El proyecto de reforma del Estatuto vasco que prepara el PNV verá la luz este lunes, en plenas negociaciones de investidura. A las exigencias soberanistas que ya ha aireado Esquerra Republicana, se sumará la declaración de intenciones que a punto están de poner sobre la mesa los de Andoni Ortuzar.
A pesar de que ese texto viaje ya al Parlamento vasco, se le augura un largo viaje debido a las elecciones autonómicas de 2020. No obstante, el PNV ha repensado su Estatuto ideal durante algo más de un año y de esas líneas se desprenden las reclamaciones que hará a Pedro Sánchez su previsible socio. La reforma de los peneuvistas establece "Euskal Herria" como un sujeto político con "identidad nacional" y llama "nacionales vascos" a los ciudadanos. Además, propone el vaciamiento del Estado, que apenas mantendría competencias.
En septiembre de 2018, una comisión de cinco expertos -uno nombrado por cada partido- comenzó a trabajar en la reforma del Estatuto de Gernika -fechado en 1979-. EH Bildu y PNV llegaban de la mano, habiendo pactado unas bases previas, pero han terminado enfrentados debido a la "unilateralidad" exhibida por los de Arnaldo Otegi. En estas reuniones, que han finalizado esta semana, el PNV -empujado por el clima de la investidura- ha tratado de buscar el consenso de PSOE y Podemos. Pero los socialistas, igual que el PP y EH Bildu, emitirán su voto particular. Podemos, de momento, se guarda sus cartas.
El principal cambio en el Estatuto ansiado por el PNV se percibe ya en el primer artículo, que dice así: "La ciudadanía de los territorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, como parte integrante de Euskal Herria, en expresión de su identidad nacional y de su voluntad democrática se constituye en (Nombre) de acuerdo con la Constitución".
Se trata de una diferencia sustancial respecto al texto de Gernika. Aquí se emplea "Euskal Herria" como un sujeto político, mientras que en la norma vigente se trata de una mera traducción de "pueblo vasco". Ese "Nombre" se refiere al término que calificaría lo que ahora es la "Comunidad Autónoma Vasca (CAV)".
Por tanto, la nueva "Euskal Herria" incluida por el PNV en su Estatuto ya refiere la ansiada unión de las tres provincias vascas, Navarra y las tres regiones francesas: la patria prometida abertzale.
Otro cambio de gruesa importancia es la inclusión de la "identidad nacional" como sustituta de la "nacionalidad" que menciona la Constitución. Además, en el artículo 7 del nuevo texto, tal y como desveló VozPópuli, se especifica la condición de "nacionales vascos" que se otorgaría a la ciudadanía.
El derecho a decidir
La principal incógnita se encuentra en la disposición adicional segunda. El PNV se plantea incluir "el derecho a decidir pactado con el Estado". Un extremo que PP y PSOE rechazan y que Podemos todavía no ha valorado. Esta semana, en el Parlamento vasco, los de Ortuzar votaron -junto a EH Bildu- una resolución en ese sentido. No obstante, fuentes oficiales de Sabin Etxea, en conversación con este diario, prefieren no hacer declaraciones: "Esperaremos a que el texto sea público".
Con el objetivo de evitar el cepillado del Congreso y cargar de presión al Tribunal Constitucional -ahí está el precedente de Cataluña- el PNV busca permitir un referéndum no vinculante en el País Vasco sobre el Estatuto antes de que la norma se vote en la Cámara nacional. Esto alteraría el itinerario actual: Parlamento Vasco-Congreso-referéndum en Euskadi. Tal y como denuncia Jaime Ignacio del Burgo, experto nominado por el PP, "esa consulta previa permitiría a los nacionalistas decir que los tribunales y el poder legislativo van contra el pueblo vasco".
A partir del artículo 55 del proyecto, empieza la atribución de las competencias. El PNV propone que correspondan al País Vasco todas las que el Estado no se haya reservado expresamente. Eso, según denuncia Del Burgo, colisiona con el artículo 149 de la Constitución: "La competencia sobre las materias que no se haya asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado".
El PNV se asegura la "ejecución y legislación" de las políticas públicas. También establece el "principio de prevalencia", según el cual "el Derecho propio de Euskadi [...] es aplicable con preferencia a cualquier otro y sólo en su defecto será de aplicación supletoria el Derecho del Estado".
Todo esto se enmarcaría en el "concierto político", una reproducción del actual "concierto económico". Para cualquier tipo de conflicto, el PNV desea la implantación de una bilateralidad entre los órganos del País Vasco y los nacionales: cada uno aportaría el mismo número de miembros a la comisión. En último término, sería una "Junta Arbitral" la que resolvería. Un movimiento que pretende dejar en segundo plano al Tribunal Constitucional.