Ciudadanos exigirá "responsabilidades" a Ada Colau por sus 56 contratos a dedo a Unipost

El escándalo de los 56 contratos adjudicados a dedo por el Ayuntamiento de Barcelona a Unipost cuando la empresa ya estaba en quiebra apenas ha empezado a dar sus primeros pasos. Tanto el grupo municipal de Ciudadanos como el del Partido Popular anuncian "medidas" contra la alcaldesa, Ada Colau, si no ofrece explicaciones por este caso desvelado por EL ESPAÑOL. 

Ciudadanos ya ha pedido al gobierno municipal que aclare la situación contractual de Unipost -empresa que montó el 1-O para Puigdemont- con el Ayuntamiento. "Hemos solicitado explicaciones tanto por instancia en el registro como en la cuenta general. Nos van a entregar material que ya disponemos. Pero dependiendo de las respuestas que nos den, no descartamos ninguna vía", asegura Mari Luz Guilarte, presidenta del grupo municipal de Cs.

Guilarte considera que Ada Colau "benefició a una empresa que estaba vulnerando los derechos de sus trabajadores al no abonar sus cotizaciones sociales". "Consideramos que no ha habido ningún tipo de transparencia y que Colau ha utilizado la vía del dedazo para adjudicar 56 contratos a una empresa que incumplía todas las premisas legales para poder prestar servicios al Ayuntamiento", añade la dirigente de Cs, muy crítica con la opacidad del equipo de gobierno.

"Colau es muy dada a promover, alentar y a practicar la desobediencia, y eso acaba costándole dinero, tiempo y recursos a la Administración y a los ciudadanos. Desde Ciudadanos velamos por el cumplimiento de la legalidad a todos los niveles y por eso vamos a exigir a Colau que deje de lado los dedazos, que tenga una política más transparente, que cumpla en todo momento con la ley de contratos del sector público y que deje de ejercer de fábrica de subsidiarios afines a su ideología", añade.  

Al servicio del separatismo

Óscar Ramírez, concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, confirma también que van a tomar cartas en el asunto. "Vamos a pedir explicaciones al Gobierno municipal por estas posibles irregularidades. En función de lo que nos contesten, tomaremos medidas".

"Entendemos que esos contratos se han adjudicado a dedo", añade Ramírez. "El gobierno municipal, que tanto presume de transparencia, no puede alegar desconocimiento cuando no se cumplen los requisitos para contratar. Unipost ya estaba en concurso de acreedores en julio de 2017, y sólo ese dato ya invalida de pleno derecho a la empresa como posible receptora de contratos públicos".

"Es más", continúa el concejal popular, "fue el mismo Pisarello el que puso en marcha un protocolo de contratación que prohibía contratar con empresas con sedes en paraísos fiscales, o que contravenían la legislación, o que se encuentran en situaciones como la de un concurso de acreedores, que implica la inviabilidad económica de los encargos que se te hacen".

"Lo primero que te piden cuando vas a contratar con la Administración es un certificado que demuestre que estás al corriente de pago con las administraciones públicas, con Hacienda y con la Seguridad Social. Y si no cumples ese primer requisito ya quedas descartado. Es evidente que Unipost no lo cumplía" continúa Ramírez.

"Con esas contrataciones, Ada Colau ha demostrado que ha vuelto a poner el Ayuntamiento al servicio del separatismo. Colau se acuesta siendo separatista y cuando se levanta ya no lo es, como ha demostrado con el tema del lazo amarillo. Quiero recordar que ya en 2015, Colau se hizo corresponsable del referéndum del 9-N, cuando leyó el manifiesto en la plaza San Jaime como portavoz del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. Y Unipost fue la empresa contratada por aquel entonces para hacerse cargo del 9-N".