La radicalización del separatismo, la batasunización del Parlamento catalán, la exigencia de que la Guardia Civil abandone la región y la detención de nueve extremistas que el juez instructor de la Audiencia Nacional, la Fiscalía y la Guardia Civil consideran el germen de un nuevo grupo terrorista de ideología separatista no han pasado desapercibidos para el Ministerio del Interior, que este año desplegará más efectivos de la Policía y la Guardia Civil que el año pasado, durante el primer aniversario del referéndum del 1-O.

El despliegue decidido por el ministro Fernando Grande-Marlaska está siendo realizado con la mayor discreción posible con el objetivo de no excitar aún más los ánimos de las masas independentistas. A la tensión por el aniversario del 1-O se umará la provocada por la sentencia del procés que el Tribunal Supremo hará pública durante la segunda o la tercera semana de octubre. Una tensión que cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado dan por descontada sea cual sea la dureza o la benignidad de la decisión de la Sala presidida por Manuel Marchena. 

"No habrá un Piolín 2" dijo el pasado 19 de septiembre la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, en referencia al más conocido de los tres barcos en los que se alojaron parte de los 6.000 agentes enviados por el Gobierno de Rajoy a Cataluña en septiembre de 2017 para impedir la celebración del referéndum del 1-O. Lo dijo durante una entrevista en el programa de TV3 Els matins. 

Por razones obvias de seguridad, el Gobierno suele mostrarse reticente a dar la cifra exacta de agentes desplegados y las unidades a las que pertenecen. Las últimas noticias hablaban de 750 agentes, pertenecientes a quince grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Pero las fuentes consultadas aproximan ese número al millar.

Las cifras suelen ser sensiblemente superiores a las que se admiten ante los medios. Todas las fuentes aseguran que el número será este año muy superior al del año pasado, cuando el Ejecutivo desplegó a unos 600 antiditurbios de la UIP para el primer aniversario del 1-O.

Una misión de varias semanas

En 2019, como ocurrió también en 2018, la versión oficial es la de que esos agentes se limitarán a proteger edificios oficiales pertenecientes al Estado, como las comisarías o la Delegación del Gobierno en Barcelona. Oficialmente también, la UIP sólo intervendrá en los previsibles choques callejeros que se producirán en las calles y las carreteras catalanas si los Mossos d'Esquadra solicitan su ayuda.

Junto a los agentes de la UIP se desplegará también un número indeterminado de guardias civiles, que se incrementará o disminuirá en función del análisis de riesgos que realice el Ministerio del Interior. 

Lo que también parece confirmado es que la mayoría de los agentes desplegados no volverán de inmediato a sus cuarteles de origen tras el 1 de octubre, sino que permanecerán en la región durante semanas, en previsión de nuevos altercados, hasta la publicación de la sentencia del procés y a la espera de la posterior reacción.

Los agentes recién llegados se sumarán a los casi 3.600 agentes de la Guardia Civil y los 3.400 de la Policía Nacional presentes de forma permanente en Cataluña y destinados a todas aquellas tareas y competencias no cubiertas ya por los Mossos d'Esquadra: lucha antiterrorista, narcotráfico, aeropuertos, puertos, Policía judicial o Seprona. 

Según las fuentes oficiales, el despliegue en Cataluña se llevará a cabo en coordinación con los Mossos d'Esquadra. La confianza entre ambos cuerpos, que se había recuperado parcialmente tras la aplicación del 155, se ha enrarecido tras la nueva oleada de radicalización del separatismo. Y fruto de ello es el hecho de que la Guardia Civil ocultara a los Mossos el verdadero objetivo de la operación Judas en la que se detuvo a nueve miembros de los CDR por temor a que la Policía autonómica catalana, o incluso el Gobierno catalán, pudieran filtrar la información acerca de la redada a los nueve CDR arrestados. 

Más allá del despliegue de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, también los Mossos d'Esquadra están preparándose para este nuevo octubre caliente del separatismo, en su caso con material antidisturbios novedoso. Es el caso de un nuevo tipo de vallas de un metro y medio de altura que evita las acometidas de la muchedumbre y también que estas sean lanzadas contra los policías. O el posible uso de gas pimienta, menos lesivo que las habituales defensas de los agentes, pero más efectivo por la fuerte sensación de ahogo que provoca en el sujeto que entra en contacto con él.