A la hora de hacerse con los gobiernos autonómicos, el PSOE está cediendo ante una de las históricas pretensiones del nacionalismo: el control de las políticas lingüísticas. Así lo hará en esta legislatura en Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana y Aragón.
La estrategia de los socialistas para aferrarse al poder territorial tanto en gobiernos autonómicos como municipales ha consistido, desde las elecciones del pasado 26 de mayo, en alcanzar acuerdos con fuerzas nacionalistas, convertidas ahora en socios preferentes.
Así sucede en Navarra, donde el PSN ha cedido a Geroa Bai las competencias lingüísticas para impulsar el euskera. Sucede en Valencia, donde los pactos entre Ximo Puig y Compromís -el Botànic II- han permitido a los nacionalistas ocupar la Conselleria de Educación. También sucede en Baleares, donde el PSOE ha renovado su pacto con Més per Mallorca, partido que defiende abiertamente el "derecho a decidir". En Aragón, el socialista Javier Lambán ha sido investido presidente tras repartirse el gobierno con Podemos, PAR y los nacionalistas de la Chunta, en el primer gobierno cuatripartito de la historia de la política aragonesa.
Los nuevos socios de Sánchez son, en el caso de las cuatro comunidades que aquí se citan, menos importantes en número de votos y escaños. Por eso, están dispuestos a rebajar sus pretensiones a cambio del control de las políticas lingüísticas. Unas peticiones escasas, a juicio del PSOE, que convierten a los nacionalistas en socios, en detrimento de fuerzas constitucionalistas.
Navarra (Geroa Bai)
Desde este pasado viernes, Navarra está gobernado por el cuatripartito formado por PSN, Geroa Bai, I-E y Podemos. De todos ellos, Geroa Bai estará al frente de la política del euskera. Lo hará a través del control de una de sus cuatro consejerías, la de Relaciones Ciudadanas, que incluye el Instituto Navarro del Euskera, Euskarabidea.
María Chivite, nueva presidenta de la Comunidad foral, otorgará al partido liderado por Uxue Barkos (marca regional del PNV), la potestad de aplicar políticas para impulsar una lengua que habla menos del 7% de los navarros y tan solo un 2,9% de los pamploneses, según un estudio de la Universidad Pública del País Vasco.
En la pasada legislatura, Chivite consideraba el euskera “una imposición nacionalista sin fundamento”. Ahora, ha pasado a hablar de la necesidad de "un amplio acuerdo social y político entorno al euskera, reflejo de la idiosincrasia y realidad socio-lingüística navarra" y ha cedido su control al nacionalismo.
Todo ello para defender “una lengua propia” que Chivite ni habla ni entiende, como demostró este pasado jueves cuando tuvo que utilizar auriculares con traducción simultánea para seguir el discurso de Barkos y Bakartxo Ruiz (EH Bildu).
María Chivite y Ramón Alzórriz, utilizaron cascos en el parlamento navarro para poder entender el discurso de Bakartxo Ruiz (Bildu).
Baleares (Més per Mallorca)
El caso de las Islas Baleares es paradigmático. El pasado mes de junio, el PSOE renovó el pacto con el partido separatista Més per Mallorca (al que se unió Podemos) y le otorgó dos consejerías en el Gobierno balear: las de Medio Ambiente y Servicios Sociales y la Secretaría de Innovación y Universidades.
El pacto de gobierno, firmado por PSOE, Més y Podemos, continúa la hoja de ruta marcada la pasada legislatura por la socialista Francina Armengol y Gabriel Barceló, líder de la fuerza separatista, que recogía medidas encaminadas a imponer el catalán como lengua vehicular en la Administración y en la enseñanza.
Esto se ha traducido, en los últimos años, en la política de inmersión lingüística y en la exigencia del catalán como requisito indispensable para acceder a la función pública. De hecho, Baleares es, después de Cataluña, la comunidad con mayor inmersión lingüística del país. Un 84,9% de los centros públicos de las Islas tiene implantado un sistema educativo 100% en catalán, según datos del Ministerio de Educación correspondientes al curso 2016-17.
Valencia (Compromís)
Tras las elecciones autonómicas del 28 de abril, en Valencia se reeditó el pacto del Botànic, el gobierno de coalición compuesto por PSPV, Compromís y Podemos. El Botànic II significa cuatro años más de nacionalismo al frente de políticas lingüísticas, ya que Vicent Marzà (Compromís) seguirá al frente otros cuatro años de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.
Uno de los reclamos favoritos de la formación nacionalista es que comience a aplicarse la llamada "Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano en las funciones administrativas e institucionales". En términos mundanos, introducir una cláusula en la ley de Función Pública por la que los futuros funcionarios deberán acreditar determinados conocimientos de valenciano. Todo el que no hable la lengua, estaría incapacitado para ser funcionario.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, junto con el conseller de Educación, Vicent Marzà.
La Conselleria de Justicia, dirigida por la socialista Gabriela Bravo, rechazó la exigencia de sus socios de que esta medida se comenzara a adoptar de manera automática. Esto generó un conflicto entre los dos socios de gobierno, en el que Podemos decidió mirar a un lado y no entrar en la disputa sobre si aplicar ese requisito.
En las aulas de los colegios se está llevando a cabo también una imposición del valenciano que ha provocado numerosos recursos ante los tribunales y manifestaciones. También se han denunciado casos de adoctrinamiento en las tesis nacionalistas.
Aragón (Chunta)
Por primera vez en la historia de Aragón, hay un gobierno cuatripartito. El socialista Javier Lambán (62 años) cuenta ahí como socios con Podemos, Partido Aragonés (PAR) y Chunta Aragonesista (CHA). IU votó a favor de la investidura, pero no forma parte del Ejecutivo.
CHA logró tan solo 40.160 votos en las elecciones autonómicas del 26 de mayo. Con una fuerza tan modesta, las exigencias de los nacionalistas fueron proporcionales, sin renunciar a sus pretensiones: Vertebración del Territorio y la Dirección General de Política Lingüística.
Javier Lambán, durante su discurso de investidura en las Cortes de Aragón.
El presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, calificó al acuerdo cuatripartito como "el pacto de la vergüenza" y aseguró que "es el Gobierno de todo por el sillón sin importar nada más. El único objetivo es sobrevivir, colocarse y repartirse el botín".
Alas al pancatalanismo
Los pactos alcanzados entre el PSOE y partidos nacionalistas han dibujado un mapa de influencia nacionalista preocupante en las comunidades limítrofes a Cataluña, aquellas cuya anexión ha reivindicado históricamente el pancatalanismo.
¿Qué es el pancatalanismo? La ideología política que defiende el carácter de nación del conjunto de los territorios donde se habla catalán y valenciano: Cataluña, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y la que denominan Franja de Ponent de Aragón. Su tesis fundamental consiste en defender la existencia de los "Países Catalanes".
Grafiti de ideología pancatalanista.
Pactos como los alcanzados en la Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón demuestran que los socialistas están cediendo parcelas clave a un pancatalanismo que promueve análogas políticas, culturales y educativas a las que en Cataluña desembocaron en el referéndum ilegal del 1-O.