La batasunización progresiva de la Cataluña nacionalista, paradójicamente liderada por el partido de la alta burguesía catalana y, no tan paradójicamente, también por ERC y la CUP, prosigue ciega su camino hacia el abismo aferrada a un guion que replica, paso por paso, el de la Generalidad republicana del periodo comprendido entre 1934 y 1936. Rebelión contra la legalidad institucional, republicana entonces y constitucional hoy, incluido
La jornada de ayer, dedicada al debate de política general autonómica, acabó con la aprobación de setenta y siete propuestas de resolución, pero también con una bronca de proporciones mayúsculas entre Ciudadanos y los partidos nacionalistas por los ataques de estos últimos al encarcelamiento por parte del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de los siete CDR (Comités de Defensa del Referéndum) acusados de integración en organización terrorista, conspiración para cometer estragos y tenencia de explosivos.
Una línea roja, la del apoyo a la violencia y a los violentos, que los partidos separatistas del Parlamento catalán no se habían atrevido a franquear hasta ahora. Superada la pantalla de la no condena del terrorismo, ni que sea con la habitual salvaguarda de un derecho a la presunción de inocencia que ningún partido de la oposición niega, la única pregunta a día de hoy es cuál será la próxima fase de la degeneración del separatismo hacia modos y actitudes predemocráticas.
Bronca en el Parlament por la defensa de los CDR
[ENCUESTA: ¿A quién preferiría como próximo presidente del Gobierno?]
Día de furia
La política catalana parece dormitar durante días e incluso semanas alimentada únicamente a base de escenificaciones de rebeldía inane y declaraciones de épica rimbombante, aunque improductiva, para despertar durante breves periodos de locura institucional que conducen a los ciudadanos y a las instituciones catalanas hasta terrenos muy alejados de la democracia constitucional. Ayer fue uno de esos periodos.
Carentes de líder, de estrategia y de la más mínima voluntad de enmienda, los líderes civiles y políticos de la Cataluña nacionalista se lanzaron a la deslegitimación radical de cualquier rastro de Estado de derecho en Cataluña. Nada excepcional en el contexto habitual de la política catalana, aunque agravado en este caso porque la excusa para esa deslegitimación fue la defensa de nueve acusados de terrorismo de los cuales al menos dos han reconocido frente al juez de instrucción haber comprado explosivos para ejecutar acciones con el objetivo de "meter ruido".
Una confesión que no frenó ni un ápice la catarata de teorías conspiracionistas habituales entre el separatismo. Ayer en Cataluña se habló, y no sólo en las redes sociales, de montajes judiciales, de torturas policiales, de conspiraciones monárquicas y de democracias a la turca. Un día habitual en Cataluña, si no fuera por la novedad de la aparición de ese grupo de radicales dispuestos a "actuar" y que desmontaron de un plumazo las fantasías pacifistas de un nacionalismo incapaz de disimular ya su naturaleza violenta.
Contra la Guardia Civil
La trifulca en el Parlamento regional catalán, con los partidos separatistas (JxCAT, ERC y la CUP) echados al monte y exigiendo la retirada de la Guardia Civil de Cataluña, el ejercicio de la autodeterminación, la amnistía de los presos del procés y la dimisión de la delegada del Gobierno Teresa Cunillera por "manifiestamente incapaz de garantizar los derechos de la ciudadanía de Cataluña", acabó con la expulsión de Carles Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, del hemiciclo. PP, PSC y Cs votaron en contra de las mencionadas resoluciones mientras los comunes de Podemos, en su línea habitual, ejercieron la equidistancia y se abstuvieron.
Una vez fuera del recinto, y flanqueado por sus compañeros, un Carrizosa al que pocas veces se ha visto tan indignado ofreció una rueda de prensa en la que reclamó la intervención inmediata del presidente del Gobierno frente a un Parlamento autonómico "que jalea el terrorismo". "¿Qué más tiene que pasar con los que quieren poner bombas en el Parlamento? ¿Tiene que morir alguien?" se preguntaba retóricamente Carrizosa mientras alguno de los periodistas catalanes presentes en la rueda de prensa le cuestionaban por "sus formas".
En el momento de salir del hemiciclo expulsado por el presidente del Parlamento regional Roger Torrent, los también diputados republicanos Rubén Wagensberg y Ernest Maragall se habían encarado con Carrizosa durante unos segundos. El gesto no pasó desapercibido. A los pocos minutos, y tal y como explica el diario ABC, algunos radicales manipularon la página de Carrizosa en la Wikipedia para definirlo como "un demagogo borracho de extrema derecha" y como "un putero beodo a la puerta de un burdel de carretera".
A vueltas con el lazo
Pero la tensión en el Parlamento fue sólo la guinda de un día más largo de lo normal en Cataluña. Porque por la mañana, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había instado al presidente autonómico Quim Torra a retirar el lazo amarillo y la pancarta de apoyo a los presos del procés que cuelga del balcón de la Generalidad. Lo había hecho tras rechazar el recurso de Torra, que ha manifestado en diferentes ocasiones su negativa a retirar los símbolos separatistas, diga lo que diga la Justicia, al considerarlos como un mero ejercicio de su libertad de expresión.
A la hora de escribir este texto, lazo y pancarta continúan en el balcón de la Generalidad. Torra será juzgado el próximo 18 de noviembre por su negativa a retirar esos mismos símbolos durante las semanas previas a la campaña electoral del pasado mes de abril. La Fiscalía pide para él un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por desobediencia. Caso de ser impuesta, esa multa acabaría siendo pagada, con total seguridad, por el fondo que la asociación separatista radical ANC destina a estos fines.