No existe un puesto de trabajo en Cataluña con mayor riesgo de despido fulminante a día de hoy que el ocupado por Miquel Buch, el consejero de Interior del Gobierno autonómico catalán. Tras la violencia desatada el lunes, martes y miércoles por los radicales del Tsunami Democràtic en Barcelona, pero también en otras ciudades catalanas, el separatismo ha girado la vista de inmediato hacia el traidor más cercano. ¿El pecado de Buch? Haber dado órdenes a los Mossos de actuar contra los violentos en vez de adoptar un perfil bajo frente a sus "protestas".
Por la mañana, el inminente cese de Buch se daba como muy probable en Cataluña. Porque a esas horas pedía su cabeza, desde Waterloo, Carles Puigdemont. El expresidente prófugo es el más interesado en la degeneración del orden público en Cataluña, ahora que el juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha reactivado la petición de extradición contra él. Y Buch es su primer obstáculo en el camino.
También pedían la dimisión de Buch una decena de diputados de JxCAT, los CDR, la CUP, la exconsejera Clara Ponsatí, el grupo Demòcrates –perteneciente a ERC– y personalidades destacadas del separatismo como Pilar Rahola.
Reunión sin acuerdo
La reunión a mediodía entre Buch, el presidente de la Generalidad Quim Torra, el vicepresidente Pere Aragonès y la portavoz Meritxell Budó acabó sin acuerdo sobre un hipotético cese del primero. También sin llegar a conclusión alguna acerca de la manera de enfocar las protestas a partir de ese momento, divididos entre la opción de la línea radical y la simplemente dura.
Los partidarios de la línea más radical del separatismo, encabezados por Torra y Puigdemont, preferirían que las protestas escalaran hasta el punto de máxima tensión. Punto de máxima tensión que está previsto que llegue este viernes con la huelga general convocada por el separatismo, y que se alargue durante todo el fin de semana.
Los partidarios de la línea dura han optado, sin embargo, por descargar toda la responsabilidad de lo ocurrido sobre los Mossos d'Esquadra y sobre unos fantasmagóricos "grupos infiltrados" que, siempre según el relato oficial, estarían provocando los altercados camuflados entre la pacífica masa separatista.
En esa línea de argumentación, y durante una entrevista en la cadena SER, el diputado de ERC Gabriel Rufián condenó la violencia, pero también "la actuación desproporcionada de los Mossos". Rufián pidió en esa entrevista "explicaciones" al consejero de Interior, pero sin exigir su dimisión.
El enemigo en casa
A la hora de escribir este artículo, Miquel Buch cuenta con el apoyo de la mayoría de su partido, JxCAT, y de una buena parte de ERC. También de Artur Mas, su principal valedor. El PDeCAT, por su parte, ha dado órdenes a sus simpatizantes y afiliados de no criticar a Buch ni pedir su dimisión. La paradoja es que son también miembros de su partido los que con más saña lo quieren fuera del Gobierno a la mayor brevedad posible.
La reacción de Torra, que tras la reunión con Buch se unió a las marchas que durante todo el día bloquearon las principales carreteras catalanas, corroboran que el sillón del consejero es una auténtica silla eléctrica. Por ella han pasado en los últimos cinco años cuatro consejeros: Ramon Espadaler, Jordi Jané, Joaquim Forn y Miquel Buch, y entre los dos últimos, como consecuencia de la aplicación del 155, asumió las competencias Juan Ignacio Zoido.
El deseo de Torra es el de cesar a Buch de inmediato para que los militantes del Tsunami Democràtic y los CDR tengan el campo libre durante el viernes y el fin de semana. Pero la mayoría de su propio partido, y sobre todo ERC, se lo impiden.
Antidisturbios inermes
Durante una rueda de prensa que se debía haber celebrado a las 11:30, pero que se retrasó hasta las 17:00, Buch anunció que su departamento investigaría "algunas actuaciones de los Mossos d'Esquadra". Era su manera de descargar buena parte de la presión sobre unos agentes que a partir de ahora deberán enfrentarse a los violentos sin hacer uso de una parte del material antidisturbios habitual. También sin aplicar técnicas como la del carrusel, que consiste en una caravana de furgonetas de la Policía que circulan a gran velocidad para amedrentar y dispersar a los radicales.
"En el caso de que algunas actuaciones de los Mossos no se ajusten a los protocolos establecidos, se abrirían expedientes, porque se hace siempre", amenazó Buch durante su comparecencia. "Las manifestaciones han estado protegidas por nuestra Policía. Los Mossos garantizan a todos los catalanes el derecho de manifestación" añadió luego.
Los circunloquios retóricos de Buch para mantener un perfecto equilibrio entre las dos almas del Gobierno autonómico, la radical y la dura, eran evidentes. Buch es ahora mismo la cara visible, para un separatismo ya definitivamente desconectado del Estado de derecho, de un Gobierno que alienta las protestas y que las reprime a la vez. De la habilidad de Buch para sorber y soplar la sopa de la violencia al mismo tiempo dependerá que permanezca en el cargo durante 24, 48 o quién sabe cuántas horas más.