La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, realiza este viernes su primer viaje bilateral como jefa de la diplomacia española, que tendrá como destino Marruecos, una forma de subrayar el carácter estratégico de la relación.
No obstante, en esta ocasión el viaje se producirá apenas unas horas después de que la Cámara Baja del Parlamento marroquí haya aprobado dos leyes de delimitación marítima por las que el país fija su mar territorial (12 millas) y declara su Zona Económica Exclusiva (ZEE, 200 millas, solapándose con aguas españolas en Canarias), así que el asunto estará sobre la mesa en las conversaciones.
Después, viajará a Las Palmas de Gran Canaria, donde el sábado verá al presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, para trasladarle el contenido de las reuniones, según ha avanzado ella misma en Twitter. Finalmente no irá a Argelia, como había previsto inicialmente, por problemas de agenda, según fuentes de su Departamento.
En Rabat, González Laya se reunirá con el primer ministro, Salah Eddine el Otmani, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Naser Burita. De hecho, el viaje es una forma de entablar una contacto personal con su homólogo de un país que para España es clave no solo por su control de los flujos migratorios, sino también en términos de seguridad y de relación económica.
Dado que se trata de una visita oficial, lo primero que hará la ministra en Rabat será visitar el Mausoleo Mohamed V, donde depositará coronas de laurel ante las tumbas de Mohamed V y Hassan II y firmará en libro de oro.
También aprovechará para inaugurar la nueva sede del Consulado de España en Rabat, han informado a Europa Press fuentes de Exteriores y se reunirá con representantes de las Cámaras de Comercio españolas de Tánger y Casablanca y los Clubes de Empresarios Españoles en Marruecos.
Respecto a las leyes marroquíes de delimitación marítima, González ha preparado el terreno subrayando que España y Marruecos están de acuerdo en que la delimitación de los espacios marítimos entre los dos países -que está pendiente en todos los casos- "no podrá hacerse de manera unilateral sino por acuerdo mutuo entre las partes y de conformidad con la legislación internacional en vigor".
"Tal y como hemos conversado con Marruecos en contactos estas últimas semanas no habrá política de hechos consumados ni acciones unilaterales", dijo el jueves a través de Twitter. Fuentes de Exteriores insisten en que Marruecos asume que la delimitación debe hacerse de común acuerdo, conforme al Derecho Internacional, y valoran que las leyes no tracen una delimitación de las zonas.
Cuestión distinta serán los principios sobre los que se negociará ese límite marítimo, porque Marruecos considera que el criterio de la mediana entre dos costas no es válido cuando se trata de islas con menos kilómetros de costa.
Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, y el rey Mohamed VI.
Aguas del Sáhara occidental
Además, está el hecho de que las leyes incluyen las aguas frente al Sáhara occidental, que Marruecos considera sus provincias del sur, espacio de su soberanía, pero que, para la ONU, consta como territorio pendiente de descolonizar.
De hecho, medios marroquíes han justificado la aprobación de la ley sobre el mar territorial en que la actual data de 1973 y "no tenía en cuenta la recuperación del Sáhara en 1975".
"La delimitación de los espacios marítimos nacionales es un asunto interno y un acto de soberanía que tiene su fundamento en el Derecho Internacional", dijo el ministro Burita esta miércoles en el Parlamento, según recogió la agencia de noticias marroquí MAP.
Marruecos afirma que no busca imponer
En cuanto al impacto en España, Burita también dijo que "no busca imponer unilateralmente una política de hechos consumados" y agregó que "velará por sus derechos, respetará los compromisos, seguirá abierto a las posiciones nacionales de los países vecinos amigos y sus derechos legítimos".
Según el ministro, tras la aprobación de las leyes, la delimitación "podría estar sujeta a negociaciones entre el Reino y los estados con costas limítrofes, particularmente España", país al que describió como "un socio estratégico vinculado a Marruecos por fuertes relaciones políticas, económicas e históricas".
Fuentes diplomáticas españolas han explicado que la delimitación de espacios marítimos se rige por el Derecho Internacional, fundamentalmente por la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982, que regula cómo debe hacerse cuando las costas de dos Estados sean adyacentes o se hallen situadas frente a frente.
España tiene fronteras marítimas con Portugal, Francia, Italia, Marruecos y Argelia, la mayor parte de ellas sin delimitar -en el caso de Marruecos, todas-.
El Gobierno español entiende que Marruecos está inmerso en un proceso de actualización de sus leyes internas sobre delimitación de espacios marítimos, tal como dijo Burita en diciembre, cuando las leyes fueron aprobadas en Comisión Parlamentaria. Aquel primer paso motivó una reacción del Gobierno español, que no conocía los textos, y recordó públicamente que era necesario un acuerdo. Marruecos paralizó entonces el trámite parlamentario, pero esta semana, justo en vísperas del viaje de González, lo ha reactivado.
Zee y plataforma continental
Además de la ZEE, que supone derechos de soberanía para exploración y administración de los recursos naturales de las aguas, está la plataforma continental, que es la prolongación natural del continente, es decir, lo que otorga el derecho a explotar el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas, hasta un límite de 200 millas.
Una vez declarada, un país puede pedir a la ONU ampliar su plataforma continental hasta las 350 millas. Es lo que hizo España en 2014, pedir una ampliación hacia el oeste y el sur de Canarias hasta las 350 millas. Se trata de una zona en la que se han encontrado importantes yacimientos minerales a la que Marruecos, incorporando las aguas del Sáhara Occidental, también puede aspirar.
La petición se presentó en 2014 y aún puede tardar años en resolverse. Sin embargo, en ella, el Gobierno ya daba por hecho que, aun con el visto bueno de la Comisión especializada, es necesario llegar a un acuerdo de delimitación con los países fronterizos.