Corría el arranque del mes de noviembre cuando, en plena campaña electoral, en el debate televisado, con los focos, el maquillaje, los atriles y las tarjetas repletas de notas, cuando el por entonces candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso hacer un guiño con respecto a Cataluña. Por aquel entonces se fraguaba una batalla encarnizada por el centro político respecto al secesionismo catalán, y Sánchez no quiso desperdiciar la oportunidad.
"Vamos a incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña, como ha ocurrido cuando gobernaba el PP", adujo el socialista. Quería enmarcar una imagen de dureza respecto al independentismo y jugó esa baza… hasta que pasaron dos meses y tuvo que negociar con ERC.
Porque en apenas 57 días, en menos de dos meses, el secretario general del PSOE ha cambiado radicalmente de opinión. Porque tal y como avanzó el diario Ara, el precio de la abstención de los republicanos en su investidura incluye que cualquier acuerdo alcanzado por la mesa de negociación bilateral entre el Gobierno y la Generalitat pase por diferentes consultas a la ciudadanía.
Ilustración: Tomás Serrano
Esto es: urnas. Además, tan sólo estarían convocados los ciudadanos catalanes, única y exclusivamente. Para el PSOE, en palabras del ministro de Fomento en funciones y secretario de organización, José Luis Ábalos, la idea es que “la población pueda participar” para “superar el conflicto político” que vive la comunidad autónoma.
Olvido de las medidas antisecesionismo
No es el único bandazo que ha protagonizado Sánchez. Durante la celebración del último consejo de ministros, se aprobó un nuevo paquete de medidas contra el secesionismo. Incluía, entre otras medidas, la implantación de un nuevo real decreto, conocido como decretazo digital que buscaba evitar una Administración digital catalana alternativa.
Esta especie de '155 digital' ideado para frenar a organizaciones independentistas como la app de Tsunami Democràtic enfadó a todos los grupos nacionalistas en noviembre, a apenas 10 días de la celebración de las elecciones. Pero tal como vino, se fue.
Entre las medidas del acuerdo que rubricaron este lunes el propio Sánchez con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se incluye una referente al Real Decreto-ley 14/2019. El PNV exige al Gobierno "modificar, con el acuerdo de EAJ-PNV, el contenido de los conocidos como decretos digitales de manera que sean resueltas las discrepancias sobre los mismos manifestadas en el ámbito parlamentario". Y así se firmó.
Un 2020 movido
De momento, 2020 arranca con el debate de investidura del candidato designado por el Rey, Pedro Sánchez, fijado para los días 4, 5 y 7. Esto implica que el debate parlamentario esté rodeado de dos fechas con alta carga simbólica, el día de Reyes —y sus celebraciones previas, como las cabalgatas infantiles— y la Pascua Militar.
También, en los momentos previos, se conocerá la decisión de la Junta Electoral Central, que se reúne el 3 de enero, sobre las posibles inhabilitaciones inmediatas de Quim Torra como parlamentario autonómico y de Oriol Junqueras como eurodiputado. Esto puede alterar el ambiente, pero todas las fuentes consultadas dan por atada y bien atada la investidura, a expensas de ERC.
Lo cierto es que aún faltan por conocerse flecos de las negociaciones entre ERC y PSOE. Tras hacerse público el escrito de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras —un “gesto político” imprescindible para que los independentistas aceptaran siquiera continuar negociando —, finalmente y tras la celebración el día 2 de un Consell Nacional que valide estas tesis, los republicanos, hagan que el socialista sea el nuevo presidente del Gobierno en la segunda votación. Será por mayoría simple, cuando recaude más síes que noes.