Torra no puede pagar las facturas pero abre nuevas 'embajadas' en México, Argentina y Túnez

La asfixia financiera de la Generalidad va por barrios. Por un lado, el Gobierno catalán se ha visto obligado a rogar al PSC que interceda para que el Gobierno le transfiera urgentemente 1.400 millones de euros, la parte que le corresponde de los 8.000 millones prometidos a las comunidades y a los ayuntamientos españoles por Pedro Sánchez. Por otro lado, nombró ayer a tres nuevos embajadores –responsables de delegación, según la terminología oficial– para las tres nuevas embajadas que el Gobierno catalán ha abierto en México, Argentina y Túnez. 

Se da la circunstancia de que esos nombramientos han sido realizados a propuesta de la Consejería de Exteriores autonómica y haciendo caso omiso del recurso que el Ministerio de Exteriores ha presentado frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la apertura de nuevas embajadas. Según el Ministerio de Exteriores, las embajadas catalanas denigran la imagen de España y dañan sus intereses.

En palabras de Alfred Bosch, consejero de Exteriores de la Generalidad, "el Gobierno catalán no se detiene por más recursos que nos quieran interponer porque Cataluña considera que es necesaria, legal y legítima la internacionalización. Tenemos que hacer acción exterior y tenemos que explicar al mundo la realidad de Cataluña".

Los 1.400 millones que la Generalidad reclama deberían servir, en parte, para cubrir la renta mínima garantizada, a la que tienen derecho las personas en edad de trabajar y sin ingresos, y que en Cataluña cobran casi 75.000 personas. Según datos de junio de este año, más de la mitad de las solicitudes, el 58%, son rechazadas por la Generalidad. Otra parte de esos 1.400 millones deberían servir para cubrir las necesidades financieras del plan contra el fracaso escolar. 

Universidades en dificultades

Que las apreturas financieras del Gobierno autonómico son selectivas lo demuestra otro de los escándalos que estalló en Cataluña a principios del mes de septiembre, cuando muchos alcaldes catalanes, hasta 250, se quejaron por el impago de la deuda de veintiún millones de euros con la compañía Endesa generada por el suministro energético a familias en riesgo de exclusión. La ley catalana de pobreza energética prohíbe el corte del suministro a esas familias, pero no especifica quién debe hacerse cargo de la deuda.

Endesa sostiene que la deuda deben pagarla las empresas energéticas y las administraciones al 50%. Los ayuntamientos, por su parte, reclaman a la Generalidad el pago de su 50%. Y la Generalidad dilata la solución del conflicto mientras defiende la idea de que ese 50% que corresponde a las administraciones deberían pagarlo a medias ayuntamientos y Gobierno autonómico. Visto el inacabable debate, Endesa amenaza con cortar el suministro a los cinco meses de emitida la factura si las administraciones no cumplen su parte del acuerdo. 

Las malas noticias para un Gobierno de la Generalidad paralizado y con los presupuestos prorrogados desde 2017 en tres ocasiones no se acaban ahí. Las ocho universidades públicas catalanas, unas de las entidades más afectadas por la merma de financiación provocada por el procés, a duras penas pueden hacer frente a los gastos corrientes de luz y agua, así como al incremento del IPC de los salarios de sus trabajadores. Las universidades catalanas han pasado, en conjunto, de recibir 900 millones de euros a recibir 700. Oficialmente, sin embargo, la Generalidad achaca al "control financiero por parte del Estado español" sus dificultades financieras.

Según informaba el diario ABC el pasado mes de julio, Cataluña dedica menos millones a la educación superior que comunidades como Andalucía (1.300 millones) o Madrid (750). Lo que no ha impedido que la Generalidad subvencione, a través del Instituto Ramon Llull –el Instituto Cervantes catalán– cátedras en universidades de todo el mundo con un importe total de seis millones de euros entre 2016 y 2019. Las universidades más vinculadas con el independentismo, como las de Glasgow o la London School of Economics, han sido las más beneficiadas por los pagos de la Generalidad.  

El pasado mes de agosto, el vicepresidente autonómico catalán, Pere Aragonès, de ERC, avanzó el llamado cierre presupuestario, normalmente ejecutado en noviembre, que obligó a las empresas públicas a presentar un plan de ajuste del 6%. Según cifras oficiales de la Generalidad, el Estado le debe al Gobierno catalán 1.354 millones de euros. De ellos, 874 han sido reconocidos por el Estado. Si la Generalidad quiere cumplir con el objetivo de déficit para este año, deberá además recortar este en un 0,1%, lo que equivale a 720 millones de euros. Sin ese recorte, Cataluña no podrá volver a los mercados financieros, de los que está excluida desde 2012. La deuda total de Cataluña es de 78.831 millones de euros.