Algunas de las medidas económicas más controvertidas pactadas entre PSOE y Podemos de cara la configuración de un nuevo Ejecutivo de coalición, como son su propuesta de regulación de los precios “abusivos” de los alquileres o en materia de Sanidad, podrían tener poco recorrido. Se trata de asuntos que competen a las Comunidades Autónomas y que pueden limitar las expectativas de reforma del Gobierno central.
Los expertos consultados explican que todavía es pronto para saber cómo se concretarán las medidas y el impacto que tendrán, pero aseguran que la “descentralización” del Estado, con las competencias transferidas tanto a nivel autonómico como municipal, pueden minimizar los efectos de dichas medidas.
Uno de los ejemplos que exponen es la Ley de reforma de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista (2 de marzo de 2010) que, además de cumplir con las directrices europeas para la libertad de empresa (Directiva 2006/123/CE), respeta las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas en materia de comercio interior.
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Eso genera un mercado interior muy desigual, con autonomías, como Cataluña, con una restricción notable de horarios para las grandes superficies, y otras, como Madrid, con liberalización de horarios.
En la misma línea, el nuevo ministerio de Consumo que asumiría Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, tendrá poco margen de actuación porque las competencias están transferidas a las regiones.
Recursos al Constitucional
Una de las propuestas estrella que abandera la formación de Pablo Iglesias, como es la regulación del precio del alquiler en “determinadas zonas de mercado tensionado”, puede caer en saco roto, ya que se trata de uno de los ámbitos de actuación (“Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”) que, según el artículo 148 de la Constitución, asumen las autonomías.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las primeras dirigentes en criticar algunas de las medidas propuestas por el nuevo Ejecutivo, como es la restricción de elección de centro sanitario, la colaboración público-privada del sistema sanitario o la regulación de los alquileres. En este sentido, ha anunciado que defenderán los intereses de la autonomía en todas las instancias y de todas las maneras posibles, desde tribunales a parlamentos.
Además de Madrid, las principales regiones que obrarán como contrapoder al Gobierno de Pedro Sánchez son las que mantienen gobiernos de PP y Cs: Murcia (coalición PP y Cs); Castilla-León (PP y Cs), Andalucía (PP y Cs) y Galicia (PP).
A nivel comunitario, la primera medida que podría recibir el apercibimiento de la Unión Europea son los Presupuestos Generales del Estado en caso de que resulten poco realistas para cumplir con los objetivos de déficit.
Las últimas cuentas públicas aprobadas se remontan a 2018, con el Gobierno de Mariano Rajoy. En la pasada legislatura, el PSOE no logró el voto favorable de ERC para aprobar unos nuevos presupuestos. Pero las propuestas de fiscalidad también podrían ser una fuente de conflictos con la Comisión Europea.
De momento, el acuerdo entre PSOE y Podemos en materia fiscal se limita a hablar de controlar a la “grandes fortunas” para que “contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo”, o a la “ revisión de la fiscalidad de los alimentos ultra procesados o ricos en grasas y azúcares”.
Las recientes advertencias de la OCDE
El último informe de la OCDE de noviembre de 2018, titulado Launch of the 2018 OECD Economic Survey of Spain, advierte de que la “disparidad en la regulación entre Comunidades Autónomas sigue obstaculizando la consecución de un auténtico mercado único” y “contribuye a las diferencias de productividad entre regiones”.
La fragmentación normativa en España, que durante mucho tiempo se ha señalado como uno de los principales escollos para la igualdad entre regiones podría ser ahora, paradójicamente, una forma de contener las medidas más intervencionistas del acuerdo entre PSOE y Podemos.
Con las reglas de juego fijadas por Bruselas a través de sus directivas, y la facultad de Gobiernos regionales y ayuntamientos en materia de Sanidad, vivienda o formación, pueden dejar poco margen al nuevo Gobierno.