La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno de coalición, María Jesús Montero, ha insistido en que se verán obligados a acudir a los tribunales si el Ejecutivo de Murcia, presidido por Fernando López Miras (PP) en coalición con Ciudadanos, no cumple con el requerimiento que ya les han hecho llegar para retirar el denominado pin parental que Montero ha calificado como "censura educativa".
"La educación integral es un derecho de los menores. Este tipo de censura del pin parental podría llevar a situaciones tan ridículas como en que Naturaleza no se pueda enseñar el cuerpo humano", ha remarcado en su primera entrevista como portavoz en La Sexta.
Asimismo, Montero ha manifestado que no quiere "un país en el que las comunidades autónomas estén presentando guerra al Gobierno de España. Tienen que abandonar la estrategia de confrontación".
Preguntada por la conformación del primer Gobierno de coalición de la actual democracia, la portavoz ha manifestado que entre los miembros del Ejecutivo de PSOE y Podemos hay "una total sintonía" aunque reconoce "diferentes sensibilidades", pero que tienen una hoja de ruta que están "desando poner en marcha".
Sobre el controvertido nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal del Estado, Montero no ha dudado en defender a su compañera asegurando que "ha sido una ministra que siempre ha mostrado un absoluto respeto a la autonomía de la Fiscalía". A continuación, ha criticado al Casado porque, a su juicio, "el PP está poniendo en cuestión la propia ley" diciendo a los jueces lo que tienen que decidir.
En la votación que se ha llevado a cabo esta semana, hasta siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han puesto en duda la idoneidad de Delgado para ejercer dicho cargo ya que hasta hace solo unos días ocupaba el cargo de ministra de Justicia y era diputada del PSOE.
"El CGPJ no siempre vota con unanimidad, pero se ha producido un informe favorable sobre el aval del nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado", ha señalado.
Con ERC se acordó "la gobernabilidad"
Otro reto que tendrá el reciente Ejecutivo de coalición será la aprobación de los Presupuestos Generales para lo que necesitará el apoyo indispensable de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). En este sentido, la portavoz ha recordado que con los republicanos se acordó "la gobernabilidad y en eso entrarían los Presupuestos".
Además, ha asegurado que hay materias en las que el Ejecutivo "nunca" se va a poner de acuerdo con los independentistas y ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se van a reunir.
"Nos encontramos en las antípodas, nos sentamos en una mesa de diálogo en la que cada uno mantiene posturas radicalmente distintas. Si no tuviéramos decisiones encontradas no sería necesario dialogar", ha explicado Montero.
En este sentido, ha destacado que los líderes de ERC "conocen bien" la posición del Gobierno respecto a Cataluña. "El camino del 1-O les condujo a las situación en la que nos encontramos ahora y ya saben la consecuencia de ese camino", ha afirmado.
La portavoz del Gobierno ha añadido que tienen que encontrar "otras vías", dialogando "dentro del ordenamiento jurídico" y con un "respeto absoluto a la integridad territorial de España".
También este domingo, preguntada en el diario El País por las polémicas palabras de Oriol Junqueras, que aseguró que "volverían a repetir" la consulta ilegal de 2017, Montero asegura que ahora es tiempo de explorar el diálogo y que la repetición de lo ocurrido no tendría consecuencias diferentes. "Pensar repetir el 1 de octubre pueda tener consecuencias distintas de las que tuvo es irreal. Ese camino ya sabemos hacia donde conduce, ahora debemos explorar desde el diálogo y el respeto al ordenamiento jurídico otras soluciones".
"Yo creo que todos los acontecimientos en Cataluña han sido también muy duros para el sistema judicial. La forma de abordar el problema del 'procés' le pasó una patata caliente a la justicia", añade.
Por otro lado, cuestionada por si este Gobierno va derogar la reforma laboral, que aprobó Mariano Rajoy, como prometió durante la campaña electoral, la ministra de Hacienda ha señalado que "se van a centrar en los aspectos más lesivos de esta". "La derogación de la posibilidad de despedir a una persona de baja es una de las prioridades de este Gobierno, pero primero tiene que haber diálogo social entre empresarios y sindicatos", ha sentenciado.