionaria de Bruselas en el Consejo de Ministros que hace políticas ultraliberales" y calificó las declaraciones de Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social como "perversas" cuando éste advirtió de que "el sistema de pensiones tal como está no es sostenible en 10 años, y menos si referenciamos su revalorización al IPC". Para Díaz es imprescindible fijar constitucionalmente esta referencia.
Lo cierto es que en su última oferta in extremis y ya desde el atril del Congreso de los Diputados, Pablo Iglesias renunció al Ministerio de Trabajo a cambio de "dirigir las políticas activas de empleo". Y que ya en la anterior "contraoferta de desbloqueo" que Pablo Echenique había enviado a primera hora al PSOE, Podemos también dejaba fuera de sus exigencias las competencias fiscales que consideraban indispensables para sacar adelante las políticas sociales en las que centraban sus objetivos dentro del Gobierno de coalición.
Última propuesta de Iglesias: "Renunciamos al Ministerio de Trabajo si nos cede las políticas activas de empleo"
Pero estaba en lo cierto Albert Rivera en su discurso cuando centraba todo el problema en la cartera de Trabajo y tenía razón el negociador del PSOE que en privado le dijo a su contraparte morada que Podemos era demasiado "incómodo para la CEOE" como para concederles el Ministerio de Trabajo.
Y es que, como reveló este periódico este lunes -y se confirmó en los papeles filtrados por el PSOE este miércoles por la noche sobre las peticiones de la formación morada-, Iglesias reclamaba competencias fiscales y laborales para implementar el impuesto a la banca y el de las grandes fortunas -largamente reclamados por el grupo confederal-, reordenar el impuesto de Sociedades -para que las empresas, sobre todo las grandes, tributen más-, y hacerse cargo de la persecución de la evasión de impuestos.
En el plano laboral, la reclamación de Podemos radicaba en tocar la legislación de manera directa: impulsar medidas contra la precariedad laboral, subir el Salario Mínimo Interprofesional a 1.200 euros de aquí al final de la legislatura -como muy tarde-, recuperar la negociación colectiva y derogar las subcontratas de la actividad principal -es decir, arreglar la vida, entre otras de las camareras de piso, las kelis-.