Han querido la casualidad y los cálculos electorales del PSOE que hoy coincidan la jornada de reflexión y el aniversario del referéndum de independencia ilegal del 9 de noviembre de 2014. Aquel con el que Artur Mas dio por oficialmente inaugurado un procés que llevaba gestándose al menos desde 2012.
Con aquel referéndum, las autoridades catalanas arrancaron a caminar por el sendero de la deslealtad y la desobediencia. Un sendero que culminó en el referéndum del 1 de octubre de 2017, en la declaración de independencia del 27 de octubre del mismo año y en la actual atmósfera insurreccional que se vive hoy en Cataluña.
Una atmósfera insurreccional que podría cuajar este domingo, si se cumplen los temores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el boicoteo de las elecciones por parte de los CDR y los activistas de Tsunami Democràtic. Es decir, por parte de los seguidores de Carles Puigdemont y Quim Torra.
La CUP en el Congreso
Quizá no haya mayor prueba del proceso de radicalización en el que ha caído el separatismo en esta nueva fase del procés -la posterior a la sentencia del Tribunal Supremo-, que el gran resultado que los sondeos auguran a una CUP que podría lograr representación en el Congreso de los Diputados por primera vez en su historia.
Lo haría a costa de ERC y JxCAT, cuyo radicalismo es ya insuficiente para esa parte de su electorado que ve en los disturbios violentos de estas últimas semanas una vía más directa hacia la independencia que el tan deseado referéndum de autodeterminación.
No han sido pocos los analistas de la escena política catalana que, desde la trinchera del constitucionalismo, han advertido de que la frustración provocada por el fracaso del procés conduciría a la radicalización del separatismo y a la violencia, quizá incluso a la tentación del terrorismo.
El tiempo parece haberles dado la razón. A ellos y a la teoría de las ventanas rotas, esa que dice que los pequeños delitos que quedan sin castigo generan una ola de delitos cada vez de mayor intensidad propulsada por la percepción social de impunidad entre los infractores.
El delito original
Ese pequeño delito original, en el caso del procés, fue el mencionado referéndum de independencia del 9-N. Un referéndum que recibió el pomposo nombre de Proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña con el objetivo de evitar las consecuencias legales que su interpretación como un referéndum de secesión estricto por parte de los tribunales de Justicia podría haber acarreado para sus organizadores.
Hoy, cinco años después de ese primer referéndum de independencia organizado contra el Estado por parte de una administración regional del propio Estado, ya es posible preguntarse por el balance del procés.
Y ese balance arroja el saldo de una comunidad partida en dos, con la convivencia rota para varias generaciones y una cada vez mayor desconfianza de los catalanes castellanohablantes hacia unas administraciones, unos medios de comunicación, una fuerza policial y unas organizaciones civiles regionales que parecen trabajar con un único objetivo en mente: convertirles en extranjeros en su propio país.
Una confianza que se vería aún más dañada, si es que eso es posible, si mañana domingo grupos de radicales separatistas impiden el acceso a los colegios electorales a miles de votantes constitucionalistas. Un delito castigado por el artículo 146 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral con penas de prisión de seis meses a tres años o, en los casos más leves, con multa de doce a veinticuatro meses.
Sin jornada de reflexión
Pero lo cierto es que nadie, salvo los propios CDR y los responsables de Tsunami, sabe hoy a ciencia cierta si estos se disponen o no a boicotear las elecciones. Ambos grupos han avisado a sus seguidores de que todas las acciones programadas para este fin de semana serán comunicadas a través de sus canales de Telegram, Twitter e Instagram.
Es decir, comunicadas en tiempo real y sin aviso previo, con el obvio objetivo de evitar que los cuerpos policiales dispongan de capacidad de reacción.
Pero la gran preocupación de los Mossos d’Esquadra no es tanto la jornada de hoy, para la que Tsunami ha convocado más de doscientos actos en toda Cataluña que pretenden desobedecer la prohibición de celebrar actos de propaganda electoral durante el día de reflexión, como la de mañana. La jornada electoral.
Fuentes de seguridad consultadas por EL ESPAÑOL han confirmado que los CDR se han planteado la intención de ocupar decenas de colegios electorales en toda Cataluña, y especialmente los localizados en zonas donde se suele registrar tradicionalmente un mayor porcentaje de voto constitucionalista.
Fuentes de los CDR, de Tsunami y de Arran negaron con vehemencia esa información y la calificaron de "exagerada". Según afirman los radicales, no existe ningún tipo de plan para ocupar los colegios electorales catalanes este domingo.
Como el 1-O de 2017
El temor de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que han preparado un dispositivo de máximos para este fin de semana, es sin embargo la de que los actos "pacíficos" convocados para hoy sábado pudieran servir para ocupar los colegios electorales durante la noche, como ya hizo el separatismo en la madrugada del domingo 1 de octubre de 2017.
Para evitar esa ocupación, el dispositivo preparado por los Mossos d’Esquadra es el mismo que se diseñó, precisamente, para el referéndum del 1-O: destinar una pareja de mossos a cada colegio electoral para evitar que nadie, con la excepción del personal autorizado, acceda a los colegios hasta mañana.
A la vista de la escasa eficacia de dicho dispositivo durante el 1-O, es razonable pensar que todo dependerá de la presión que los CDR, los radicales de Arran y Tsunami Democràtic pretendan ejercer a lo largo del día de hoy.
De impedir posibles incidentes durante la jornada electoral se ocuparán los 17.000 mossos con los que cuenta la Generalidad catalana, todos ellos movilizados durante el fin de semana.
2.500 antidisturbios de la Policía Nacional, 2.000 de la Guardia Civil y los 4.700 agentes de ambos cuerpos que viven y trabajan en la comunidad estarán preparados para acudir en su apoyo, pero sólo si los Mossos lo solicitan. El dispositivo será dirigido por la Policía autonómica desde el centro de coordinación de mando (CECOR).