Los presos del 'procés' esperan el tercer grado encubierto del Govern a espaldas del Supremo

El segundo grado concedido ayer miércoles a los presos del procés por las tres juntas de tratamiento penitenciario de las cárceles en las que estos cumplen condena puede ser el primer paso de una estrategia destinada a garantizar para los condenados un régimen de semilibertad sin interferencias por parte del Tribunal Supremo.

Según confirman fuentes de los Servicios Penitenciarios de la Generalidad a EL ESPAÑOL, la clasificación en segundo grado sería, de forma paradójica y dadas las circunstancias actuales, un camino más seguro hacia la libertad de los presos que el tercer grado.

La clave está en que el cambio de grado penitenciario da la última palabra al tribunal sentenciador. El probable recurso del Ministerio Público a un tercer grado que en la práctica es un régimen abierto de semilibertad habría terminado de esa manera en el Alto Tribunal, y seguramente anulado por éste. La clasificación en segundo grado, la más ajustada a derecho dadas las condenas y las circunstancias personales de los políticos presos, permite sin embargo que la decisión final recaiga, en principio, en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Hay que tener en cuenta que en Cataluña, y a diferencia de lo que ocurre en el resto de España, la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario no se interpreta como un cambio de grado, sino como una simple medida de tratamiento penal. De esta manera, una vez logrado el segundo grado, y a través de este artículo, los presos podrían disfrutar de un tercer grado encubierto.

Igual que Oriol Pujol

El segundo grado no permite a los presos disfrutar de permisos, aunque sí ofrece vías alternativas de acceso a ellos. La más evidente es la del mencionado artículo 100.2. En la práctica, este permite combinar la clasificación en segundo grado con algunas características del tercer grado con el objetivo de incorporar "progresivamente" a los presos al régimen abierto. Esta fue, por ejemplo, la estrategia utilizada por la Generalidad para garantizar la semilibertad de Oriol Pujol cuando una juez de Vigilancia Penitenciara anuló la concesión de su tercer grado.

Según explican fuentes de los Servicios Penitenciarios catalanes, "la Generalidad ha hecho un análisis de costes y beneficios políticos y ha optado por la prudencia". De cara a los medios de comunicación, sin embargo, el relato ha sido el de que la concesión del segundo grado en detrimento del tercero sólo ha sido posible tras "un intenso debate" en las juntas de tratamiento. Juntas que, al menos de forma oficial, han adoptado la decisión sin interferencias políticas y en base a criterios estrictamente técnicos: la larga duración de las condenas de los presos, su conducta en prisión, la carencia de antecedentes y el apoyo social y familiar del que gozan fuera de la prisión. 

"La normativa penitenciaria es muy flexible" afirman fuentes cercanas a las juntas de tratamiento de las tres prisiones implicadas, formadas por psicólogos, trabajadores sociales, juristas y un representante de la Generalidad. "Y aunque existen protocolos para todo, siempre hay recovecos. El elemento que distorsiona cualquier plan que pueda querer ejecutar la Generalidad es la capacidad que tienen la Fiscalía, los juzgados de Vigilancia Penitenciaria y el propio tribunal sentenciador –en este caso el Tribunal Supremo– para revocar las decisiones de la administración penitenciaria".

Oriol Junqueras manda

"Hay que tener en cuenta que en este caso es Oriol Junqueras quien manda", añaden en Servicios Penitenciarios, conscientes del enfrentamiento entre un JxCAT que habría preferido un tercer grado que obligara al Estado a poner en marcha su maquinaria para anularlo y una ERC que ha optado por ir poco a poco para llegar más lejos.

"A Junqueras no le interesa salir tan rápido a la calle en medio de su negociación con el PSOE. Porque es obvio que la negociación está desgastando internamente a ERC, y eso les obliga a ser cautelosos. La ventaja de Junqueras es que su abogada actual es una especialista en la negociación de terceros grados. Pero es obvio que la clasificación en segundo grado, y no en tercero, ha sido una decisión política".

El punto de fricción entre Junqueras y el resto de los condenados, y especialmente con los de JxCAT y los Jordis, es obvio. La concesión del segundo grado beneficia la estrategia personal y política del líder de ERC a medio y largo plazo, pero perjudica al resto de los condenados, que habrían preferido una vía de acceso más rápida, aunque más arriesgada, a los regímenes de semilibertad.

Junqueras, condenado a trece años de cárcel, juega sin embargo con plazos propios y con la vista puesta en la más que probable convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en Cataluña. Esas en las que su aura de mártir encarcelado pueden suponerle una ventaja competitiva evidente con respecto a Carles Puigdemont. 

Una Fiscalía menos beligerante

Prueba de que la estrategia triunfadora ha sido finalmente la que más beneficia los intereses de ERC es que la decisión de clasificar a los presos en segundo grado depende en última instancia de la Secretaría de Medidas Penales de la Generalidad, que está subordinada a la Consejería de Justicia autonómica, en manos de Ester Capella, de ERC. De ahí que JxCAT se haya mostrado especialmente decepcionada con la decisión, mientras que ERC la aceptaba mansamente con el argumento de que en ella han primado los criterios "técnicos".

De cara a su negociación con el PSOE, un tercer grado súbito habría sido muy mal recibido por los negociadores socialistas y encallado unas conversaciones que, a día de hoy, parecen marchar viento en popa para ambos partidos. 

"La principal variable política que ha influido en la decisión de las juntas de tratamiento han sido las elecciones autonómicas anticipadas", afirman las fuentes penitenciarias consultadas por EL ESPAÑOL. "Todos los presos menos Junqueras tendrán en breve la cuarta parte de la condena cumplida, y ahí podrán ya acceder a permisos, plantearse el 100.2 o incluso el tercer grado. Y con una Fiscalía probablemente menos beligerante frente a la concesión del tercer grado porque al menos durante unos meses se habrán cumplido los protocolos habituales".

"El resto de los presos va loco por salir a la calle de inmediato, pero aquí el que toma decisiones es Oriol Junqueras", aseguran las mismas fuentes. "Uno de los requisitos que se pueden saltar es el que exige la cuarta parte de la pena cumplida para otorgar beneficios penitenciarios. Pero a la mayoría les basta con esperar unos pocos meses, quizá semanas. Para los Jordis, por ejemplo, esperar a enero para disfrutar de permisos tampoco es tanto. Además, en breve les aplicarán el 100.2. Podrán salir a las 8:00 y volver por la tarde para cenar o incluso más tarde. Dependerá en cualquier caso del trabajo-trampa que les busquen para justificar la aplicación del 100.2".