Eran otros tiempos. El 5 de diciembre de 1989 transcurría en el Congreso de los Diputados la sesión de investidura de Felipe González, que había ganado por mayoría absoluta las accidentadas elecciones del 29 de octubre de ese mismo año, cuando los diputados de Herri Batasuna (HB) Jon Idígoras, Itziar Aizpurúa y Ángel Alcalde decidieron prescindir de las dos fórmulas aprobadas por la Junta de Portavoces del Congreso –"sí, juro" y "sí, prometo"– para la adquisición de su condición plena de parlamentarios.
Lo hicieron en beneficio de una fórmula alternativa que, a la vista de lo ocurrido este martes en el Congreso de los Diputados, suena hoy hasta pacata: "Por imperativo legal, sí, prometo".
A Félix Pons Irazazábal, diputado del PSOE y presidente de la Cámara por aquel entonces, no le tembló el pulso. "Al no haber utilizado la fórmula reglamentaria, no han adquirido la condición plena de diputados. Les ruego abandonen el hemiciclo". Idígoras intentó protestar, pero Pons le negó la palabra. Idígoras lo intentó de nuevo, pero Pons se la negó por segunda vez.
Los tres diputados de HB abandonaron entonces sus escaños. Legalmente, conservaban su condición de parlamentarios, pero esta no iba a considerarse plena hasta que acataran la Constitución utilizando alguna de las fórmulas previstas por la Junta de Portavoces.
El fallo del TC de 1991
Una vez fuera de la Cámara, Idígoras ofreció una rueda de prensa. "El señor Pons, quizá mal aconsejado, ha tomado una decisión poco positiva. Ha adoptado una postura ridícula al hacer razón de Estado de la fórmula de acatamiento. ¿Hay que uniformar a todos los diputados que están en esta Cámara?", dijo el portavoz batasuno.
Luego, Idígoras anunció la presentación de un recurso de amparo frente al Tribunal Constitucional. También dijo que él y sus diputados volverían al Congreso cuando Iñaki Esnaola, el cuarto miembro de HB que había conseguido escaño ese año, se recuperara de sus heridas. Esnaola y su compañero Josu Muguruza habían sido tiroteados por dos pistoleros ultraderechistas en el reservado del hotel Alcalá de Madrid el 20 de noviembre de ese año. Esnaola sobrevivió a las heridas de bala, pero Muguruza no.
Treinta años después de la expulsión de HB del Congreso, la fórmula de juramento batasuno de 1989 –admitida como válida por el Tribunal Constitucional en 1991– suena casi respetuosa comparada con las utilizadas en la actualidad por los parlamentarios de ERC, JxCAT, la CUP, Unidas Podemos, Teruel Existe, PNV o Bildu.
De "circo" han llegado a calificar algunos periodistas lo ocurrido el martes en un Congreso de los Diputados en el que lo extravagante parece ser a día de hoy jurar o prometer la Constitución a secas.
Juramentos en euskera
Las fórmulas utilizadas este martes en el Congreso de los Diputados por los diputados nacionalistas, cantonalistas y populistas oscilaron entre lo surrealista, lo gratuito y lo guerracivilista. Se juró por las Trece Rosas, por el planeta, por España, por los derechos sociales, para que no haya una España desarrollada y otra vacía, por los presos políticos, por la constitución de la república catalana y por el regreso de los exiliados. Por prometer, se prometió hasta en euskera, algo que añade un nuevo quebradero de cabeza al problema de los juramentos imaginativos.
Según Mario Garcés, diputado del PP, el juramento utilizado por los diputados debe ser "audible, comprensible y ajustado a Derecho". Y el problema, como es obvio, se plantea en cuanto a la comprensibilidad del euskera. "En mi caso, no tengo problemas para comprender el gallego y el catalán, circunstancia esta que también parece que se da en la presidenta del Congreso. Ahora bien, reconozco que no sé euskera y, por ende, ignoro qué declaración se formuló por los diputados de Bildu".
Garcés sospecha que la presidenta del Congreso no sabe euskera. "Y en ese caso aceptó sin más una fórmula incomprensible, en cuyo caso estaría incurriendo en posible responsabilidad", añade.
Sin "reservas mentales"
Los diputados de los partidos del centro y de la derecha llegaron preparados para asistir a un espectáculo de juramentos anticonstitucionales. Pero la advertencia previa de la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo –"no caben juramentos con reservas mentales ni por supuesto verbales; que se atengan a las consecuencias los diputados que no lo hagan escrupulosamente, así como la Presidencia si no garantiza que eso sea así"– cayó en saco roto y la presidenta Meritxell Batet permitió que los diputados recitaran sin mayor impedimentos los juramentos que desearan.
Tras la ronda de proclamas, Inés Arrimadas (Ciudadanos) pidió la palabra para afirmar que "claramente, no se ha cumplido el Reglamento". "Se ha jurado o prometido el cargo con graves insultos a nuestra democracia. Aquí se ha dicho que España es una dictadura y que hay presos políticos. Eso es decir que los jueces son prevaricadores, que meten en la cárcel a la gente por sus ideas", dijo. Y añadió: "Usted no es sólo presidenta para los privilegios que le da ser segunda autoridad de España, usted es presidenta también para las obligaciones, y la primera es el respeto al decoro y a las instituciones".
PP y Vox han anunciado ya la presentación de sendos recursos de amparo frente a la Mesa del Parlamento y también frente al Tribunal Constitucional. El más contundente ha sido, sin embargo, Santiago Abascal, que se ha reservado la posibilidad de ejercer "las correspondientes acciones legales" por un presunto delito de prevaricación de Meritxell Batet y el resto de los miembros de la Mesa que permitieron los juramentos imaginativos.
De lo que no cabe duda es de que se seguirá hablando surante días de la responsabilidad de la presidenta del Congreso en la conversión del ritual del juramento en un guirigay de reclamaciones, promesas y reivindicaciones como mínimo dudosamente constitucionales.